Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición de Venezuela retomar las negociaciones como mecanismo para solucionar la crisis que atraviesa la nación caribeña. “He apelado a los líderes políticos para que participen en el diálogo construido por Noruega”, dijo antes de abordar un avión en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas. Bachelet realizó una visita de tres días a Venezuela, durante la que se reunió con familiares de presos políticos, el jefe de la oposición, Juan Guaidó y Maduro.
Su visita de tres días concluyó con un acuerdo con el régimen para establecer dos delegados de su oficina de modo permanente en el país para el monitoreo, asesoría y asistencia técnica en derechos humanos. Bachelet se mostró conmovida por la situación de los presos políticos y pidió su liberación, pero también destacó su preocupación por los efectos de las sanciones de EEUU sobre la industria petrolera de Venezuela. “Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas de los familiares por obtener justicia ante graves violaciones de los derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de la Tortura, así como para evaluar los principales obstáculos en el acceso a la justicia del país”, detalló.
En una rápida inspección, intentó escuchar distintas voces. Cada sector de la sociedad tenía un lamento. En distintas zonas de la capital y algunas provincias, hubo manifestaciones de médicos y pacientes para evidenciar la crisis de salud, de los hijos de los presos políticos que clamaron libertad para sus padres, de profesores desesperados alarmados por la decadencia de la educación, de jóvenes exponiendo el gigantesco éxodo y de periodistas rechazando la censura del régimen, entre otros reclamos. En total, ocurrieron 31 protestas a propósito de la visita, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Una fue atacada por grupos parapoliciales, conocidos como colectivos. Marco Ponce, director de OVCS, dice que es una situación atípica porque, comúnmente, los manifestantes son agredidos por los cuerpos de seguridad gubernamentales y los parapoliciales. Claramente, la presencia de Bachelet hizo que el régimen retirara a los parapoliciales de las calles. “Solamente, en 2019, unas 61 personas han sido asesinadas durante protestas, mientras otras seis fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por organizarlas. No hubo represión por la presencia de Bachelet”, acotó Ponce.
Los periodistas que cubren la Asamblea Nacional venezolana además pudieron entrar con facilidad al Palacio Legislativo, sin el usual asedio de seguidores del chavismo y militares. “Logramos entrar porque usted está en Venezuela, porque la dictadura se pone piel de oveja por la visita de la alta comisionada”, le dijo Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente interino, que además adelantó que Bachelet aboga por la liberación de los presos políticos y que dos personas de su equipo se quedarán para monitorear denuncias. En los días previos fueron liberadas casi 30 detenidos; según la ONG Foro Penal, quedan 687 en las cárceles.
Cara amable
Maduro quiso mostrar una faceta afable a la invitada. El líder chavista, considerado un presidente ilegítimo por más de medio centenar de países, dijo que espera con “grandes expectativas” el análisis que haga Bachelet y que asumirá con “serenidad” las “recomendaciones, propuestas de alto nivel profesional, de alto nivel humano, para que mejore Venezuela”. La comisionada de la ONU aspiró escuchar “todas las voces” de la crisis venezolana. Su propósito fue “trabajar con todos los actores para promover” y proteger los derechos humanos. No es una crisis desconocida. Su despacho elaboró dos informes en 2017 y 2018. En marzo, hizo un reporte oral que evidenció su preocupación por la reducción del “espacio democrático”. El 5 de julio presentará sus conclusiones.
Las reuniones con hombres del régimen incomodaron a los opositores. “Debe saber que está reunida con un criminal (por Tarek William Saab, fiscal general) que usurpa un cargo público. Es por ese personaje que hoy el Ministerio Público no garantiza los derechos humanos de los venezolanos, sino que persigue a la disidencia y encubre crímenes de lesa humanidad”, zanjó Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida y en el exilio después de oponerse a la represión en las protestas antigubernamentales de 2017.
