"Entre otras amenazas, me avisaron que voy a aparecer tirado en un zanjón", advirtió Livio Folla, el docente de La Gallareta a quien le incendiaron la casa por denunciar a la Justicia la organización de carreras de perros en su localidad. Ahora, asegura que, a pesar de vivir con custodia permanente, permanece aterrorizado por el constante acoso, el descrédito y la tensión que sufre a diario con muchos de sus vecinos, ligados de algún modo a la organización de carreras de galgos, prohibidas en la provincia de Santa Fe.
Su caso determinó incluso la observación sobre el desempeño de los funcionarios de la Fiscalía Nº 4 de Reconquista, Gustavo Latorre, Martín Gauna Chapero, Leandro Banegas y su superior, el fiscal regional Eladio García, quien fue apartado por la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación tras ser denunciado por Folla por no investigar el incendio de su vivienda, ocurrido el 27 de julio último.
El titular del órgano judicial, Julio de Olazábal, respondió a la denuncia de hechos presuntamente delictivos con una advertencia a los fiscales mencionados y la designación del fiscal regional, Alejandro Sinopoli, para que intervenga como auditor ad-hoc y lleve adelante la investigación sobre la actuación de García.
Olazábal consideró en relación a García que, teniendo en cuenta que más allá de que hasta el momento las manifestaciones del denunciante Folla no hayan sido verificadas, "la sola imputación directa que formula se revela como suficiente para poner en crisis la objetividad y eficacia en el desempeño de las actividades de García en relación al caso".
Respecto a Latorre, Chapero y Banegas, se resolvió que "su apartamiento no puede ser adoptado directamente por el fiscal general sino que debe actuar el fiscal regional correspondiente. En este caso quien resulte designado para reemplazar a García". Este además deberá decidir el cambio de radicación de la causa solicitado por Folla, quien pidió el traslado del expediente a Reconquista.
Amenazas. "Cuando se te termine la custodia, se te termina la vida", le dijeron a Folla los vecinos de La Gallareta que no le perdonan que haya ventilado las actividades de uno de los centros más convocantes de carreras de galgos en el norte santafesino.
"Lo peor que le podés hacer a esta gente es denunciarlos y salir a hablar ante los medios. Porque todo se conoce y trasciende. Incluso el mal accionar de los fiscales que escondieron pruebas, soslayaron la importancia del caso y no investigaron", sostuvo el profesor, quien desde que ocurrió el atentado no puede salir a dictar clases de técnicas agronómicas como lo hacía habitualmente en distintas escuelas del departamento Vera.
"No me atrevo a salir. Doy clases en la escuela del pueblo pero ya no viajo porque transito largas distancias por caminos solitarios y eso me da miedo. Me amenazaron con incendiar mi casa y lo hicieron. Ahora quiero evitar que cumplan con la amenaza de matarme y arrojarme a una zanja", sostuvo el maestro que tiene su vivienda bajo custodia las 24 horas.
Todo se originó cuando Folla, otros proteccionistas y la diputada Alicia Gutiérrez, autora del proyecto de prohibición de carreras de galgos sancionado en noviembre de 2014, denunciaron el lugar y la fecha en que se haría una jornada de carreras de galgos ante el jefe de Seguridad del Nodo Reconquista y se organizó un operativo con la policía y la guardia rural Los Pumas. Irrumpieron en un predio, detuvieron a 25 personas y colectaron gran cantidad de pruebas sobre la competencia en el "galgódromo" ilegal.
Como represalia incendiaron la casa de Folla. El episodio fue el corolario de una larga serie de denuncias que las organizaciones proteccionistas realizan desde que se sancionó la ley y apuntaron a La Gallareta como uno de los centros más importantes en los que se desarrollaba este tipo de contiendas, con gran concurrencia de público, de propietarios de perros provenientes de diversas provincias y un sistema de apuestas y premios organizado.
Sin novedades. "Desde que ocurrió el hecho hasta ahora no hubo adelantos en la investigación", confió una fuente ligada al caso y agregó que "desde que notificaron a Folla sobre el desplazamiento del fiscal, el 8 de septiembre, no tuvimos novedades". "Tampoco sabemos si el fiscal designado comenzó a investigar a García, si se nombró a un fiscal regional que continúe con el caso y qué pasa con los fiscales de Vera que están denunciados. Ellos no pueden actuar y hoy se dedican a hostigar a la víctima junto a la policía", deslizó el informante.
"Esta situación, y otras que se dan en los tribunales de Vera, conforman un panorama de gravedad institucional inusitado. Hoy continúan vinculados a la causa tres fiscales denunciados por mal desempeño de sus funciones y por ocultamiento de pruebas", confió y contrastó: "Mientras tanto, al denunciante le siguen los pasos, le marcan los movimientos y controlan sus horarios y no hay nadie que al menos le garantice un mínimo de seguridad".
