El 18 de mayo de 2011 se escribió el capítulo más oscuro en la historia de Sol Líneas Aéreas. Ese día, alrededor de las 21, el avión SAAB 340, matrícula LV-CEJ, se estrelló en el sur de la provincia de Río Negro. Las personas que se encontraban a bordo, 19 pasajeros y los tres tripulantes, murieron como consecuencia del siniestro. A poco de cumplirse cinco años de la tragedia, los familiares de las víctimas aún esperan que la causa penal abierta después del accidente llegue a juicio oral y advierten que "nunca se quiso investigar" la responsabilidad de las autoridades de la línea aérea.
La causa, caratulada como múltiple homicidio culposo, tramita en el juzgado federal de Bariloche. Son miles de fojas de testimonios, fotos, informes técnicos y resultados de pericias que, según entienden los familiares de las víctimas y sus asistentes, representan "un compendio de irregularidades". Y, sobre todo, cuestionan la resolución que se conoció 9 días antes del primer aniversario de la tragedia y dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Horacio Gabriel Angeli, Juan Alberto Nyffenegger y Danilo Alberto Pojmaevich; por aquel entonces, respectivamente, presidente, vice y gerente de Sol Líneas Aéreas.
"Fue un golpe muy duro", recuerda Javier Miglino, patrocinante de una de las familias de las víctimas. La medida fue apelada y "resta que se resuelva este trámite para que llegue el juicio oral", sostuvo y recordó que la querella incorporó además la responsabilidad de funcionarios del gobierno nacional, entre otros el ex ministro de Planificación, Julio de Vido.
La decisión del juez se basó principalmente en un informe preliminar de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac) que adujo como causa del accidente un engelamiento (formación de hielo) severo que hizo perder el control de la aeronave y apuntó a una "vigilancia inadecuada" de los pilotos, como una de los principales factores que lo desencadenaron.
El informe final del organismo se publicó recién a mediados del año pasado. Para Miglino, "en la causa está acreditado que fallaron los sensores del avión, que los pilotos no tenían idea que estaban volando tan bajo, que el avión no estaba preparado para volar a esa hora y en esa situación y que la empresa elegía volar a esa hora de la madrugada para ahorrar costos y por una cuestión de marketing, como ofrecer llegar a destino a primera hora de la mañana".
La consecuencia es conocida. A las 21.18, el piloto Juan Raffo alcanzó a enviar el alerta "mayday". Dos horas y media después, hallaron los restos de la aeronave y las 22 víctimas en la localidad de Caltrauna, entre Los Menucos y Prahuaniyeu, en el sur de Río Negro.
Allá lejos. A las pocas horas, la noticia empezó a circular por los medios de comunicación. El abogado Héctor Yemmi, la escuchó mientras conducía su auto por la avenida Panamericana y pensó "pobre gente". A esa hora del jueves, la empresa Sol y la estepa patagónica de Río Negro quedaban muy lejos. Recién a la mañana del otro día, se enteró que una de las 22 víctimas era su primo, Gustavo Basaldúa.
Yemmi asumió la representación de su familia en la causa penal abierta en Bariloche. "Desde el comienzo fue descarnado como nos trataron, nos entregaron los restos en bolsas de residuos negras, al papá del bebé que murió en el siniestro le entregaron una caja con restos de chupetes y baberos quemados", recuerda.
El abogado está convencido de que "toda la investigación se dirigía a culpabilizar a los pilotos, cuando en la causa está acreditado que la aeronave no funcionaban los sensores térmicos que detectan el hielo que se forma en las alas y las hélices o que cuando despega de Neuquén empieza a perder contacto con cualquier tipo de base y no pueden comunicarse ni con Bariloche, ni con Neuquén ni con Río Gallegos y que el avión se estrelló porque los instrumentos de medición de altura no funcionaban", dice.
Por eso, para el penalista, "Sol es para la aviación, lo que el tren Sarmiento a los ferrocarriles: una empresa apañada por mecanismos de control que no controlaban". En su momento, Enrique Piñeyro, ex piloto, cineasta y consultor perito de los familiares de las víctimas, había dicho algo similar. "Esto es lo más fraudulento y lo más patético que he visto en todos los accidentes (aéreos) que pasaron en el país".
Muchas dudas. La investigación de las causas del siniestro recayó en el juzgado a cargo de Leónidas Moldes. El expediente lleva el número 8.450/11 y según entiende el abogado Pablo Mattar, patrocinante de las familias de Eduardo Musacchio y Jésica Fontán (ver aparte), refleja una pesquisa "llena de desprolijidades".
Por eso, a esa causa se añadió otra denuncia por posible ocultamiento de evidencia. La presentó el presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), después que se encontraran restos humanos y del avión enterrados en un hoyo en la zona del accidente. El juez Moldes determinó el archivo de la causa y aunque la querella apeló Casación aún no se expidió. "Parece que todo el mundo entiende que no hubo delito. Parece que encontrar restos humanos y partes vitales del avión, como sensores del panel de control que se peritaron después, en un hoyo no mereció buscar responsables", se queja Mattar.
Los familiares de las víctimas advirtieron con insistencia en que se levantó prematuramente el cerco perimetral para preservar las pruebas, que personal de la empresa ingresó al lugar casi al mismo tiempo que el fiscal del caso y que un testigo de la caída del avión cambió radicalmente su testimonio. Además, objetaron también otras pericias como la desgrabación de la caja negra del avión.
"Fue una causa durísima. Los deudos tuvieron que enterrar dos veces a sus familiares, la primera meses después del accidente cuando terminó la identificación de los restos y nuevamente cuando se encontraron los pozos llenos de huesos. Pero también fue dramática la desprolijidad con que se llevó adelante la investigación", señala y coincide con Yemmi en que "desde el principio sólo se apuntó a la culpabilidad de los pilotos, algo insólito, como si excelentes profesionales hubieran de pronto apuntado la nariz del avión a la tierra".
Sin consuelo. Juan Carlos Ruiz tuvo que aprender sobre leyes y aviación de golpe. Es el papá de Juan Manuel, otra víctima de la tragedia, y querellante en las dos causas penales. Dice que la única batalla que se pierde es la que se abandona y, por eso, sigue cada paso del los expedientes. "Es mi hijo el que quedo allí y 21 personas más que son pueden quedar impunes. Hay que saber esperar, porque de todo esto hay responsables: un empresariado a quien sólo le interesa hacer ganancia, un Estado que mira para otro lado y una justicia permeable a todo esto", dice con voz calma pero firme.
A mediados del año pasado, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac) publicó el informe final sobre las circunstancias en que se produjo el siniestro del avión. Ruiz confía en que el documento avale su apelación a la resolución que determinó falta de mérito para quienes entonces ocupaban los tres máximos lugares en la compañía aérea.
"En su momento el juez sostuvo que no tenía elementos para investigarlos ni para dejarlos afuera de la causa, ahora debería expedirse por alguna de estas dos cosas", confía Ruiz y señala que del informe de la junta surgen "algunos puntos interesantes que juegan en contra de la empresa".
El documento considera que los pilotos pierden control de la aeronave por la formación severa de hielo, pero considera condiciones potencialmente peligrosas, algunas situaciones como el incumplimiento de directivas sobre el mantenimiento de las hélices, falta de cobertura de comunicaciones en VHF sobre la ruta en que se encontraba operando la aeronave o servicio de meteorología no presente durante todas las horas de operación de la empresa, entre otras.
"Ahora con este informe esperaremos la resolución del juez y que la causa pueda llegar a juicio. Y que los verdaderos responsables paguen por todo esto", asegura Ruiz.
