Habrá nueve juicios orales por delitos de lesa humanidad durante este año

Los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad continuarán en 2020 con nueve juicios orales y públicos, entre los que se destacan los debates de las causas por la apropiación de la empresa Chavanne-Industrias Grassi, ocurrida durante la última dictadura cívico militar, y los delitos sexuales cometidos por los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

Ambos juicios se iniciarán el 17 de marzo en los Tribunales Federales de la ciudad de Buenos Aires y, en el juicio de Chavane-Industrias Grassi, se analizará un caso de complicidad civil y empresarial con la represión ilegal.

En el juicio Chavanne-Industrias Grassi, serán juzgados el ex agente del batallón 601 de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti y el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne, quienes están acusados de haber participado en el secuestro de 28 empresarios vinculados al banco de Hurlingham y la siderurgia Grassi.

Las víctimas estuvieron detenidas en la prisión militar de Campo de Mayo, y durante su cautiverio fueron torturadas y presionadas para entregar estas empresas a sectores económicos vinculados con la última dictadura cívico militar.

En tanto que en el juicio Esma - Delitos sexuales se juzgarán a represores, varios de ellos que violaron o abusaron de mujeres detenidas en el centro de detención clandestino que funcionó en la Ciudad de Buenos Aires y dependía de la Armada.

Tras la finalización de la feria judicial, se iniciará el 12 de febrero, en Bahía Blanca, el juicio de la causa "Ejército-Triple A", con cuatro acusados por delitos cometidos en la Universidad Nacional del Sur por la organización parapolicial creada por José López Rega, ministro de Desarrollo Social entre 1973 y 1975.

Uno de los casos que se procesarán en este juicio será el del estudiante David Hover Cilleruelo, que tuvo lugar en la sede de esa casa de altos estudios.

El 21 de febrero, en Mar del Plata, está previsto el juicio "La Cueva III", en relación al centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata.

Uno de los imputados es Salvador Ullúa, quien es juzgado en la actualidad por su participación en los delitos cometidos por la banda parapolicial de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU).

En Córdoba, a partir del 15 de abril, se juzgará a 19 represores, en un proceso que unificará las causa "Diedrichs" y "Herrera", en las que se investiga el accionar del grupo de represores que actuaba en el centro clandestino de detención de La Perla.

También el 15 de abril, pero en La Plata, está previsto el inicio del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en una sede policial ubicada en esa ciudad, en 1 y 60, y que tiene a 18 imputados.

El 5 de mayo, también en la capital de la provincia de Buenos Aires, empezarán a ser juzgados 14 represores, entre ellos el ex comisario Miguel Etchecolatz y el médico Jorge Berges, por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes.

El 7 de septiembre, en tanto, comenzaría en La Plata el debate por delitos cometidos en la Brigada de Investigaciones de Lanús, pero está vez por sólo cinco hechos ocurridos en esa dependencia policial.

Asimismo, está previsto para este año, en Neuquén, el inicio del juicio "La Escuelita" VII, en un tramo denominado como "Taffarel, que involucró la desaparición de un grupo de estudiantes de Trabajo Social, un grupo de artistas neuquinos y militantes políticos de la ciudad de Cutral Co.

Robo y repudio

En tanto, los organismos de derechos humanos repudiaron "enérgicamente" el robo de la placa recordatoria en memoria y homenaje a Alejandro Almeida, hijo de la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, que estaba en el Instituto Geográfico Nacional.

"No es casual que el robo de la placa se produzca hoy, cuando los derechos humanos han vuelto a la Casa Rosada y las políticas de memoria, verdad y justicia han vuelto a ser políticas de Estado,", señalaron a través de un comunicado divulgado ayer por el Espacio Memoria y Derechos Humanos.

El viernes a la mañana, una empleada de control de personal del Instituto se dio cuenta que la pared en la que estaba la placa de homenaje de Alejandro Almeida estaba vacía, se hizo la denuncia judicial, junto con un comunicado interno repudiando el acto de vandalización, tras lo que apareció el autor, un trabajador que confesó haber robado la placa.