El 60 por ciento de quienes usurpan lotes rechaza ayuda social del municipio

Mientras el Ejecutivo se prepara para acudir a una audiencia convocada por la Justicia para resolver la situación de terrenos usurpados recientemente en Jauretche al 7900, datos aportados por la Secretaría de Promoción Social revelan que de cuatro intervenciones hechas por operadores en las tierras intrusadas, un 60 por ciento de las familias relevadas rechazaron la entrevista social para recibir ayuda ante una necesidad.

   El 2015 arrancó con varias tomas de terrenos públicos y privados casi en simultáneo. El secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, las había calificado de “intervenciones quirúrgicas” y el lunes pasado el titular de Control y Convivencia, Pablo Seghezzo, habló de “punteros que buscan generar desorden”.

   Lo cierto es que en dos meses se produjeron siete ocupaciones ilegales. La última fue en Jauretche al 7900, barrio Godoy, donde los vecinos denunciaron la “venta” de los “lotes” a 40 mil pesos en un predio privado. Las sospechas de organizaciones detrás de los “loteos” que surgen como la cara más perversa del déficit habitacional se multiplican en los comentarios de los vecinos.

   En el caso de barrio Godoy, el municipio exigió en la Justicia el desalojo, los ocupantes apelaron y el jueves que viene habrá una audiencia para avanzar en el expediente.

   Ayer, consultado por este diario Seghezzo, no dudó en insistir: “Llama la atención que en época de elecciones haya usurpaciones de manera sistemática. Nosotros estamos trabajando de muy buena manera en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación y con la Justicia de primera y segunda instancia. El próximo paso hacia adelante sería abrir líneas de investigación para saber si hay instigadores de estas usurpaciones, y en caso de que los haya, poder identificar las personas que se aprovechan de la necesidad del otro para promover este tipo de delitos”.

En territorio. Mientras el frente judicial avanza, Promoción Social ha tomado intervención en cuatro situaciones de usurpación. En cada una de ellas, los operadores en el territorio ofrecen a los ocupantes una entrevista social. Quienes acceden son registrados, se configura una constitución familiar en cada caso y se evalúan las distintas necesidades dentro de la seguridad social.

   Para ello se confirma si las personas están documentadas, si tienen la tarjeta de ciudadanía, la Asignación Universal por Hijo; se corrobora si los niños están escolarizados y a los jóvenes se les ofrece la oportunidad de sumarse a los programas municipales de capacitación e inclusión.

   En los casos de familias con más de un derecho vulnerado, con la existencia de violencia de género o vincular, se deriva a intervenciones especializadas en cada problemática.

   Según los datos procesados ayer, en barrio Cristalería 65 familias fueron convocadas a la entrevista social: ninguna aceptó ser entrevistada.

   En 27 de Febrero y Nicaragua (lindero a Circunvalación) 53 familias se convocaron para la entrevista social, tampoco aceptaron.

   En Club Defensores de Empalme (Olavarría y José Ingenieros) 45 familias fueron convocadas y aceptaron ser entrevistadas.

   En Viamonte y Brasil se convocó a 28 familias y todas aceptaron ser entrevistadas.

   En total, 191 familias fueron convocadas desde la gestión municipal y 81 aceptaron la entrevista social. Justamente lo que contrasta y alerta son las 110 familias que rechazaron la ayuda social.

   La titular de Promoción Social, Cecilia González, hizo su lectura al respecto. “Si rechazan es porque su intencionalidad y prioridad parece ser la vivienda y por ende deben anotarse en los planes de Nación y provincia. Evidentemente su interés es otro. Pero también ocurre que las personas que aceptaron la entrevista también plantearon la necesidad de un techo. La usurpación no es el camino, porque es un delito y toma participación la Justicia”, finalizó.