El juez federal de la ciudad de Santa Fe Francisco Miño procesó ayer al titular de la firma Bolsafé Valores Mario Rossini por administración fraudulenta continuada, intermediación bursátil no autorizada y defraudación. También dispuso un embargo por 20 millones de pesos, bajo apercibimiento de inhibición general de bienes si no son depositados los fondos luego de la intimación correspondiente.
En el mismo expediente fueron procesadas otras ocho personas a las que el fiscal Walter Rodríguez les imputó diversas participaciones en las transacciones por las cuales Rossini ya había sido sometido a proceso también por la justicia provincial.
Según consignó el titular de la fiscalía federal, los damnificados por las maniobras supuestamente irregulares en el manejo de acciones y títulos negociables ascenderían a unas 450 personas, algunos de los cuales manifestaron frente al edificio de los tribunales federales santafesinos cuando Rossini fue citado a declaración indagatoria semanas atrás. Fuentes de la fiscalía estimaron el monto aproximado del perjuicio económico entre 50 y 80 millones de pesos y que la cartera de clientes de la operadora bursátil llegó a los trece mil comitentes, lo que da una pauta de la envergadura del resonante trámite judicial.
El auto de procesamiento del juez Miño dispone la prisión preventiva de Rossini, que por decisión de la Cámara Federal rosarina y motivado en razones de salud, viene cumpliendo arresto domiciliario. Esta situación procesal se mantendría hasta que el tribunal de segunda instancia confirme o revoque la sentencia del juez federal capitalino.
La medida alcanza además al abogado Omar Santos, Francisco Rossini, hermano del titular de Bolsafé y a María Mercedes Leiva, Marisa Valdez, Carolina Pavarin, Daniela Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Analía Sabella.
La causa Bolsafé tomó impulso en el ámbito de la justicia federal por la intervención del fiscal Rodríguez y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, que requirieron la indagatoria de 49 imputados.
La investigación apunta a diversas maniobras fraudulentas para apropiarse de los ahorros de más de 400 personas a través de la sociedad Bolsafe Valores y de la empresa BV Emprendimientos, que involucran además al Mercado de Valores del Litoral y al Banco de Galicia en operaciones que culminaron con el posterior lavado de no menos de 50 millones de pesos. A Rossini, conocido operador de la Bolsa local, los fiscales le imputaron haberse valido “de una estrategia consistente en la utilización de medios radiales, televisivos y gráficos (de la ciudad capital) como procedimientos de difusión masiva para atraer clientes”.
