Las ausencias que borran códigos y desatan furia

En febrero presentó su renuncia, luego lo convencieron de que siguiera adelante y esta semana asestó un mazazo que todavía repiquetea en las altas esferas del gobierno provincial. El procurador de la Corte, el jefe de los fiscales santafesinos, Jorge Barraguirre, dijo sin medias tintas que “la policía de Santa Fe no tiene conducción política” y carece de inteligencia criminal.

   Sus palabras fueron escuchadas a dos metros por el juez de la Corte, Daniel Erbetta, y el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, el hombre al que dos presos planeaban asesinar.

   Barraguirre fue más allá y dijo que en cuestión de seguridad “las fuerzas nacionales progresistas vienen evidenciando una reacción tardía. Es como que venimos con algunas taras, tal vez de los procesos militares, que hacen que no vayamos al fondo de lo que sucede con la policía”, admitió.

   El procurador se metió de lleno en la problemática que más angustia a los rosarinos: la inseguridad. Habló de “inercia investigativa”, llamó a “refraternizar la sociedad” y con números en la mano aseguró que “no se puede asociar la pobreza al delito y la violencia”, ya que en 2002, por ejemplo, uno de los años más golpeados por la crisis social en el país, el número de homicidios en Rosario fue la mitad de los que hubo en 2013.

   Atribuyó el auge de la violencia a una “multicausalidad”, entre la que contó territorios incontrolados y policías corruptos. “La información sobre causas de policías a los que se investiga por enriquecimiento ilícito no fluye como tiene que fluir”, aseguró.

   Desde el Ministerio de Seguridad el silencio fue total. No hubo respuesta oficial a esta crítica impiadosa, pero tres días más tarde se anunció el envío a la Legislatura de un proyecto que prevé poner a patrullar las calles a policías retirados y cadetes de segundo año del Instituto de Seguridad Pública.

   Paralelamente, hoy se conoce que en Parque Field los vecinos optaron por pagar adicionales para vivir más seguros. 200 pesos por mes garantizan que un policía hasta los espere en la parada del colectivo y los acompañe a sus casas. La seguridad que el Estado debe brindar es más efectiva porque hay un pago adicional.

   Y así, ante esta ausencia suceden hechos horrendos como el linchamiento fatal de un presunto ladrón. Esta Rosario que se promocionó como la “ciudad con códigos” después de la tragedia de Salta 2141 y se cansó de remarcar la solidaridad de su gente, muta en esta ciudad bestial que ejecuta en plena calle.

   Rosario se enferma cada vez más mientras se sigue pregonando la convivencia. El dispensario modelo que cerró sus puertas en barrio Tiro Suizo porque los médicos se cansaron de que los robaran, volverá a funcionar esta semana. Claro que ahora tiene la mitad de profesionales que antes. Los viejos no quisieron regresar. Aquí otro derecho, el del acceso a la salud, que se resiente. Tal vez si los vecinos pagaran adicionales a los médicos el servicio funcionaría como corresponde.

   Entre tanta ausencia esta semana surgió un nuevo fenómeno: empleados de fábricas y shoppings les piden a sus patrones que les garanticen seguridad cuando se retiran o llegan a sus trabajos. Están hartos de los arrebatos. La Asociación Empresaria remarcó que puede acompañar el reclamo, pero también les dijo lo obvio. “Garantizar la seguridad es función del Estado”.

   La Municipalidad, en tanto, le pedirá autorización al Concejo para endeudarse en 11 millones de pesos. Con ese dinero busca comprar alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia, entre otros insumos.

Otro dato más que refuerza el cambio de rol en un municipio que, a pesar de las taras progresistas de las que habló Barraguirre, asume el problema e intenta dar soluciones.

   Mientras tanto, las ausencias duelen, y transforman a la “ciudad con código” en la ciudad de la furia.