En un resultado esperado, el Senado brasileño aprobó por amplia mayoría someter a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio de destitución, decisión que la deja en la antesala de perder su mandato y de segar un extenso ciclo de la izquierda al frente del mayor país latinoamericano. En una sesión que duró más de 15 horas y terminó en la madrugada de ayer, la acusación de que la primera mujer en presidir Brasil violó la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso recibió un fuerte apoyo de 59 votos a favor y 21 en contra. Rousseff quedó ahora a una sola votación de perder el poder cuando aún le restan más de dos años de mandato. Suspendida desde el 12 de mayo, responsabilizada por la feroz crisis económica que golpea a Brasil y con su partido ametrallado por acusaciones de corrupción, ya casi no tiene margen, de acuerdo con la lectura de propios y ajenos.
El holgado resultado preanuncia un escenario difícil en la etapa final del juicio, prevista para comenzar el 25 de agosto, cuatro días después del cierre de los Juegos Olímpicos de Río-2016, y que debería durar cinco días. "Demuestra una expresiva mayoría e indica que en este proceso tan discutido en el Senado ya hay una posición definida. Es muy difícil que haya algún hecho que pueda cambiar esto", dijo el senador Romero Jucá, pilar del gobierno interino que sucedió a Rousseff, liderado por su vicepresidente Michel Temer. El heterogéneo arco opositor del Congreso que articuló el impeachment logró 4 votos más que cuando el proceso fue admitido para ser analizado, y 5 más que la mayoría especial de dos tercios (54) necesarios para la destitución definitiva al final del juicio político. Jucá, de la fuerza de centroderecha PMDB que conduce Temer, convertido en enemigo acérrimo de Rousseff tras saltar a la oposición, aseguró que la presidenta perderá su cargo entre el 28 y el 29 de agosto.
En el Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, una leyenda de la izquierda latinoamericana que hoy es asediado por la Justicia en distintas causas de corrupción, apenas rescataban que el juego no terminó. "La posición definitiva de cada uno se va a consolidar la semana anterior a la votación. Hasta ese momento continuaremos luchando. No vamos a desistir", dijo el senador Humberto Costa, líder del PT en la Cámara alta. El partido de la suspendida presidenta presentó ayer una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para intentar frenar el controvertido proceso de destitución. La denuncia presentada entre otros por tres diputados del izquierdista PT pide medidas de protección para Rousseff ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculada a la OEA, por la presunta violación de sus derechos.
Ni uno ni otro. Rousseff "es culpable por acción u omisión", resumió durante la sesión Miguel Reale, uno de los juristas que suscribió el pedido de impeachment y que representó la parte acusadora. La defensa, en manos del ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, pidió la absolución de la presidenta y cuestionó el potencial castigo de la pérdida del mandato: "Un presidente de la república solo puede ser separado de su cargo si hay un atentado contra la Constitución. Debe ser un crimen mayor". No está decidido si Dilma asiste al día de la sentencia para defenderse en primera persona.
Rousseff, una ex guerrillera marxista de 68 años reelegida en 2014 para un segundo mandato, salió del Palacio de Planalto con niveles mínimos de popularidad y enfrentada con un Congreso que le frenó un ajuste fiscal con el que esperaba reencaminar la economía, que se encamina a su primer bienio recesivo desde los años 30. Denuncia ser víctima de un golpe articulado por Temer, también muy impopular pero con apoyo parlamentario, y si es sentenciada quedará inhabilitada para postularse o ejercer cargos públicos por ocho años. "Cuando la sacaron perdió su fuerza. No tiene discurso, no tiene carisma, no tiene habilidades de bastidores (...). La gente no quiere a Temer, pero menos la quiere a ella", condensó el analista político Everaldo Morales.
En tanto, Temer, de 75 años, busca asegurarse la presidencia hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando termina el mandato de Rousseff. Llamado "presidente en ejercicio o interino", pidió acelerar el impeachment porque la gente "necesita saber quién es el presidente" y planea ir a la cumbre del G-20 en China en septiembre liberado de adjetivos.
Vacaciones. El gobierno de Rousseff se astilló rápidamente por la recesión y las acusaciones de corrupción, que sobre todo desgastaron la figura de Lula, talismán del PT. Recluida en la residencia presidencial, prepara la publicación de una carta donde pedirá apoyo para convocar a un plebiscito para adelantar las elecciones. Si pierde el poder, se convertirá en el segundo presidente en caer a manos del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor de Mello, que votó por destituirla. Dilma planea también realizar un largo viaje de alrededor de 8 meses por América latina y Europa si el Senado decide finalmente su destitución.
