El opositor venezolano Henrique Capriles pidió ayer formalmente el recuento de votos de las elecciones presidenciales, que ganó por ajustado margen, 265.000 votos, el oficialista Nicolás Maduro, cuyo reconocimiento internacional crece, aunque con la notable excepción de Estados Unidos. El líder opositor asegura tener pruebas concretas que muestran discrepancias entre los sufragios registrados en las actas de las máquinas de votación y los datos contabilizados por el ente electoral para calcular el resultado, lo que lo llevó a desconocer al presidente electo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Maduro menos de 24 horas después de la votación, defiende la inviolabilidad del moderno sistema electrónico, auditado por expertos y avalado por los veedores internacionales. La jefa del ente electoral, Tibisay Lucena, recibió ayer a la comisión opositora en un encuentro cordial y se comprometió a darles una respuesta rápida, pese a que ya había dicho que abrir las cajas sería retroceder al viciado y obsoleto conteo manual.
Bytes y papeletas. Cada una de las casi 40.000 máquinas de votación instaladas envía un reporte a un sistema central e imprime al final de la elección un acta con el número de votos y a continuación una lista detallada de los sufragios. Además, la máquina entrega a cada votante un papel con su voto que es depositado en una caja. La oposición afirma que, en algunos casos, el número de votos registrados en esas actas y el número de votos transmitidos no coinciden, pero dice que la única forma de comprobarlo sería chequeando el resguardo de los votos.
Maduro inicialmente aceptó hacer el recuento en su primer discurso tras el triunfo, pero luego se retractó asegurando que la auditoría habitual del 54 por ciento de las actas de escrutinio es suficiente, lo que avivó las sospechas opositoras. "Lo que el Poder Electoral decida en torno a la solicitud que haga la oposición venezolana, nosotros la apoyaremos total y plenamente", dijo ayer el presidente electo.
Mientras Capriles insiste en el recuento de votos, los países de América latina, salvo Paraguay, reconocieron la elección de Maduro. Ayer, la Unión Europea dijo cautelosamente "tomar nota" de la elección, pero señaló que los recursos que presente la oposición deberían ser "debidamente" examinados. Pero Estados Unidos, principal comprador del petróleo venezolano, se mantiene intransigente a reconocer a Maduro. "Pensamos que debería haber un recuento", dijo el secretario de Estado John Kerry.
Fuentes del oficialismo aseguraron que el chequeo "voto a voto" reviste grandes dificultades técnicas y que muy probablemente tampoco despejaría todas las dudas al involucrar a muchos actores en un momento de alta tensión política. "Tomaría semanas culminar el proceso", dijo una de las fuentes, destacando los problemas técnicos sobre la posibilidad de contar los casi 15 millones de papeletas.
La presidenta de la Corte Suprema dijo ayer que "no existe posibilidad de conteo manual" según las leyes locales. Sin el recuento voto a voto, la oposición tiene pocas salidas para probar sus sospechas.
Capriles había anunciado que encabezaría ayer una gran marcha para presentar ante el árbitro electoral las miles de pruebas de irregularidades que asegura tener sobre los comicios y exigir un recuento de todos los votos. Pero una noche antes canceló la movilización argumentando temores a que el gobierno infiltrara personas para generar violencia. El joven opositor denunció que la residencia oficial de la gobernación del central Estado Miranda, que él encabeza, fue asediada la noche del martes. "!Cualquier cosa que me pase en la residencia oficial en Los Teques hago responsable a Nicolás Maduro!", escribió Capriles en su cuenta de Twitter.
Ordenes de captura. A su vez el dirigente opositor Leopoldo López denunció que el gobierno emitió órdenes de captura para él y Capriles. Aunque el oficialismo no hizo comentarios sobre la denuncia, Maduro ha repetido que Capriles tendrá que responder ante la Justicia por los actos vandálicos de sus seguidores, en los que según el gobierno murieron ocho personas y dirigentes socialistas fueron acosados. Imágenes transmitidas por los canales estatales mostraron sedes del partido oficialista y centros médicos cubanos en llamas.
La Fiscalía General de Venezuela procesó a última hora del martes la imputación para la privación de libertad de Capriles y otros miembros de la oposición. En su actuación, la fiscal general Luisa Ortega imputa a Capriles, a los miembros de su comando de campaña de los delitos de instigación a delinquir, agavillamiento o asociación ilícita, instigación a causar zozobra a la población y obstrucción de la vía pública, así como los asesinatos ocurridos el lunes durante varias protestas.
