Pedido de detención de Jaime por supuesto fraude, pero no se presentará a la Justicia

El juez federal Claudio Bonadío procesó ayer con prisión preventiva al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por supuestos hechos de corrupción en la realización de obras para el ferrocarril Belgrano Cargas, a raíz de la falta de control de fondos públicos, pero el ex funcionario no se presentará ante la Justicia, ya que la orden de detención es "arbitraria" y "no está firme", confirmó anoche su abogado defensor, Andrés Marutián.

Jaime, quien ocupó el cargo entre 2003 y 2009, está acusado en múltiples causas de corrupción, pero esta vez se trata de una investigación por presunta defraudación al Estado a través de obra en el ferrocarril en el que habría un sobreprecio de más de dos millones de pesos.

La orden de detención fue ratificada por el juez Bonadío horas más tarde de dar a conocer su primera resolución, luego de rechazar pedido de eximición de prisión presentado por el abogado Marutián, y ordenó a la Policía Federal ubicar al ex funcionario en el piso que tiene en el barrio porteño de Puerto Madero o bien en la provincia de Córdoba, de donde es oriundo.

Prohibición. Sin embargo, Marutián confirmó que por su indicación Jaime no se presentará, ya que "no está firme" la orden de detención, a la que tildó de "arbitraria". Dijo también que Jaime "quería presentarse pero yo se lo prohibí".

El letrado sostuvo que su defendido "está para ponerse a disposición cuando la defensa se lo comunique", y evitó dar precisiones sobre el lugar en el que se encuentra el ex funcionario.

Peligro de fuga.Bonadío, quien también procesara a Jaime por la tragedia ferroviaria de Once, dispuso la prisión preventiva por el peligro de fuga y por los graves delitos por los cuales lo acusa, aunque los abogados del ex secretario preparaban la apelación a la denegatoria, para la que tienen un plazo de 24 horas.

"Es posible sostener que Jaime, atento a sus vínculos con altos funcionarios del Estado al haber formado parte del gobierno actual, de continuar en libertar podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad", justificó Bonadío en su resolución.

Jaime está acusado de defraudación a raíz del pago de dos millones de pesos para la realización de una obra pública a la firma Soesa, que administraba el ferrocarril Belgrano Cargas, intervenido por el Estado el año pasado a causa de su deterioro.

La obra era la realización del tendido de vías entre Tucumán y Concepción, cuyo costo era de ocho millones de pesos, monto que se incrementó a más de 10 millones luego de una carta dirigida al titular de la empresa.

En la misma causa Bonadío procesó al sindicalista José Pedraza (detenido tras ser condenado por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra), a su mujer Graciela Coria (quien presidió el Belgrano Cargas en nombre de la Unión Ferroviaria), el contador Angel Stafforini; el presidente de Soesa, Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Romero.

Los cargos. Bonadío resolvió imputarles los delitos de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad ante la denuncia formulada en 2009 por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

La obra fue autorizada por la Secretaria de Transporte en 2003 y Jaime —según señaló el juez— "autorizó el pago de un anticipo del 50 por ciento del valor de los trabajos propuestos, cuando dicho proceder no se condecía con la práctica usual del organismo, siendo que a ese momento nada se sabía respecto de quién ni de cómo se efectuarían las obras aprobadas".

Interés ajeno. Jaime tuvo un "interés ajeno al de la administración por haber dispuesto que se destinen más fondos de los previstos para la obra y por no controlar el destino que tuvieron los mismos", sostuvo el magistrado.

Y agregó que "los hechos de autos pueden entenderse como un mismo negocio jurídico con diversos actores y participantes relacionados, donde cada uno de los responsables cumplió un rol determinado, lo que finalmente produjo un perjuicio" para el Estado de 2.524.065,24 pesos.

"Sin importar que esta fue la única obra de infraestructura del ferrocarril, licitada y aprobada durante los siete años que duró la concesión, cabe mencionar que no se tomaron los debidos recaudos para asegurar de un modo inequívoco la forma en que se desarrollaría la contratación", sostuvo Bonadío.

Respecto a Jaime, el juez consideró que al firmar la licitación de las obras excedió sus facultades ya que el mismo debía ser firmado por el jefe de Gabinete nacional.

"Todo ello permite traslucir una inequívoca voluntad del secretario de Transporte de convalidar arbitrariamente hechos y giros de dinero que ya se habían concretado, motivados en una licitación que duplicaba el monto inicial presupuestado y que no tenía respaldo legal por parte de la administración", determinó el magistrado.

En ese sentido, aseguró que Jaime tuvo una inusitada "velocidad y esfuerzo" en girar los fondos de la obra pública cuyos destinos no controló como funcionario.