Monzón: "Los trabajadores tenemos incertidumbre sobre lo que va a pasar"

El fracaso de las negociaciones e iniciativas para rescatar a la empresa Vicentin del camino a la quiebra pusieron en alerta máxima a los trabajadores de la compañía, que temen por el futuro de las fuentes de trabajo. Leandro Monzón, delegado de los obreros en la fábrica de Avellaneda advirtió que, sin la confianza de los que entregan granos para procesar, el corrimiento del Estado acerca la posibilidad de un final dramático.

“Cuando el gobierno nacional anunció la intervención, estábamos convencidos de que era la mejor forma de preservar las fuentes laborales”, señaló Monzón en declaraciones radiales. Explicó que con la caída del llamado Plan Perotti, que apuntaba a una salida consensuada de los actuales directores de la empresa, “vuelve la incertidumbre sobre lo que va a pasar”.

Monzón es delegado de trabajadores en la planta de producción de Vicentin en el norte provincial como parte del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier. Es además el representante del gremio en el comité de control conformado por los acreedores de la firma en el marco del concurso preventivo.

Monzón habló con este diario en un día particular. Mientras se hacían sentir las primeras consecuencias del fracaso de la mediación convocada por el juez del concurso en el marco del llamado plan Perotti, fuerzas policiales allanaban por orden de la Justicia federal las oficinas de la compañía. Casi al mismo tiempo, los trabajadores del área textil del grupo Vicentin, la Algodonera Avellaneda, eran víctimas de amedrentamiento policial cuando repartían volantes para apoyar la lucha sindical que llevan adelante para pedir aumento de salarios.

El sindicato de aceiteros y desmotadores, que defiende a los trabajadores en conflicto, denunció que

los obreros fueron hostigados or agentes policiales mientras intentaban repartir volantes para informar a la población que “no están cobrando ni siquiera la totalidad de los salarios de hambre que paga la empresa”. El amedrentamiento ocurrió en las cercanías de la planta Buyanor, también del grupo Vicentin. Patrulleros se dirigieron específicamente hacia el pequeño grupo de diez obreras y obreros, quienes cumplían con todas las medidas sanitarias y de distanciamiento correspondientes a la Fase 5 vigente en la provincia. Los agentes policiales los interrogaron, reclamaron datos personales, les sacaron fotos y les impidieron continuar con la actividad de difusión.

“Esto ocurre en la misma localidad donde el intendente Dionisio Scarpin convoca repetidamente aglomeraciones en defensa del directorio de la empresa Vicentin, violando medidas sanitarias, insultando y agrediendo periodistas sin ningún inconveniente policial”, denunció el gremio, que realizó una presentación conteniendo la suma de todas estas situaciones ante el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain.

El sector del trabajo es el más afectado por el escándalo de la empresa que defaulteó u$s 1.400 millones. “Si el gobierno nacional se abre, no sé si esto no va a la quiebra”, dijo el delegado gremial, que tiene miedo que el camino que sigue es el que va “derecho al vaciamiento”.

El conjunto de las empresas nucleadas en el grupo Vicentin ocupan a unos 7 mil trabajadores, mientras que en el rubro de procesamiento de granos hay unos 2 mil puestos de trabajo en juego.

“La intervención era la medida adecuada para preservar las fuentes laborales, creemos que no hay buen futuro si sigue la actual dirección de la empresa, esto cada vez se pone peor”, señaló.

Monzón Explicó que la planta de Avellaneda trabaja en un 40% de su capacidad. Vicentin se encuentra en problemas para abastecerse de materia prima, toda vez que dejaron de pagarles 25.600 millones de pesos a 1.895 productores y acopiadores, a quienes le recibieron mercadería hasta el mismo día en que se declararon en cesación de pagos. Será difícil que vuelvan a confiar, más allá de la cerrada defensa que hicieron de los directivos de Vicentin la oposición política y la mesa de enlace agropecuaria, que fogonearon varias marchas para rechazar el salvataje oficial.

Con menos prensa per más gente, el 9 de julio pasado, los trabajadores, acompañados por el gremio y un amplio abanico de organizaciones sociales, realizaron masivas movilizaciones en Rosario y Reconquista para expresar su apoyo a la intervención y expropiación de la empresa. “Recibimos mucho apoyo de los ciudadanos”, señaló Monzón. Ahora, la situación de Vicentin volvió a entrar en zona de incertidumbre.

El juez se quedó con la llave del futuro de la empresa

Desde un nuevo decreto de intervención más amplia sobre el grupo Vicentin, hasta el pedido de ejecución de garantías por parte del Banco Nación. Entre esos extremos oscilaron el jueves por la noche las opciones que desde distintos actores vinculados al tortuoso proceso de default de la agroexportadora evaluaron ante ese diario, luego de que se formalizara la caída de las negociaciones para una salida consensuada de la actual conducción de la compañía.

Tanto la decisión de Perotti de dar por finalizado el diálogo sobre el fideicomiso, como la del presidente de dar marcha atrás con el decreto de intervención (incluso a pocos días de que se venciera el plazo), coinciden en poner en cabeza de los directivos de Vicentin, pero sobre todo del juez del concurso, la responsabilidad del futuro de la compañía. La situación de Lorenzini, que aun debe resolver sobre el pedido de intervención de la provincia, no es la más cómoda. Es tan enigmática la evaporación de una empresa exitosa en cinco meses, como la laxitud con laque el juez trata el hecho de que no presentó su último balance a ocho meses de declararse en cesación de pagos.