El triple vallado por Oroño, más la presencia de policías y un camión hidrante de Gendarmería, hacían pensar ayer temprano a quien anduviese en la zona del Colegio de Abogados que allí se iba a dar la sentencia a un crimen resonante. Pero lo que se estaba por iniciar era la videoconferencia en la que cien personas verían desde Rosario en pantalla gigante la audiencia pública por las tarifas del gas, que se realizaba en la Usina del Arte, en Buenos Aires.
En muchas ciudades estaba prevista la realización de actos contra el tarifazo. Al gobierno nacional, con evidente recelo por el manejo de la calle, no le habían pasado inadvertidas las convocatorias. Y por ello, bajaron un estricto protocolo de seguridad a cada sede.
En Rosario, todo estuvo muy tranquilo. Mientras atrás sobraba la retaguardia policial, la primera línea de atención a los participantes de la audiencia destilaba glamour. Poco antes de las 9, tres promotoras con cuidado look de chupines negros y camisa de seda blanca se acercaban a las vallas de ingreso, casi sobre la esquina de Montevideo, con un listado de personas habilitadas a entrar al Colegio de Abogados.
Jóvenes de camisa y sweater con rombos charlaban con chicas tan elegantes como las que custodiaban el acceso. Todos hacían fila para ingresar y sonrieron algo nerviosos cuando un conocido movilero de la TV local les preguntó si trabajaban "como asesores del Concejo". Mientras tanto, los integrantes de la Multisectorial se quejaban por los criterios restrictivos. Como Juan Milito, de la Unión de Almaceneros: "Tenemos que saber que no hubieran convocado a audiencia si el pueblo no se movilizaba, ellos querían un aumento brutal. Pero la forma en que organizaron lo de hoy, demuestra que van por el mismo objetivo. Esto es una farsa", señalaba.
Unos minutos más tarde, con el público prolijamente sentado, tomaba la palabra en la pantalla Juan José Aranguren para explicar la nueva propuesta oficial de cuadro tarifario, que surgió tras la resistencia ciudadana en estos meses a pagar los aumentos superiores al mil por ciento que había presentado el ex CEO de Shell al asumir como funcionario.
"La idea es caminar por un sendero gradual y previsible de quita de subsidios", mencionó. Y fue pasando durante veinte minutos varias planillas mostrando porcentajes de usuarios afectados por la suba y costos de producción. "El 23 por ciento del gas se consume en hogares, el 27 por ciento tiene como destino usinas y el 29 por ciento la industria", dijo el ministro.
"Del 1,29 dólar actual vamos a llegar a 6,78 dólares el millón de BTU, que es el valor internacional del gas, en octubre de 2019", explicaba Aranguren. En la pantalla, una segunda columna mostraba que el subsidio del gas domiciliario, que hoy es en promedio el 81 por ciento del total, se prevé llegar a 0 en la misma fecha.
Aranguren, tal vez uno de los funcionarios más cuestionados en los últimos meses del gabinete nacional, fue aplaudido efusivamente aquí en Rosario por sus seguidores, al terminar su discurso. Poco después, los responsables de la ovación se marchaban s y la sala quedaba casi vacía.
Las voces críticas. "Se fueron los militantes del PRO", escribió en su Twitter el concejal Eduardo Toniolli, que fue habilitado para entrar. Quien también pudo ingresar fue Alberto Muñoz, de Usuarios y Consumidores, a quien se le autorizó una exposición de diez minutos, cerca de las 20 hs. "Esto no es lo que pidió la Corte Suprema, que en su fallo apeló a la participación y que se escuche al ciudadano. Acá no se presentaron los informes en tiempo y forma. Apenas hace 48 horas aparecieron datos en la página del Enargas. Hubo un criterio discrecional para elegir quiénes podían hablar. En vez de hacer algo abierto, pusieron vallas y dejaron entrar a 99 personas elegidas a dedo", dijo.
Juan José Sisca, de Apyme, blandía en la puerta el fax con la respuesta denegada a su pedido de tomar la palabra en la audiencia: "Aquí está la prueba de que nos anotamos. No nos dejan ni siquiera entrar a ver. Un cuarto del consumo de gas del país es residencial, el resto somos las pymes, las fábricas, los clubes. Pero no se nos va a escuchar".
Por su parte el dirigente del PTS, Octavio Crivaro, que fue otro de los oradores del acto en la puerta del Colegio de Abogados, mencionaba: "Hoy somos apenas quince rosarinos habilitados para hablar, de un millón y medio de habitantes que tiene la región. Y lo mismo pasó en el resto del país. Lo que no quieren que se sepa son los costos reales del gas en la Argentina. Van a aplicar el tarifazo, pero en cuotas y con tarifas dolarizadas".
Gisela Scaglia, diputada nacional del PRO, fue designada ayer como vocera oficial de la audiencia. Ante las críticas a la restricción del ingreso informó que la orden sobre el operativo en Rosario "llegó de Presidencia, con un protocolo de seguridad, armado de vallas, manejo de la prensa y administración de la lista de oradores". El Sindicato de Prensa de Rosario cuestionó también que las cámaras de TV no hayan podido ingresar al Colegio de Abogados.╠
Scaglia reveló a La Capital cuál sería la estrategia del gobierno en los próximos días, para mostrar que se escucharon algunas propuestas de la Audiencia: "Va a haber cambios, creo que por el lado de las pymes y el GNC", anticipó.