El gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se mantuvo ayer en silencio, mientras sus iniciativas en el Congreso quedaron paralizadas, en especial la votación de las leyes de ajuste fiscal que deben aprobarse antes de fin de año, tras la detención el miércoles del senador Delcidio Amaral, jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, acusado de obstruir las investigaciones de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Este nuevo capítulo de la crisis que se inició prácticamente con la asunción de Rousseff, en su segundo mandato, en enero, ocurre cuando el Planalto, la sede del gobierno, suponía que comenzaban a disiparse los problemas.
En una votación abierta, el Senado aprobó en la noche del miércoles por 59 votos a 13 que Amaral, senador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), siga preso. El legislador fue detenido horas antes, cuando trascendieron grabaciones en las cuales ofrecía dinero, rutas de escape a España e influencia política al ex directivo de Petrobras, Néstor Cerveró, para que no revelara su participación y la del banquero André Esteves, también detenido, en el esquema de desvío de fondos públicos de la petrolera estatal.
Evidencias. Una dimensión de este nuevo momento de la crisis está en que la Corte Suprema mandó a arrestar Amaral a riesgo de desatar una crisis con el Poder Legislativo. Este fue un hecho sin antecedentes desde que Brasil retornó a la democracia y se restableció la división de poderes. Ocurre que las evidencias de las maniobras de Amaral son tan rotundas que los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la cabeza del Poder Judicial, decidieron ordenar su arresto.
Mientras partidos de oposición y de la base oficialista votaron en el Senado contra la liberación de Amaral, el Ejecutivo marcó distancia respecto a la noticia que conmociona a Brasilia. Rousseff no se manifestó respecto de las acusaciones que pesan contra el hasta ahora jefe del bloque parlamentario del PT: aseguró a sus ministros que la situación del senador es “insustentable”. La dirección del PT se reunirá la semana próxima para discutir la expulsión a Amaral del partido. El gobierno creía haber superado lo peor de la ofensiva opositora por el juicio político contra Rousseff, porque muchos de los dirigentes que promovían esa iniciativa enfrentaron cuestionamientos de la opinión pública y en la Justicia, donde varios de ellos, en especial el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, son sospechados de lavado de dinero y cobro de sobornos.
En ese marco el máximo tribunal de Justicia de Brasil ordenó encarcelar a Amaral, pese a que goza de fueros privilegiados, e interroga al también detenido banquero André Esteves, quien tenía en su poder documentos secretos de la investigación judicial sobre el “Petrolao”, al parecer compartidos con el ex jefe del bloque oficialista en el Senado. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, definió como un “auténtico misterio” el modo como el banquero obtuvo esos papeles “que tienen que estar bajo sigilo” pues son vitales para el proceso Lava Jato (lavado rápido), sobre el escándalo del “Petrolao”. Incluso, el diario la Folha de Sao Paulo, dijo que Esteves habría ofrecido pagar más de un millón de dólares a la familia de Cerveró si este accedía a permanecer callado y posteriormente huir a España donde pediría asilo. Esteves, dueño del banco BTG Pactual, seguía preso ayer en Río de Janeiro, donde fue interrogado por la policía ante la cual negó toda vinculación con el “Petrolao” . Según la revista Forbes, Esteves es el titular de la decimotercera fortuna más importante de Brasil y fue el responsable de varios negocios con Petrobras, entre ellos la compra de activos en Africa, una operación en la que se habrían pagado sobornos.
