El mundo se vio conmocionado por las crudas imágenes que llegaron hace unas semanas desde El Salvador, donde el presidente de derecha Nayib Bukele inauguró una enorme cárcel para alojar a 40 mil delincuentes. Casi todos, integrantes de las "maras" las violentas bandas que dominaban las ciudades de El Salvador. Un extenso reportaje realizado por la BBC en el país da cuenta de cómo ha cambiado la vida de los salvadoreños bajo la nueva política de seguridad del presidente salvadoreño. La recuperación de la paz y tranquilidad es lo más destacado por los salvadoreños. Bukele impuso en El Salvador un régimen de estado de emergencia permanente, que permite arrestar personas sin orden judicial.
Es jueves en la tarde y dos equipos de adolescentes del municipio de Soyapango, en San Salvador, juegan a fútbol. Podría ser una escena común, ya que ambos grupos viven en dos barrios de la misma ciudad. Sin embargo, es la primera vez que ocurre en décadas. El motivo de su alejamiento eran las fronteras invisibles que las pandillas de El Salvador impusieron históricamente en sus territorios y cuyos límites, sabían los vecinos de cada lugar, no podían cruzar para no entrar en zona contraria.
Jerrica, entrenadora de la escuela de fútbol en la colonia Credisa, donde la tristemente famosa Mara Salvatrucha (MS-13) sembraba el terror, visita con su equipo el barrio de San José, a escasos 12 kilómetros de distancia y controlado antes por el Barrio 18, otra banda criminal. No puede ocultar su entusiasmo. "No veníamos aquí desde hace más de 20 años, es como si nos separara un mundo. Así que los muchachos, que tienen 16 o 17, es la primera vez en su vida que llegan acá a jugar tranquilamente. Estaban tan emocionados que dejaron de ir a estudiar para venir a conocer", cuenta entre risas.
Ambas pandillas, cuyo origen se remonta a la migración de salvadoreños que huyeron de la guerra civil a ciudades estadounidenses como Los Angeles en la década de los 80, acabaron siendo rivales y enfrentándose con extrema violencia antes de que sus miembros fueran extraditados de vuelta a El Salvador. Aquí se encontraron con un país pobre y devastado por la guerra interna, lo que se convirtió en un caldo de cultivo perfecto para reclutar jóvenes y aumentar su poder mediante el control casi absoluto de territorios. Los gobiernos salvadoreños intentaron combatirlas con negociaciones y estrategias de "mano dura", pero no funcionaron.
La tasa de homicidios bajó de 104 cada 100 mil habitantes en 2015 a sólo 7,8 en 2022. La política de Bukele funcionó La tasa de homicidios bajó de 104 cada 100 mil habitantes en 2015 a sólo 7,8 en 2022. La política de Bukele funcionó
Situaciones como la vivida en la cancha de fútbol de Credisa, absolutamente impensables hasta hace poco en la vida del país, son cada vez más habituales y se atribuyen a un factor muy concreto: la "guerra" contra las maras que el presidente Nayib Bukele emprendió a través de un régimen de excepción que acaba de cumplir un año de vigencia. El origen de su declaración se remonta a marzo de 2022, cuando el país sufrió 76 asesinatos en solo 48 horas. Según investigaciones de medios de comunicación como El Faro, la ola de homicidios fue producto de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno y la mara MS-13. EEUU apuntó a este diálogo en una reciente acusación contra líderes de la pandilla, pero el Ejecutivo salvadoreño siempre ha negado haber llevado a cabo ningún tipo de negociación.
Tras 12 meses de régimen de excepción en los que quedaron suspendidos el derecho a la privacidad de las comunicaciones y las garantías al debido proceso, como el requisito de que cualquier detenido sea presentado ante el juez en las 72 horas posteriores a su arresto, al menos 65.000 personas fueron detenidas. Con una población de 6,3 millones de personas, estos arrestos masivos convirtieron a El Salvador en el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo. Tanto, que el gobierno construyó en tiempo récord una "megacárcel" destinada a albergar a 40.000 reos en condiciones de extrema dureza y criticadas por organismos de derechos humanos y la ONU.
"Solo hay dos caminos para un pandillero: la cárcel o la muerte, no hay otro", anunció Bukele en abril de 2022 poco después de iniciar el régimen de excepción. "Vamos y los sacamos de donde estén proteste quien proteste, se enoje o no se enoje la comunidad internacional . Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una fuerza armada, armada hasta los dientes, no han visto la fuerza armada que van a enfrentar de ahora en adelante", advirtió hace un año.
En este año, el gobierno recibió también un aluvión de quejas: organismos nacionales e internacionales documentaron miles de denuncias por detenciones arbitrarias, decenas de muertes y graves abusos en las cárceles o procesos judiciales sin garantías básicas.
