La nueva ofensiva que diversos sectores de la sociedad vienen realizando en torno a la rebaja de la imputabilidad de los menores con el pretexto de combatir el avance del delito, vulneran los derechos expresamente contemplados en nuestra legislación y convenios internacionales, incorporados constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, en especial la ley 23.849 que obliga al Estado a la protección del niño y su familia. Claro, con una ley que encierre a los jóvenes empujados al delito como consecuencia de las políticas económicas al servicio de sectores privilegiados creen esconder bajo la alfombra el desatino de haber provocado que una inmensa masa de jóvenes excluidos socialmente, que no tengan rumbo, con hambre y sin perspectivas de un trabajo digno. Habiendo tanto presupuesto que subsidia monopolios, se mantiene una caterva de políticos y funcionarios inútiles y se no atina a resolver los problemas de los jóvenes. Existen lugares y ámbitos que pueden ser destinados a preparar a niños y jóvenes con la concurrencia a polideportivos integrales (que los preparan para competiciones olímpicas y además les imparten educación, profesiones técnicas, divertimentos y promuevan actitudes artísticas y culturales). Por supuesto que para ello se necesitan políticas nacionales, provinciales y municipales que pongan el acento en el futuro de nuestros niños y jóvenes en lugar de mantener parásitos que con un arma custodien riquezas de terceros o colgarse de un presupuesto que les permita el enriquecimiento en un marco de corrupción generalizada.
