Agrupaciones de inquilinos de Rosario y la provincia consideraron como un avance el dictamen que se emitió en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, donde se trató un documento para tratar la nueva ley de alquileres. Con la mayoría de votos de los integrantes del Frente de Todos (16 votos contra 14 de Juntos por el Cambio), se propuso el incremento de los incentivos fiscales a la oferta de alquileres y el cumplimiento integral de la ley, es decir que se prevé mantener los tres años de contrato y regular el índice de actualización anual (ICL), dos de los puntos en discusión por la oposición. Resta saber cuándo se tratará en el recinto.
En declaraciones a La Capital, Emmanuel Canelli de la Asociación de Inquilinos de Rosario (AIR), analizó: "De los tres dictámenes, el impulsado por el Frente de Todos es el que más se asemeja a los que veníamos solicitando: mantener los tres años de contrato y que el Estado continúe interviniendo en los aumentos y la baja en la oferta, para favorecer a los propietarios a que vuelquen nuevamente esas propiedades en alquiler".
En ese sentido, Canelli sostuvo que "el problema actual que atraviesa el mercado inmobiliario es macroeconómico y repercutió en el bolsillo de muchas familias, sobre todo las que alquilan. Otro de los problemas es que el Estado no regula la ley durante los primeros doce meses, por eso entendemos que lo que propone Juntos por el Cambio (reducir la duración de contratros y liberar los aumentos) elevará el costo de los alquileres".
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Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
“Frenamos la avanzada del mercado inmobiliario sobre el Congreso. Logramos un dictamen de mayoría del FdT que protege los derechos de los inquilinos que incorporó la nueva ley”, sostuvo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, para agregar que “las propuestas de modificación regresivas de la ley, según lo que quería el mercado inmobiliario, quedaron en minoría”.
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En ese sentido, hizo alusión a los los 14 votos que tuvo el dictamen de Juntos por el Cambio, bancada que planteaba la reducción del contrato mínimo a 2 años y la liberación de los aumentos.
“Lo dijimos desde el principio, de lo que se trata es de avanzar, no de retroceder. Más desregulación iba a significar más aumentos y más crisis habitacional. La enorme militancia de todas las agrupaciones de inquilinos del país durante estas semanas puso un freno a la presión del lobby inmobiliario y permitió que muchos diputados entendieran que estaba en disputa en esta discusión”, afirmó Artola.
“Por supuesto que falta y muchísimo, vamos a seguir luchando para la regulación del precio inicial de los alquileres y para que de una vez por todas exista en nuestro país una política integral de acceso a la vivienda, donde el Estado tiene que tener un rol fundamental”, concluyó.
El debate por la ley de alquileres
La falta de acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio obligará a las dos principales fuerzas políticas a intentar alcanzar entendimientos con el Interbloque Federal y Provincias Unidas para poder imponerse en el recinto de sesiones, debido a la extrema paridad que existe entre el FdT y JxC.
A eso se suma el tercer dictamen impulsado por el bloque de Graciela Camaño (interbloque federal), que prevé beneficios fiscales para propietarios, por lo cual deba tratarse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
El Frente de Todos -que logró el despacho de mayoría con 16 firmas- propone mantener los aspectos esenciales de la ley vigente que son los contratos con plazos de tres años, una actualización anual y un ajuste basado en un promedio de la inflación y los salarios como establece la ley vigente.
Además impulsan que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen general cuando superen las tres unidades ejecutoras si alguna de ellas está destinado a alquiler y que no paguen bienes personales si son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.
También establece un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la Afip, entre otras cuestiones.
