Me dirijo por este medio a las autoridades del gobierno provincial y a la dirigencia gremial judicial a fin de que, rompiendo el inexplicable y lamentable silencio de años informen y den respuesta concreta a los miles de empleados, activos y pasivos, que sufrieron una verdadera estafa legal cuando a sus sueldos se les descontaba un 10 o 12 por ciento mediante la llamada "ley de emergencia económica y previsional". El argumento dado para esta exacción inconstitucional decía que había que "paliar" el déficit de la Caja de Jubilaciones cuyos números no "cerraban y había que equilibrar" cosa que, no era responsabilidad de los trabajadores y sí de una desastrosa, ineficiente e incontrolada administración. Han pasado varios años y nadie informa qué fue de los miles de reclamos habidos sobre este cúmulo de latrocinios contra el patrimonio de activos y pasivos e "irregularidades realmente catastróficas", según dijera el secretario general de los judiciales, Juan Cisneros. Muchos jueces, en su momento, declararon inconstitucional dicha ley de emergencia y, en el orden nacional, la Corte Suprema de Justicia estableció la inconstitucionalidad de la emergencia decretada en Buenos Aires ordenando devolver las retenciones (13 por ciento). Aquí, en Santa Fe, quienes tienen el deber político, gremial y moral de informar sobre el tema nada dicen. ¿Se expidió nuestra Corte sobre este tema? ¿Informó alguna vez el gremio judicial a sus representados? En Chaco también se devolvió la totalidad de la deuda, con más los intereses, según carta publicada en 2009. ¿Por qué otros consiguieron y nosotros no? Solucionar este anhelo de tantos damnificados sería un acto de estricta justicia a la vez que una reparación histórica a un hecho cuasi delictivo que por años perjudicó a miles de trabajadores durante los gobiernos de Obeid y Reutemann. Continuar con el silencio y la injusticia es el peor de los caminos. Esperamos respuesta.
