Por Alfredo Chies
Foto: Virginia Benedetto / La Capital
"Siempre fumigan y la tierra queda con esos venenos que también contaminan el agua que tomamos", dicen dos alumnos de segundo año de la secundaria de Arroyo Leyes. "Vemos cómo fumigan, a veces lo hacen de noche, pero siempre quedan latas con los químicos usados. Ahora traen bidones con agua potable para el comedor", cuentan Fabio y Rafael, de la Escuela Primaria Nº 30 Domingo Guzmán Silva de la misma localidad.
"No trabajamos ese tema en las clase, ahora en ciencias naturales estamos criando renacuajos", cuentan los alumnos del establecimiento donde funcionan una secundaria, una primaria y un jardín de infantes.
Arroyo Leyes se ubica a unos 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Fe, sobre la ruta provincial 11. "Es el distrito que en los últimos años ha registrado más crecimiento demográfico de la provincia, es habitado por unas ocho mil personas", indica Eduardo Luis Lorinz, presidente comunal.
El funcionario señala que "vienen a vivir a casas quinta o a trabajar en el campo. La actividad central es la ganadería, pero los campos se van loteando y pasan algunos a ser urbanizados".
Admite que desde que "un grupo de vecinos reclama por el tema de la fumigaciones, trabajamos con ellos, con los productores para regular la situación. Esperamos que tras un estudio desde diversas instituciones, salga un reglamento territorial, donde quizás se tome como conclusión que el campo lindando a la Escuela 30 se deje de producir o implementar una actividad agroecológica".
Clarisa Ferrecio, maestra de primer grado de la escuela y delegada gremial, señala que "la causa contra los agrotóxicos es apoyada por la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé). Trabajamos desde lo pedagógico, con charlas, murales y distintas actividades, pero la comunidad está dividida. Por un lado, está el productor que defiende sus intereses, el que trabaja en la producción, y por otro, los vecinos que denuncian la falta de controles en la fumigación".
Agrega que "la escuela impulsa medidas para suministrar agua potable, pero en el campo lindero al edificio fumigan incluso mientras estamos en clases. Desde el gremio buscamos trabajar con la comunidad docente y luego con los padres".
En tanto, la directora del nivel primario, Daniela Ruiz, indica que "estamos esperando el resultado de los análisis que se realizan en la Universidad Nacional del Litoral, mientras la escuela utiliza el agua que trae la empresa provincial para la cocina y para beber".
La autoridad escolar recuerda que se programó una reunión abierta con la comunidad para tratar el tema, pero no se pudo concretar. También dijo que cursan unos 300 alumnos el nivel primario, cien en el jardín y cerca de 50 en la secundaria. Y explica que el tema es tomado por los directores de los tres niveles.
Sin embargo, Juan José Romero, director de la secundaria, indica a La Capital: "No se cómo es el tema, no quiero meter la pata". Luego dijo que consumen agua potable que manda la provincia y que se tomó esta resolución a partir de comentarios que decían que los agrotóxicos habían contaminado el agua, pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de confirmación. Esperamos los resultados de análisis de las pruebas tomadas".
Equipo interdisciplinario
Por su parte, Facundo Viola, miembro del grupo de Vecinos Autoconvocados por las Fumigaciones Ilegales, cuenta que hace pocos días se reunieron con el equipo interdisciplinario del Salud Ambiental del gobierno provincial. Destaca que se contrató un equipo de la Universidad Católica Argentina (UCA) con sede en Rosario para ordenar el territorio "ya que eso traería una solución de fondo".
"Los Autoconvocados —agrega— realizamos un intenso trabajo en varios frentes: administrativos, judiciales y parlamentarios, entre otros. Buscamos generar conciencia para poder transformar lo que nos está afectando. Se trata de nuestra propia vida y la de nuestros hijos. Es importante que tengan una mirada amable ya que como vecinos venimos proponiendo esta alternativa por ser la más lógica y menos egoísta".
Resalta que el equipo realizará "un informe que será base de un decreto del Ejecutivo y una ordenanza delimitando el ejido y luego otra de orden productivo para controlar las fumigaciones". Pero advierte: "Por el momento, hoy están tirando venenos".
Ley de fitosanitarios
El Legislativo provincial aprobó un pedido de carácter general, presentado por la diputada Mercedes Meier y su par Carlos Del Frade, para que el Ministerio de Medio Ambiente disponga informar si la comuna de Arroyo Leyes actualmente cumple con lo establecido por la ley provincial de fitosanitarios 11.273, que establece 500 metros de las zonas urbanas como límite a partir del cual se pueden aplicar .
También se solicita que diga cuáles son las acciones que han tomado el gobierno provincial y la comuna local para analizar los problemas de salud de la población, potencialmente ligados a las mencionadas pulverizaciones con tóxicos.
Por otra parte, ese expediente (Nº 31.765) obtuvo el visto bueno de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara, con las firmas de los legisladores de la zona Arcando, Martino y Gregoret, el 2 de noviembre pasado.
"No nos compete"
"En la historia médica de la población nada está asociado a los efectos de tóxicos", asegura Lucila Pereyra, referente del Centro de Atención Primaria de Salud, de Arroyo Leyes.
