El fiscal federal de primera instancia de Santa Fe, Walter Rodríguez, elevó el pedido de procesamiento y embargo para tres policías provinciales y un agente exonerado de la fuerza por los incidentes ocurridos en diciembre de 2013 en distintas ciudades santafesinas en el marco de una protesta por aumento de salarios y condiciones laborales. Para el funcionario del Ministerio Público Fiscal, a los agentes se les debe imputar el delito de sedición y al ex uniformado la figura de instigador. Además propuso la falta de mérito para otro dos hombres de la fuerza.
Las protestas en Santa Fe fueron réplicas de las que se iniciaron en Córdoba y se repitieron en otras provincias con el común denominador de reclamar una recomposición salarial que, dice el fiscal en su escrito, "le fue arrancado al gobierno santafesino mediante la creación de un estado de tensión y zozobra social, al movilizarse o autoacuartelarse según los casos o, en otros, impedir mediante actos intimidatorios que sus pares cumplieran sus tareas".
Ante tal situación y el pedido de gobernador Antonio Bonfatti, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, trasladó a unos 2 mil efectivos federales para patrullar las principales ciudades de la provincia. "No podemos permitir que las fuerzas policiales extorsionen al poder político como ocurrió en Córdoba; que amenacen con desproteger a la sociedad", dijo el funcionario.
Por esas horas, un grupo de policías enrolados en el sindicato no reconocido de Apropol junto a sus familiares se apostaron en los portones de acceso a la Jefatura de Rosario, quemaron cubiertas e hicieron públicos sus reclamos. Querían lograr el autoacuartelamiento que llevara al gobierno a ceder ante sus pretensiones. "Si en Córdoba lo lograron y en otras provincias lo hacen, nosotros también podemos", gritaban. Incluso la frecuencia de la radio policial fue tomada para tirar desde allí consignas.
Negociaciones tensas. Durante la madrugada del 8 de diciembre los contactos entre el poder político y los policías fue tenso. Y el secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani, recibió del abogado de los rebeldes, Carlos Portillo, un petitorio con los reclamos: un básico de 13 mil pesos, diferenciación de feriados, concursos de ascensos, 85 por ciento móvil para jubilados, mesa de negociación permanente, doble aguinaldo por única vez y otros puntos.
Horas más tarde el gobernador Bonfatti hizo una serie de anuncios económicos que apuntaron a desactivar la protesta, lo que recién ocurrió tres días después cuando firmó un decreto con la nueva escala salarial y otros beneficios para la fuerza.
El pedido de procesamiento alcanza a los agentes Mauricio Miguel Pagani, Fabricio Javier Abasto y Claudio Marcelo Patiño; y al policía exonerado Alberto Rubén Martínez, quien es titular del gremio no reconocido Apropol. Mientras que la falta de mérito benefició a Oscar Alberto Aguirres y Alejandro Germán Zamaro López.
Fundamentos. En un escrito de 36 páginas, el fiscal Rodríguez analiza caso por caso. Pero comienza y se extiende en el de Alberto Rubén Martínez, el líder de la entidad que pretende agremiar a los uniformados y que el gobierno no ha reconocido ni la legislación tampoco, según queda en claro en el dictamen. Asimismo, el funcionario sostiene que esa entidad "no existe" y por tal razón desestima de plano un argumento del agente Fabricio Abasto, quien en su declaratoria buscó despegarse afirmando "no ser socio de Apropol y diciendo que la única relación que lo une es académica".
A Martínez el fiscal acusa de instigador, de haber usado como "usinas publicitarias distintos espacios virtuales (entre los cuales se encontraba una plataforma denominada Apropol, de la cual el encartado es su principal referente) para instigar a cometer delitos a un número indeterminado de miembros de las fuerzas de seguridad y penitenciarios de la provincia entre los días 4 a 10 de diciembre de 2013".
Rodríguez describe las declaraciones de Martínez en la que asume ese rol defendiendo su participación en los hechos, aunque no de modo presencial por haberse encontrado en el sur del país, en los que llamó "libertad sindical". Martínez usó las redes sociales incluso para intentar presionar mediante mensajes al gobernador Antonio Bonfatti.
El fiscal considera probado a partir de las pruebas recolectadas que "la sedición policial no estuvo motivada en el reclamo salarial" y que los restantes acusados "contribuyeron con su aporte individual al alzamiento de la policía provincial a la que pertenecen, del cual derivó el arrancamiento de una medida o concesión al poder público relativa al mejoramiento de las condiciones laborales del personal de seguridad y penitenciario, configurando el delito de sedición".
