La construcción de un muro de 1.600 metros de largo entre los partidos bonaerenses de San Isidro y San Fernando, que dividirá un barrio de viviendas de lujo de otro pobre, generó ayer un escándalo político y social.
La construcción de un muro de 1.600 metros de largo entre los partidos bonaerenses de San Isidro y San Fernando, que dividirá un barrio de viviendas de lujo de otro pobre, generó ayer un escándalo político y social.
Unos 250 metros del muro comenzaron a ser levantados anteanoche y vecinos del barrio afectado rompieron ayer pilotes del paredón y apedrearon a los efectivos que lo custodiaban.
La valla busca separar el humilde barrio Villa Jardín, de San Fernando, de la exclusiva zona residencial La Horqueta, en San Isidro. Su construcción fue solicitada por 33 propietarios de La Horqueta para frenar la ola de robos y asaltos en la zona y fue defendida por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
"Dentro del margen de la ley, voy a hacer todo lo posible para cuidar a mis vecinos", declaró Posse. El intendente aclaró no obstante que "el muro no es en contra de los vecinos de San Fernando ni del municipio".
El intendente de San Fernando, Gerardo Amieiro, presentó en tanto un recurso de amparo a la Justicia para frenar la edificación del paredón "planteando el derecho de la gente, de los vecinos, a la libre circulación".
El muro de cemento y rejas está ubicado en la avenida Uruguay y Guatemala, en el límite con San Fernando.
Los vecinos de San Fernando se mostraron indignados por el muro, al que consideraron discriminatorio, ya que les impide cruzar la avenida Uruguay y tienen que caminar más de 400 metros para hacerlo.
"Las familias (de La Horqueta) están sobreexpuestas porque la avenida Uruguay es un canal de acceso muy fácil hacia la Panamericana y hacia una zona de villas de emergencia muy peligrosas", dijo Posse.
"Creo que lo importante sería derribar muros, no crearlos. Nosotros trabajamos para que no haya escuelas de delincuentes, escuelas de narcos, escuelas para la venta de paco, estamos tirando pasillos abajo, tratando eliminar las villas y trasladando a los vecinos a barrios más seguros", agregó. Amieiro dijo que "el muro protege a 33 familias en contra de sectores que no tienen posibilidades de defenderse. Son decisiones antojadizas porque Villa Jardín no es un barrio que está en el mapa del delito como zona caliente".
En tanto, el gobierno nacional realizó ayer un reclamo formal al intendente de San Isidro para que desactive el muro. El pedido fue realizado por la secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Raquel Kismer de Olmos, en una carta en la que envió copia tanto a Posse como al otro intendente afectado, Osvaldo Amieiro. (DPA, Télam y DyN)
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