"Cada persona tiene codificado su diagnóstico en la atención y no hay nada relacionado a los tóxicos", afirma. Pero advierte que hay nuevos códigos para indagar más en casos de quienes han tenido contacto directo con esas sustancias. De todas formas, los casos de intoxicación van a hospitales directamente, no lo tratamos en el centro".
Sobre la existencia de chicos que estaban fumigando en ese momento, cerca de la sala médica, sostiene Pereyra: "No nos compete. Las directivas que tenemos es indagar en los que se acercan al centro".
"Hicimos charlas, pero esos jóvenes eligieron eso. Las fumigaciones están a la vista de todos, desde siempre, pero actuamos luego, la prevención le corresponde a otro Ministerio", explicó Pereyra, médica responsable del centro de salud de Arroyo Leyes.
Piden explicaciones por falta de cumplimiento de deberes del Estado
"Nos dijeron hace semanas que se empezará a aplicar un protocolo de detección de casos posibles de contaminados con agrotóxicos, pero no se implementó aún. La jefa del centro de salud ha dicho que hay casos de gastroenteritis, pero no los vinculan con la falta de agua potable, no con los agrotóxicos", indica Facundo Viola, de Vecinos Autoconvocados. También advierte que "en 2010, la Universidad Nacional del Litoral desarrolló un estudio en el cinturón frutihortícola. Se comprobó que los pobladores expuestos a los agrotóxicos estaban doblemente propensos a sufrir cáncer. Pero no se siguió esa investigación y no se hizo nada desde Salud de la provincia".
En tanto, otro vecino, Carlos Pérez Lindo, relata: "Mi mujer realizó reemplazos en esta escuela (la Primaria 30) durante tres años. Comenzó a sufrir problemas respiratorios, como asma y no sabíamos por qué. Ante esa situación, nos sumamos a los vecinos que estaban investigando y denunciando las fumigaciones ilegales. Por otra parte, las veces que fuimos al médico le dieron medicamentos por alergia, ya que no se hace un testeo de las enfermedades. No se analiza el efecto directo de los pesticidas", remarca.
Sobre su caso personal, Viola indica que su hija "fue tratada en el Instituto Fleming por su discapacidad, pero a dos cuadras del centro hay vecinos que no tienen acceso a un tratamiento ni al certificado de discapacidad. Esos chicos sufren un gran abandono, hasta algunos son explotados en los campos".
"Frente a la escuela, —agrega— cruzando la ruta, en un campo encontramos en los reservorios de agua montones de tachos. De ellos se derramaban sustancias químicas, que llegan hasta la avenida por donde pasa la gente. Esas sustancias también van a las napas de agua y llegan a la laguna Setúbal y a la ciudad de Santa Fe".
"También detectamos a cien metros del barrio muchos productos caratulados con la banda amarilla, que califica al producto como tóxico", advierte. Otro de los miembros de la organización de pobladores, Alexis Bianco, cuenta que vive en Arroyo Leyes desde hace 5 años: "Al principio nos preocupamos por la situación porque nuestra casa está a 150 metros de uno de los terrenos fumigados. Empezamos a leer y escuchar a los vecinos, me interesé del tema y comenzamos a ir a las reuniones. Sucede que se fumiga muy cerca y sin control alguno. Fumigan en cualquier momento y no se sabe qué tiran".
Sistemas agroecológicos
Esas observaciones llevaron a que los vecinos autoconvocados exigieran que sean detenidas inmediatamente "las fumigaciones sin control y arbitrar los medios para la reconversión de los núcleos productivos a sistemas agroecológicos". También reclamaron la provisión urgente de agua potable a los sectores más vulnerables: escuelas, centros de salud, colonias de vacaciones y población de riesgo.
Otro de los puntos buscó la realización de un "relevamiento con métodos epidemiológicos específicos que permitan detectar el grado de compromiso generado en la salud humana y el nivel de contaminación ambiental provocado por la cuestionada actividad, incluyendo estadísticas sanitarias, análisis de sangre de la población potencialmente afectada, análisis de suelo y también del agua y aire, entre otros.
Sobre las zonas de las aplicaciones de los productos químicos, piden un "planteamiento urbano con delimitación de interfase restrictiva de acuerdo a la normativa vigente: 500 metros sin excepciones desde el límite del ejido establecido". También solicitan el "estudio de impacto ambiental específico de la actividad productiva. Determinación de terrenos aptos para la agricultura convencional y la agroecología".
Otra de las medidas que los vecinos remarcan es "No más niños en los surcos de las plantaciones, promoción de la calidad laboral y acciones paliativas y de recomposición con la población afectada por algún tipo de discapacidad". A ello, agrega Viola que "siempre se ven chicos criados en el surco, doblados y semejan tener mucho más edad".
Por otra parte, en una presentación que impulsaron vecinos y legisladores, se consultó al Ministerio de Medio Ambiente sobre la toma de conocimiento de las fumigaciones denunciadas por los vecinos en cercanías de la Escuela Nº 30. A la vez, piden informes sobre los controles practicados por el Ministerio sobre los hechos denunciados. Requieren explicaciones oficiales de medida tomadas por la cartera para prohibir estas prácticas. Además, reclaman respuestas sobre la falta de acción ante las aspersiones y controles médicos para despejar dudas sobre la salud de los niños del jardín de infantes.
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