La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en forma provisoria que el gobierno nacional afronte con sus propios recursos el costo fiscal de la reducción de los impuestos al valor agregado (IVA) y a las ganancias dispuesta en agosto, luego de la devaluación. El máximo tribunal aceptó el reclamo cautelar de las provincias y ordenó que no se afecten los recursos de coparticipación. Los Estados subnacionales recuperan, así, unos $ 34,381 millones. Para Santa Fe significa retener unos $ 3 mil millones.
El gobernador Miguel Lifschitz celebró el fallo. "El gobierno nacional no puede tomar medidas a costa de los fondos que corresponden a las provincias", dijo.
La reducción temporal de esos tributos coparticipables fue anunciada por el gobierno nacional días después de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) el 11 de agosto. La medida afectó en forma unilateral los recursos de las provincias, en momentos en que deben atender los pagos de salarios y las crecientes demandas sociales por la crisis. Así, 15 distritos pidieron una medida cautelar a ante el máximo tribunal del país.
La medida cautelar fue firmada por tres votos contra uno. El presidente Carlos Rosenkrantz firmó en disidencia y la vice Elena Highton no lo hizo. La resolución dispone que los costos fiscales que surjan de la aplicación de los decretos 561 y 567 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sean asumidos con recursos propios del Estado nacional.
Los juicios fueron tramitados por Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
El Centro de Información Judicial (CIJ), dependiente de la Corte, difundió la decisión adoptada en el caso de Entre Ríos, pero los argumentos fueron similares a los de las otras provincias.
Para otorgar la medida cautelar, los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti evaluaron que "el peligro en la demora radica en el impacto inmediato que esta reporta en el presupuesto provincial que se encuentra actualmente en ejecución, y en el goce de los derechos respectivos por parte de los habitantes".
La Corte subrayó la trascendencia de las leyes-convenio entre las provincias y el Estado nacional en el marco del proyecto federal que establece la Constitución nacional, por lo que sus previsiones no pueden ser modificadas unilateralmente.
La mayoría del alto Tribunal consideró, además, que la posibilidad de detraer recursos coparticipables, debe ser dispuesto por el Congreso y cumpliendo los requisitos constitucionales.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), estimó el costo fiscal directo de las dos medidas en $ 59.362 millones, desde septiembre a diciembre.
De ese monto, $ 34.381 millones es la pérdida de las provincias, que ahora podrán recuperar. De acuerdo al estudio del Iaraf, el dinero en juego por ambos impuestos en el caso de santa Fe es de $ 2.869 millones.
La brecha a financiar, ahora por parte del Estado nacional, equivale al 0,16 por ciento del PBI y equivale al 30 por ciento del déficit fiscal proyectado en el presupuesto nacional para 2020.
"Estas medidas de alivio tributario transitorio deberían haberse considerado conjuntamente entre Nación y provincias, de manera previa", señaló el Iaraf, que considera que se hubiera evitado llegar, de ese modo, a esta instancia judicial.
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, descartó por ahora el envío de un proyecto de ley al Congreso.
"Las medidas se van a mantener y veremos de qué manera" se cubre el déficit de coparticipación con las provincias y municipios, afirmó Garavano, quien consideró que la sentencia "no es clara en cuanto al alcance" y "se verá de qué manera se puede cumplir".
