El Congreso de Brasil tiene todo listo para inaugurar este lunes 8 de enero una exposición que incluye piezas como un tapiz elaborado por el artista Burle Marx y una réplica de la Constitución del país de 1988. La exhibición es notable no por la rareza de los objetos, sino porque son el recuerdo vivo de uno de los episodios más sombríos de la historia reciente de Brasil : cuando se produjeron disturbios sin precedentes en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, hace apenas un año, el 8 de enero de 2023. Ese día, una turba asaltó la sede de los tres poderes del estado, en el corazón de Brasilia. Los daños fueron enormes, pero no son nada en comparación con el daño institucional que causaron los agresores, fanáticos de Bolsonaro que asaltaron de manera coordinada las tres sedes de los poderes políticos. El tapiz de Burle Marx fue dañado y los asaltantes se robaron la réplica de la Constitución. Por esto los dos objetos tienen un valor especial.
Muchos vieron los disturbios como parte de un intento fallido de Bolsonaro de permanecer en el poder tras su derrota electoral un par de meses atrás ante Lula da Silva. Un año y cientos de arrestos después, Brasil todavía se está recuperando. “La sociedad brasileña todavía no sabe cómo manejar lo sucedido, no hay consenso”, dice Creomar de Souza, fundador de la consultora de riesgo político Dharma Politics. “La sociedad brasileña se encuentra ahora en extremos opuestos. Y esos opuestos están en un lugar que no pueden reconciliar entre sí”.
Imitando la insurrección del año anterior en los EEUU, el 6 de enero de 2021, cuando los fanáticos de Donald Trump asaltaron el Capitolio en Washington, miles de partidarios de Bolsonaro se reunieron en Brasilia días después de la asunción de Lula el 1º de enero de 2022 e irrumpieron en el palacio presidencial, el del Congreso y los edificios de la Corte Suprema, en uno de los mayores desafíos a la democracia en América Latina desde el retorno a la democracia en la región a mediados de los los años 80.
Ahora, un año después, alrededor de 400 personas de un total de 1.500 siguen encarceladas y enfrentan cargos por los disturbios y Bolsonaro ha sido investigado por la Corte Suprema por su papel en el caos. Pero el país todavía se recupera de un episodio del que no pocos dicen estar orgullosos. Miembros de las tres ramas del poder en Brasil dicen que la democracia y sus barreras de seguridad han sido restauradas después de la destrucción de los edificios gubernamentales. Pero los arrestos han llevado a los partidarios del ex presidente a decir que se está violando su libertad de expresión y afirmar que son perseguidos políticamente.
Algunos de ellos también han expresado afirmaciones infundadas de que los disturbios fueron en realidad dirigidos por la actual administración y sus partidarios. Bolsonaro hizo la misma afirmación en una entrevista el sábado. El empresario carioca Pablo Diniz, de 44 años, rechaza llamar “amotinados” a todos los manifestantes de Brasilia ese día. Incluso cree que el debate sobre el asalto del 8 de enero no tiene que ver con la democracia. “Allí había un poco de todo. Había gente reclamando por sus derechos. Había gente infiltrada”, afirmó. “Había algunas buenas ancianas allí, personas que son patriotas. Soy un patriota. Yo también salí a la calle (el 8 de enero), pacíficamente. Yo estaba allí para luchar por la democracia para todos”.
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Bolsonaro fue despojado de sus derechos políticos hasta 2030. Afirma que las elecciones que perdió con Lula fueron manipuladas.
El año pasado, un tribunal prohibió a Bolsonaro volver a postularse para un cargo hasta 2030, en un caso no relacionado con los disturbios sino con sus afirmaciones infundadas de que el sistema de votación electrónica en las pasadas elecciones presidenciales estaba manipulado. Lula venció con el 50,90% de los votos frente al 49,10% obtenido por Bolsonaro en el balotaje del 31 de octubre de 2022. Fue un resultado muy parejo, pero Bolsonaro comenzó ese mismo día una campaña de descrédito de la elección y para no entregar el mando a Lula salió del país hacia EEUU a fines de diciembre de aquel año.
Su base de extrema derecha sigue siendo numerosa en las calles y se siente capaz de desafiar al presidente Lula da Silva. La encuestadora Quaest afirmó que el 89% de los brasileños ve negativamente los acontecimientos del 8 de enero. Alrededor del 47% cree que Bolsonaro estuvo involucrado en los disturbios. La encuesta escuchó a 2.012 personas entre el 14 y el 18 de diciembre.
"Democracia inquebrantable"
Este lunes, el presidente Lula y otros funcionarios se reunirán en el Congreso para visitar la exposición llamada “Democracia inquebrantable” en una ceremonia simbólica destinada a señalar a los brasileños que la fortaleza de su sistema democrático se recuperó plenamente.
Lula dijo el viernes a los medios de comunicación brasileños que el acto de hoy podría ayudar a mostrar cómo los brasileños deberían trabajar para poder vivir “todo el siglo XXI sin ningún golpe de Estado”.
Tras los hechos del 8 de enero, el Senado de Brasil pagó unos 40.000 dólares para recuperar el tapiz realizado en 1973, que quedó manchado de orina y despedazado. Los jueces de la Corte Suprema inicialmente temieron que la réplica de la Constitución hubiera sido robada después de que se filmara a un partidario de Bolsonaro al parecer llevándola fuera del edificio. Pero días después de la insurrección encontraron la pieza escondida en uno de los museos del edificio.
Muchos políticos afines a Bolsonaro no se presentarán al acto de hoy, “Democracia Inquebrantable”. Una de las más acérrimas partidarias de Bolsonaro, la legisladora Carla Zambelli, dijo que ella y muchos de su sector ignorarán la reunión, que calificó como “un ridículo desperdicio de energía y fondos públicos”. El gobernador del estado de San Pablo, Tarcisio de Freitas, considerado por muchos un potencial heredero político de Lula, viajó a Europa de vacaciones y tampoco asistirá.
De Souza, el consultor de riesgo político, dice que la reacción del establishment a los disturbios fue rápida, porque las fricciones entre Bolsonaro y otras autoridades, especialmente los magistrados de la Corte Suprema, ya estaban vigentes antes de las elecciones presidenciales de 2022. La Corte Suprema actuó rápido en su calidad de juez penal instructor y llegó incluso a detener al ministro de Seguridad del estado de Brasilia. Pero De Souza dijo que eso no significa que la democracia del país haya vuelto a la normalidad y pueda simplemente seguir adelante. “Hay juicios para una primera capa (de agitadores)”, señaló. “Este es un intento de vender la idea de normalización a partir de entonces”, dijo en relación con el acto de hoy en Brasilia.
Pero los disturbios de los partidarios de Bolsonaro en Brasilia hicieron que muchos moderados se alejaran del líder de extrema derecha. Cristina Melk, de 68 años, residente del exclusivo barrio de Lagoa en Río de Janeiro, dijo que no podía votar por Lula en las elecciones de 2022 a pesar de que tampoco le agradaba el entonces presidente Bolsonaro. La insurrección le hizo prometer a sus hijos que en el futuro votaría por cualquiera que no fuera un aliado del líder de extrema derecha. “Nunca me gustó el estilo de Lula y la forma populista en que gobierna, pero nada puede ser peor que lo que vimos ese día”, dice Melk mientras pasea por el lago Rodrigo de Freitas.
