El gobierno bonaerense inició ayer un censo entre las familias que mantienen tomado un predio de 60 hectáreas en la localidad de Merlo, a fin de determinar la situación de cada una, mientras busca “negociar” con los dueños de los terrenos para encontrar una solución habitacional a los ocupantes, a los cuales se les ha pedido que desalojen los terrenos para concretar un reordenamiento.
El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Eduardo Aparicio, aseguró que la idea es “comprar o expropiar” las tierras usurpadas, para que los ocupantes pueda “tener lotes con servicios”.
“Estos terrenos tienen dueño, así que trataremos de negociar y llegar a un acuerdo de partes en el marco de la ley de vivienda para que el Estado compre o expropie y luego los vecinos puedan tener lotes con servicios”, explicó el funcionario provincial.
Luego de 22 días de usurpación de los terrenos, funcionarios bonaerenses iniciaron un censo social en el predio de 60 hectáreas, ubicado sobre la ruta 1003 en ese distrito del oeste del gran Buenos Aires, para determinar la cantidad de familias (se calcula que son 3.000) que permanecen en las tierras y la situación de cada una.
En declaraciones a radio La Red, Aparicio detalló que el censo busca “confeccionar una ficha con la situación de cada vecino: hay algunos con familia numerosa, otros con capacidades diferentes, abuelos y madres”.
El ministro de Desarrollo Social aclaró que quedarán excluidos del registro quienes hayan tomado las viviendas pertenecientes a un plan federal, ya que dentro del predio fueron usurpados terrenos sin construcciones y también casas que iban a ser entregadas en el marco de programas nacionales.
“Ellos no van a entrar en el relevamiento, porque están violando una ley muy seria; es gente que llegó en tres micros e invadió las casas que estaban construidas”, subrayó.
Si bien el funcionario admitió que se trata de “una toma indebida y pudo haber sido movilizada”, en medio del enfrentamiento entre el intendente Raúl Othacehé y el mandatario comunal electo, Gustavo Menéndez, remarcó que la mayoría “son vecinos de la zona que se fueron acercando al lugar por necesidad”, por lo que la provincia buscará encontrarles una solución habitacional.
Aparicio consideró, además, que una vez concluido el censo “la gente va a dejar los lugares” tomados para que las autoridades puedan iniciar tareas de limpieza y reorganización, aunque por el momento la ocupación continuaba.
Este martes, el gobierno provincial envió 600 efectivos de Infantería de la Policía Bonaerense, quienes mantienen custodiada la zona, aunque se aclaró que no habrá desalojo.
“El gobernador (Daniel Scioli) nos pidió que evitemos cualquier tipo de incidentes y violencia. Hay que evitar un desalojo que pueda provocar algún tipo de resistencia, y que la actuación de la fuerza de seguridad genere roce con los vecinos”, destacó el subsecretario de Urbanismo Social de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Spaletti.
Tras la reunión mantenida con representantes de las familias asentadas en el lugar, el funcionario llamó a diferenciar “la parte de los terrenos” ocupados y las casas en construcción que ya estaban adjudicadas.
“Lo que requerimos es que los ocupantes de las casas, que ya están adjudicadas, se tienen que retirar porque están afectando derechos adquiridos”, manifestó el subsecretario.
Spalletti, aseguró que “es necesario” que las familias que ocuparon terrenos en Merlo se retiren del lugar para iniciar el proceso de urbanización de esas tierras”.
Dijo que los canales de diálogo con las familias “están abiertos” y sostuvo que deben “reflexionar sobre la necesidad de retirarse para evaluar y hacer un proyecto a futuro con una urbanización ordenada”.
El funcionario explicó también que es necesario diseñar un plan hídrico “porque el predio está atravesado por un arroyo”.
