El régimen venezolano no ha evidenciado ninguna voluntad de atender el reclamo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de disolver la temible Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de tomar acciones para prevenir las miles de ejecuciones extrajudiciales verificadas, denunció ayer Michelle Bachelet ante la ONU.
La alta comisionada presentó una "actualización oral" sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, luego de su informe publicado en julio pasado. Ayer señaló que su organismo "ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES". Hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de ejecuciones cometidas solamente en julio pasado en la región de Caracas. "Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas", denunció Bachelet. En el informe presentado en junio, el organismo de Bachelet enumeró más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019. La ex presidenta socialista lamentó que el chavismo no se haya decidido a disolver las FAES. "Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno", denunció.
En su informe de julio, había exigido a Maduro: "Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad". Ahora señala que nada de eso se cumplió.
La Oficina de la Alta Comisionada en Ginebra sólo ha recibido del Ministerio Público de Venezuela información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas. "Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares", indicó. En ese sentido, señaló que las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. También mencionó el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió torturado bajo detención. Acosta Arévalo fue secuestrado mientras Bachelet visitaba el país durante tres días en julio, y murió poco después. En silla de ruedas y con alevosos signos de tortura, fue presentado a un tribunal militar. No pudo hablar y murió horas más tarde en un hospital militar.
Por Elbio Evangeliste
Por Alvaro Torriglia