Este es el estado de la comunidad rosarina por la inseguridad: o somos parte del número de víctimas o formamos parte del grupo de indignados ante la indefensión en que nos deja este gobierno frente a la inseguridad. Para colmo de males se minimiza la realidad y hasta parece que muchos se burlan de nosotros atribuyéndonos exageraciones, responsabilidad de los medios, o que sólo se trata de una “gran sensación de inseguridad”. Como responsables primarios de esta situación ubicamos a los poderes ejecutivos, tanto de la provincia como de la Nación, por gobernar las fuerzas de seguridad, pero no restamos responsabilidad al Poder Judicial, nacional y provincial, y al Poder Legislativo, por cuanto parece que no han tomado conciencia de la gravedad de la situación. Todo parece indicar que luego de las elecciones primarias nada cambiará y que se ratificaron rumbos, como si los resultados de las políticas en materia de seguridad hubieran dado frutos buenos. Tampoco advertimos que se esté trabajando intensa y prioritariamente sobre las causas profundas sociales que contribuyen a la generación de conductas delictivas. Observamos más bien una intensa propaganda oficial que confunde a la ciudadanía con espejitos de colores. En consecuencia no se resuelven los problemas de fondo ni sus lamentables exteriorizaciones. Por ello, para combatir la inseguridad propongo declarar a la provincia de Santa Fe en emergencia en seguridad para que ello permita la afectación de recursos humanos y materiales en pos del acompañamiento de la política en materia de seguridad; jerarquizar los cuadros policiales con adecuada instrucción, capacitación, medios y salarios dignos equiparables a los que percibe el empleado municipal o del Poder Judicial. Depurar el cuerpo de policías, incrementar el presupuesto para seguridad, coordinar las fuerzas de seguridad en el ámbito de la ciudad y la región, requerir el concurso de la Gendarmería nacional y encolumnar a toda la comunidad en la lucha contra el narcotráfico.
