Recién reelecta, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta un difícil inicio de mandato debido al escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, considerado el mayor en la historia de Brasil, debido a las astronómicas cifras desviadas. "Es el mayor caso de corrupción de la historia del país, con consecuencias políticas y económicas todavía imprevisibles", señala Gil Castello Branco, responsable de la ONG Contas Abertas, que vigila el gasto público. En 2005, el caso conocido como "mensalao" —una contabilidad ilegal de algo más de 50 millones de dólares para pagar sobornos a legisladores aliados del gobierno a cambio de apoyo en el Congreso— hizo tambalear al Ejecutivo y costó la cabeza a jerarcas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Sobreprecios. El escándalo recién destapado en Petrobras, la mayor empresa de Brasil, involucraría desvíos por 4.000 millones de dólares en una década, una cifra que se acerca al presupuesto anual de algunos países. Según admitieron acusados, empresas constructoras formaron un cartel para rotarse contratos con la estatal, pagaban un sobreprecio a cambio de adjudicarse las obras y ese dinero era destinado a políticos e intermediarios. El caso, investigado confidencialmente por la policía y la Justicia, se filtró a la prensa a cuentagotas.
El escándalo toma a la presidenta en un momento de transición, cuando todavía no ha nombrado a los principales ministros de su segundo mandato, y en plena parálisis económica de Brasil, que ya prometía unos próximos cuatro años difíciles para la mayor economía latinoamericana y séptima del mundo. El crecimiento de Brasil será cercano a cero este año, vaticinan analistas, y a esto se suma una elevada inflación que acumula 6,59 por ciento en doce meses. "Las denuncias impactan negativamente las expectativas sobre la economía de los agentes económicos y empresarios, y pueden afectar las inversiones esperadas en infraestructuras", ya que las principales empresas del país en esta área han sido cuestionadas, señala el analista de la consultora Tendencias, Rafael Cortez. La renovación de las viejas y saturadas infraestructuras brasileñas (carreteras, puertos, aeropuertos) es la gran prioridad de la agenda económica de la presidenta. "Si se confirma la implicación de 70 políticos, entre estos, senadores, diputados, gobernadores, con seguridad este caso dificultará la vida política de un gobierno que necesita tranquilidad en 2015 para recuperar la economía y la confianza de los empresarios", destaca Ricardo Ribeiro, de MCM Consultores.
Shock en el mundo político. En las primeras filtraciones a la prensa sobre el caso hubo denuncias de implicación de decenas de políticos, que niegan estar involucrados. "A cada revelación, el mundillo político se estremece", expresó el columnista Igor Grielow del diario Folha.
Las principales revelaciones parten de las declaraciones a la Justicia y a la policía del empresario y presunto mediador del esquema de corrupción, Alberto Youssef; y el ex director de Petrobras Paulo Roberto Costa, que acordaron colaborar con la Justicia con toda la información, a cambio de la reducción de su pena —una modalidad raramente empleada en Brasil—, pero "que la Justicia en Italia usó para desarticular a la mafia", explicó el jurista Luiz Flávio Gomes a la radio CBN.
Nada ha sido comprobado hasta la fecha y el caso está bajo secreto de sumario. En una declaración ante el juez filtrada en Youtube, Costa contó impasiblemente durante más de una hora cómo, según él, las compañías constructoras añadían un 3 por ciento de sobreprecio a obras adjudicadas por Petrobras para destinarlo a "agentes políticos", y detalló que los principales destinatarios de ese dinero eran el gobernante PT y dos aliados, el Partido del Movimiento Democrático y el Partido Progresista.
Hasta ahora, los acusados han sido impedidos de mencionar nombres de políticos implicados, porque la Justicia primaria no puede juzgarlos y dependen de otro proceso en la Corte Suprema. Se espera que comiencen a conocerse en 2015. "La divulgación de esos nombres puede tener un alto costo de desgaste y mantiene en el país el ambiente político confrontado" de las elecciones presidenciales de octubre, las más reñidas de la reciente historia del país, destaca Ribeiro.
La presidenta Dilma Rousseff niega haber tenido conocimiento del esquema de corrupción en Petrobras y defiende que se investigue. Rousseff llegó al poder en 2011 y demostró firmeza ante la corrupción al despedir del gobierno a varios ministros y otros funcionarios acusados de malversación de dinero público. Pero su limpieza —como fue bautizada— perdió fuerza "al final del primer mandato, porque ella necesitaba de apoyo político para la reelección presidencial", señala Castello Branco.
Las Farc anuncia la inminente liberación de un general secuestrado
El jefe guerrillero Pablo Catatumbo aseguró ayer que el anuncio de la liberación del general Rubén Alzate y de otras cuatro personas es un gesto de buena voluntad de las Farc, e indicó que quedarán libres lo más pronto posible. La futura liberación de Alzate "es un gesto de buena voluntad, es una contribución de las Farc a generar un buen ambiente que permita ir aclimatando las condiciones para que podamos adelantar estas conversaciones más tranquilamente", sostuvo Catatumbo.
El miércoles, desde La Habana, voceros de los países garantes del diálogo de paz entre el gobierno colombiano y el grupo rebelde —Cuba y Noruega— anunciaron que Alzate, tres militares y una abogada serían puestos en libertad a la mayor brevedad.
Catatumbo, cuyo verdadero nombre es Jorge Torres Victoria, dio a entender que la liberación puede ser compleja porque Alzate está en Colombia junto con los guerrilleros que lo capturaron. Para el jefe rebelde no se trata de un secuestro sino de una captura porque el general estaba "en su teatro de operaciones" en el departamento de Chocó. Aseguró además que las Farc no pactaron ningún beneficio a cambio de las liberaciones, y reiteró la necesidad de que el gobierno acepte un cese del fuego bilateral.
Operativo de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja explicó ayer que para el operativo de liberación "se tomará el tiempo que sea necesario" porque "todavía no hay información nueva ni cuándo va a ser". La noticia de la pronta liberación de Alzate y de las otras cuatro personas generó reacciones encontradas en Colombia. Para el senador de izquierda Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, el anuncio es un gesto "para proteger el proceso de paz" y alcanzar "un acuerdo que le ponga fin a la guerra que ha padecido Colombia".
En tanto, el también senador Alfredo Rangel, del opositor Centro Democrático —muy crítico del proceso de diálogo—, comentó telefónicamente que el comunicado leído desde Cuba "tiene un sabor agridulce". "Dulce porque se libera a las personas que secuestraron en ese incidente y amargo porque el gobierno no aprovecha la oportunidad para exigirles a las Farc la liberación de todos los secuestrados civiles que están en su poder y que seguramente son más de 100".
La retención de Alzate desembocó en la suspensión por parte del presidente Juan Manuel Santos del proceso de paz que, desde fines de 2012, adelantan en Cuba el gobierno y las rebeldes Farc para tratar de poner fin a 50 años de confrontaciones entre las partes.
