Dos hombres quedaron detenidos con prisión preventiva en la ciudad de Santa Fe acusados de tenencia con fines de distribución de pornografía infantil. Se trata de Víctor Manuel L., de 42 años, y José Darío R., de 46, quienes fueron apresados el miércoles de la semana pasada en el marco del operativo internacional “Luz de infancia VIII”, una investigación surgida hace cuatro años en Brasil que en los últimos tiempos ha generado operativos en distintos países del continente, entre ellos Argentina. Fuentes judiciales indicaron que en los detenidos en la capital santafesina almacenaban y compartían este tipo de material desde hace aproximadamente unos diez años.
Tal como informara este diario en sus ediciones del jueves y el sábado pasados, “Luz de Infancia” es un operativo continuo surgido en Brasil a mediados de 2017 para perseguir delitos vinculados a la pedofilia y la pornografía infantil. Entre las herramienta que utiliza está el Child Pornography System (CPC) un software que rastrea por la web archivos de ese tipo y localiza a los usuarios de internet que los comparten a través de plataformas P2P. Estos programas -los más conocidos son eMule, Torrent, Edonkey- permiten al usuario bajar archivos que se alojan en carpetas que habilitan a que otras personas los descarguen desde allí. Es decir, que convierte a cada cliente en consumidor y servidor al mismo tiempo.
Si bien estos programas se usan para la circulación de todo tipo de archivos, no sólo de pornografía, se ha detectado que muchas redes de tráfico de pornografía infantil se establecen mediante estas plataformas que convierten a cada computadora en un punto de descarga y distribución de fotos y videos sobre explotación sexual de menores de edad.
En todo el país
La octava fase de “Luz de infancia” incluyó allanamientos en Brasil, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, además de la Argentina, donde los investigadores aportaron a las fiscalías de diez provincias 75 puntos donde se había detectado, a través de las IP de los usuarios, la circulación de este tipo de material aberrante que expone a niños y niñas de muy corta edad a situaciones de abuso indescriptibles.
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Los 74 allanamientos en todo el país se hicieron simultáneamente el miércoles pasado y en la provincia de Santa Fe fueron trece. En Rosario se ejecutaron cinco órdenes y fueron detenidos cuatro hombres que el viernes fueron imputados de tenencia de pornografía con fines de distribución. A tres de ellos se les dictó prisión preventiva por 90 días. En la ciudad de Santa fe se practicaron dos allanamientos en los domicilios de dos sospechosos, uno en el barrio Candiotti norte y otro en La Esmeralda, que fueron detenidos.
El fiscal Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe Matías Broggi acusó a José Darío R. de haber descargado en su computadora 472 fotos y videos de pornografía infantil desde el 9 de febrero de 2011. Según la acusación, el sospechoso utilizaba _al igual que los detenidos en Rosario_ el programa eMule para descargar los archivos que quedaban guardados en una carpeta de la computadora desde la cual otros usuarios de la red podían descargarlos. Pero además había otros archivos del mismo tenor guardados en carpetas por fuera de ese programa, sin acceso a terceros. La acusación contra Víctor Manuel L. fue similar, aunque varió en los números: las descargas comenzaron el 2 de junio de 2010 y en total se contaron 1.189.
Broggi los imputó como autores de los delitos de “divulgación de pornografía infantil en concurso real con tenencia de pornografía con fines de distribución agravada por la edad”. Para ambos delitos aplicó como agravante que las víctimas que aparecen en las fotos y videos tienen menos de 13 años. Y también remarcó que en ambos casos, más allá del material detectado a través de la red P2P, tenían archivos que no estaban en las carpetas de la red eMule pero cuyo destino era compartirlo.
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En ese contexto, el fiscal pidió la prisión preventiva para los acusados, cuestión que se dirimió en una audiencia realizada el domingo a la mañana en los tribunales de Santa Fe ante el juez Gustavo Urdiales. Los defensores de los imputados pidieron en la ocasión que se impusieran medidas alternativas a la prisión, pero “el juez entendió que correspondía cautelar el proceso con la privación de la libertad”.
