A raíz de una denuncia por el funcionamiento de una "caja chica" en el Laboratorio Central del Hospital Centenario, la directora del efector manifestó que ella misma había reprobado la medida "antes de la denuncia", y dijo que se estaba "trabajando para suspenderla". Y agregó que "no sabía a ciencia cierta qué se hacía con ese dinero que los empleados del laboratorio aseguraban era de un caudal reducido. Hasta nos hemos puesto en la cola para comprobar que cobran". Más adelante, afirmó que la provincia no reconoce esto como una "actitud correcta", y que los empleados plantean que "sin ese ingreso, somos nosotros los que debemos asumir los gastos que afrontamos". Todo esto me lleva a unas preguntas: ¿las decisiones en el manejo del hospital las toman los directores o los empleados? El presupuesto designado por la provincia ¿es tan magro que requiere los aportes de una cooperadora? Si es así ¿por qué no se mejora? Cuando los empleados manifiestan asumir los gastos ¿se refieren a un no creíble supuesto de que sacan el dinero de sus bolsillos? Si los servicios son gratuitos ¿por qué existen cajas o ventanillas donde se maneja dinero? Cuando la directora dice "propusimos colgar carteles" ¿no expone una falta de ejecutividad para terminar con una situación incorrecta, un calificativo que algún profesional del derecho o el fisco podría aclarar si no se trata de ilegal? Las autoridades en conocimiento de la situación ¿no deberían haber colocado carteles de prevención en todo el edificio, indicando a los pacientes que no tienen obligación de hacer ningún aporte por la prestación de los servicios que el hospital debe prestar en forma gratuita? Los problemas de presupuesto para el funcionamiento del efector no deben ser encarados a costa de una doble imposición sobre las clases menos pudientes y la responsabilidad de la dirección no debe estar subordinada a la irresponsabilidad de cuatro empleados.
