Por estos días existen dos proyectos de ley para declarar la emergencia laboral, uno del diputado del Frente Renovador Facundo Moyano, que propone suspender los despidos por 180 días y otro, del diputado Alberto Roberti, de extracción sindical que lleva esa suspensión a 12 meses. Para el caso de producirse un despido, por causas de fuerza mayor, el primero propone duplicar la indemnización. Mientras que el segundo lleva el monto a dos veces y media la indemnización que pudiera corresponder. Ambas propuestas están avaladas por los secretarios de las tres centrales sindicales, que se reunieron días pasados con el presidente Macri. Es evidente la intención voluntarista de estos diputados que pretenden a través de una ley o un decreto cambiar las circunstancias que impone la realidad actual, seguramente con consecuencias no deseadas y más perjudiciales que el fin perseguido. Salvando las diferencias, y a título de ejemplo, viene a mi memoria el congelamiento de los alquileres y la prohibición de los desalojos, en la primera presidencia de Perón. De movida, favoreció a los inquilinos, pero también se arruinó a los propietarios y a los potenciales y futuros locatarios, se frenó la inversión en viviendas para alquilar y nadie quería aceptar un nuevo inquilino. Se perjudicó a miles de personas que, ante la imposibilidad de adquirir su vivienda, tampoco conseguían alquilar. No es aconsejable aumentar en forma desmedida los montos indemnizatorios ante posibles y eventuales despidos. Menos aún prohibir los despidos. Algunos datos de la realidad laboral en algunos países (siempre salvando las diferencias): en Estados Unidos el despido no tiene costo y es libre. Salvo si se produce por cuestiones raciales o religiosas, y se compensa con un seguro de desempleo práctico y eficiente. La tasa de desempleo en la última década es del 5 por ciento. En Europa existe una fuerte protección frente al despido, con un costo importante para el empleador. A manera de ejemplo, en Francia en el mismo período la tasa media fue del 9,5 por ciento, y del 16 por ciento en España. Se podría decir que históricamente se mantuvo una relación similar. También con seguro de desempleo no tan eficiente. Desde el punto de vista práctico y real, algunos políticos y dirigentes gremiales deberían saber y comprender que cuando las empresas deben tomar previsiones en sumas importantes para posibles despidos y costos laborales, reducen el nivel real de los salarios para poder competir. En situaciones difíciles como las actuales, en que se debe recomponer todo el extracto productivo y administrativo del país, se debe evitar sobrecostos, promover el empleo con políticas agresivas de inversión y privilegiar el nivel de salarios y ocupación. La inversión es el único camino para crear empleos genuinos y mejorar los salarios. No hay soluciones mágicas con viejas recetas populistas. Prohibir los despidos desalentará el empleo y reducirá los salarios.