Sin embargo, hablar de vulneraciones de derechos humanos parece secundario para los salvadoreños, quienes se centran en destacar la evidente mejoría en la seguridad de un país que llegó a ser el más violento del mundo y que, tras alcanzar una tasa de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, cerró 2022 con apenas 7,8. "Este lugar no era nada seguro hasta que el presidente hizo eso. Creo que el régimen fue la mejor decisión que se pudo tomar y que está siendo el mejor presidente que ha habido", afirma sin titubear Dennise, una joven vecina del barrio de La Campanera a las afueras de la capital, San Salvador.
En las calles de las ocho comunidades y barrios que la BBC visitó en El Salvador se percibe tanto esa renovada seguridad como el apoyo mayoritario al presidente Bukele como líder de la llamada "guerra contra las pandillas" y a sus resultados. El mandatario, que se ha convertido en una figura mediática internacional desde que llegó al poder en 2019 y ahora es un modelo de las políticas de "mano dura" contra la delincuencia, cuenta con un aplastante 92% de opinión favorable, según una encuesta de CID Gallup de enero. "En este momento, las estructuras de las pandillas están prácticamente desaparecidas en los territorios. Lo que ha quedado es un remanente muy poco significativo que permanece escondido en los barrios, y otros que han migrado a zonas rurales", le comenta a BBC Mundo Marvin Reyes, representante del sindicato Movimiento de los Trabajadores de la Policía.
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Los pandilleros fueron concentrados en una "megacárcel". Las denuncias de los organismos de DDHH se suman, pero los salvadoreños agradecen la normalidad recuperada en sus barrios.
Simbólicamente, las maras no pueden verse ya ni en las paredes y fachadas, donde antes había grandes grafitis con sus letras representativas que lucían desafiantes como muestra de poder y control territorial. Hoy son casi imposibles de encontrar tras ser tapados con pintura. Pese a la mejoría, los salvadoreños reconocen una incertidumbre ante lo que pueda pasar. Aún tienen muy reciente cuando los informantes de las maras tenían oídos en todos lados, por lo que rara vez se atreven a mencionar en alto la palabra "pandilleros", sino que hablan de "ellos", "los muchachos", "los bichos". Es este temor el que explica también que muchos prefieran no dar su nombre ni dejarse fotografiar por periodistas. Hasta hace poco jamás habrían accedido a hablar con la prensa sobre las pandillas. "Nos acostumbramos a ver, oír y callar. Así es como se vivía en medio de tanta delincuencia", resume Carmen, habitante desde hace 24 años de La Campanera.
Este barrio es reconocido como uno de los más peligrosos del país y bastión de la mara Barrio 18. "Aquí nadie podía decir que vivía en La Campanera porque no le daban empleo, así que ponías que vivías en otro lugar. Pero eso empezó a cambiar", cuenta la joven. Los vecinos tienen recuerdos inborrables de las balaceras y de las pisadas de los pandilleros que corrían sobre los techos de sus casas. El barrio está formado por pequeñas viviendas en largos pasajes cuesta abajo que van a dar a una montaña por la que los delincuentes huían cuando las autoridades llegaban a la zona.
En la parte más baja de uno de estos pasajes es donde Sonia vive junto a su familia. Cuenta que todos sus vecinos de las casas más abajo se fueron, bien porque tenían miedo o porque fueron directamente amenazados por las pandillas, que acabaron quedándose con muchas de esas viviendas. Muchos huyeron después de que en una de esas casas mataran a un policía. Aún pueden verse muchas de esas viviendas abandonadas, prácticamente destruidas, y que quedan como testigo del horror de las pandillas.
Algunas de estas viviendas están siendo recuperadas por sus dueños o por el gobierno, que las vende a un precio mucho más bajo que el del mercado a personas que están apostando por empezar una nueva vida en La Campanera. Es el caso de Denisse y su padre. "Jamás nos imaginábamos que íbamos a vivir aquí, porque este lugar era famoso por no ser seguro. Pero ya sabíamos que ya no había aquí ese tipo de personas, así que vinimos sin temor", cuenta esta joven de 18 años que llegó hace poco más de una semana al barrio tras comprar su casa por menos de 10.000 dólares. "Está barata", dice.
Sonia, por su parte, se muestra optimista y dice estar pendiente de que la vivienda abandonada junto a la suya se ponga en venta, ya que quiere ampliar la propiedad. "Ahora mis niños pueden salir a jugar a la calle, son las 10 de la noche y seguimos afuera porque hasta una lámpara pusieron en la calle. Antes, como no podía entrar nadie a ponerla, todo esto era oscuro", dice señalando al final del pasaje. Comunidades como La Campanera se ven ahora repletas de militares armados que son identificados por la mayoría de vecinos como símbolo de seguridad.
