Los parlamentarios venezolanos, mayoritariamente opositores, perdieron ayer su inmunidad por un fallo del Tribunal Supremo, que autorizó al presidente Nicolás Maduro a iniciar su enjuiciamiento, incluso por "delitos militares y terrorismo". La sentencia del Supremo, tribunal obediente a los deseos del gobierno chavista de Maduro, es un nuevo avance del poder chavista sobre la única institución politica que no controla. Ahora ha llegado al extremo de habilitar el arresto de los legisladores, un extremo desconocido en las democracias de todo el continente. En tanto, la OEA debate en Washington el caso venezolano. El fallo de ayer seguramente reforzará los argumentos de las 18 naciones americanas que reclaman una reacción internacional ante el bloqueo del sistema democrático que se verifica en Venezuela.
El detonante de la sentencia fue precisamente un acuerdo aprobado el 21 de marzo por la oposición que pidió a la OEA convocar al Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Justamente, esa instancia de la OEA se reunió ayer en Washington a solicitud de un amplio grupo de países —incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México, entre un total de 18— para discutir la profunda crisis política venezolana, la falta de libertades y la suspensión de hecho de las elecciones desde hace casi dos años.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que los congresistas carecen de inmunidad por "estar en desacato", según un fallo previo que anuló el acuerdo legislativo sobre la OEA a pedido de la minoritaria bancada chavista. "La inmunidad parlamentaria solo ampara los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)", indica la sentencia. A inicios de 2016, la Corte declaró "en desacato" a la Asamblea por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados, acusados por el chavismo de presunto fraude electoral. Pero la Asamblea subsanó esa falta y retiró las bancas a los tres diputados. Pese a ello, el TSJ sigue invocando como causal de su sentencia esa situación, ya inexistente.
Con esta sentencia, el TSJ, que es abiertamente oficialista, ha anulado todas las decisiones de la Cámara, con el claro propósito de desconocerla y anularla. Ahora abrió el camino a el arresto de los diputados, una aberración que no registra antecedentes en todo el continente americano. "El gobierno quiere meterle miedo a los diputados con que nos va a meter presos. Irá a meter presos a 30 millones de venezolanos que quieren que el país cambie, que quieren votar", desafió Stalin González, jefe de la bancada opositora.
Pero incluso el TSJ fue más lejos al "ordenar" a Maduro tomar "las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción", a propósito del acuerdo legislativo sobre la OEA. Y en el marco del estado de excepción, vigente en Venezuela desde 2016, y debido al presunto "desacato", habilitó a Maduro para que "garantice la estabilidad democrática", apoyado en las leyes sobre "delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y el código de justicia militar".
"El TSJ le está dando al presidente un pase para que tome medidas contra los diputados. La más grave sería abrirles un juicio que podría ser militar", comentó el constitucionalista Pedro Afonso Del Pino.
Debate en la OEA
Una vez más, el TSJ se alineó con el gobierno al considerar que el pedido del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de sancionar a Venezuela, va "en detrimento de los principios democráticos y de igualdad" del organismo. Lo que no explican ni el TSJ ni el Ejecutivo es por qué Venezuela no acata la aplicación de los procedimientos reglamentarios de la OEA, que Caracas ha aceptado desde el momento que es país miembro.
En Washington, en tanto avanzó la deliberación de la OEA que podría terminar con la suspensión de Venezuela. Con un demoledor informe, Almagro planteó al Consejo Permanente suspender a Venezuela de la OEA si no realiza elecciones generales en breve. Venezuela no conoce los comicios libres desde que en diciembre de 2015 la oposición ganó con holgura las elecciones parlamentarias nacionales. Desde entonces se han visto suspendidas las elecciones a gobernadores y un referendo contra Maduro convocado por la oposición.
Para Almagro, el gobierno venezolano "viola con impunidad los derechos de sus nacionales, mantiene presos políticos sólo por el hecho de disentir, tortura, roba, corrompe, trafica drogas y mantiene a su población sometida a la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir".
"A mí no me quita el sueño ni me perturban un segundo las estupideces de Almagro para mí es un payaso, una basura sideral", comentó Maduro el lunes. Ese mismo día, ante la OEA en Washington, la canciller Delcy Rodríguez cubría de insultos a Almagro. Y ayer el chavismo realizó una "marcha anti-intervencionista" en Caracas, que llegó a las inmediaciones de la Asamblea, donde la oposición sesionaba. Pero difícilmente los insultos contra Almagro y el fallo del TSJ frenen la resolución de la OEA, todo lo contrario.
Para Cecilia Sosa, ex presidenta de la extinta Corte Suprema que precedió al TSJ, este "se ha puesto por encima de la Constitución", pues el fuero parlamentario solo puede ser removido por el propio Legislativo tras solicitud de la Corte. "Le está ordenando al Sebin (los servicios de inteligencia del chavismo) que detenga a los diputados con un efecto selectivo o masivo. Con sus decisiones, el TSJ ha logrado su objetivo de paralizar la Asamblea, generando una ruptura del orden constitucional", declaró la jurista.
en la mira. El titular de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges.
