"No queremos que nadie nos regale nada. Queremos pagar por los terrenos, como corresponde", subraya Mónica Arena y quienes la escuchan asienten. La mujer está sentada en la casa pintada de celeste que, en el barrio, todos conocen como "el comedor de Analía". La familia de Arena fue una de las primeras en llegar al asentamiento que se levanta en el triángulo formado por avenida Sorrento, Cullen y el arroyo Ludueña, sobre el límite norte de Empalme Graneros. Un territorio de 10 hectáreas, zanjas y pasillos de tierra que creció en medio de un extenso juicio de desalojo. Esta mañana será la última de las audiencias en medio del proceso iniciado en la Justicia. Si propietarios, vecinos y autoridades de la provincia no llegan a un acuerdo, el 15 de febrero, unas 3 mil personas serán desalojadas.
En los más de 30 años que llevan viviendo allí, los vecinos ya recibieron "varias" cédulas de desalojo. Sin embargo, hasta ahora los jueces no habían firmado el lanzamiento ni puesto fecha para concretarlo (ver aparte).
Mientras tanto, las familias crecían, los hijos se hacían grandes y formaban sus hogares. En 2003 un censo había contado 368 familias. Actualmente son más de 500. "Mi hijo más grande tiene 30 años y ya nació acá. Era todo campo sembrado y un basural donde los cirujas vaciaban los carros. Nada que ver con lo que es ahora", recuerda Arena.
La mayoría de las casas que se levantan en esas 10 hectáreas que se extienden en la zona noroeste, algunas de material otras humildes casillas de chapa, tienen luz eléctrica y agua potable. Cullen es la única calle abierta por la que pueden circular autos, ambulancias y remises. El resto del barrio está surcado por pasillos de tierra que quedan casi intransitables cuando llueve.
Los vecinos llegarán hoy a la audiencia patrocinados por la ex concejala Analía Carrió y Analía Abreu. También llevarán una propuesta para evitar el desalojo: pagar los terrenos que ocupan con el 20 por ciento de sus ingresos familiares. "Todos cobran la asignación universal por hijo y con ese dinero pueden abonar en cuotas los lotes", afirmó la abogada.
Y advirtió que "ni la glotonería de los propietarios de la tierra ni la falta de una política desde el Estado pueden seguir dilatando la resolución de este tema, que por lo menos lleva 16 años".
Abreu recordó que los vecinos ya habían presentado la misma propuesta en agosto de 2010. "Si se hubiera aceptado, ya habrían pagado todo el inmueble y otro igual, pero faltó voluntad por parte de las distintas autoridades del ejecutivo municipal, provincial y nacional para asegurarles el derecho a la vivienda que les asiste".
La profesional recordó que la semana pasada el diputado Carlos del Frade ingresó un proyecto para que la Legislatura discuta la expropiación del predio.
Nacidos y criados. Analía Vargas conduce el comedor que asiste a unos 400 niños de 2 a 12 años. En épocas más duras, los comensales eran el doble. La última semana, Analía la pasó censando a todas las familias del barrio para completar las planillas que entregarán hoy a la a jueza de Circuito Nº 5, Stella Maris Bertune.
"La mayoría de las familias tienen un ingreso, una pensión, jubilación o la asignación universal por hijo. Además muchos hacen changas de albañil o cirujean. Y todas están dispuestas a pagar por el terreno de su casa", apuntó la mujer y recordó que "todo lo que tenemos lo logramos con nuestro sacrificio, y ahora estamos peleando por un futuro mejor para nuestros hijos".
Ni Arena ni Vargas se imaginan lejos del barrio donde sus hijos cursan la secundaria o tienen su centro de salud. "Hemos hecho de todo para quedarnos acá. Asistimos a muchas audiencias en Tribunales, les propusimos comprar los terrenos, formar una cooperativa para urbanizar el barrio", cuentan las mujeres. "Lo que se te ocurra; lo hemos intentado. Y lo seguiremos haciendo", concluyen.
