Guardati y Torti pidió excluir del concurso a 70 acreedores y se calienta el trámite

La empresa bursátil y corredora de cereales Guardati y Torti SA (GyT) solicitó que sean desplazados por hostilidad unos 70 acreedores que participan del concurso preventivo de la empresa, cuyos directivos, de manera paralela, están imputados por administración fraudulenta tras ser acusados de utilizar indebidamente el dinero de inversores.

Esto ocurrió luego de que la financiera no obtuviera los avales indispensables para la aceptación de su plan de pago. Para ello necesitaba una mayoría simple del total de acreedores y además que éstos representen el 66 por ciento de la deuda. El espíritu de la ley de concursos y quiebras define esto para evitar que un acuerdo de varios acreedores chicos perjudiquen las expectativas de terceros y, en otro plano, para impedir que acreedores minoritarios pero fuertes en capital desfavorezcan a la mayoría numérica.

El hecho de que la empresa bursátil no obtuviera esas mayorías necesarias para homologar y aprobar la propuesta de pago, presentada el año pasado, llevó ahora a sus abogados a pedirle al juez del concurso una prórroga para gestionarlas. Pero además señalaron en un escrito al juez que el derecho de voto se concede al acreedor a los efectos de que lo ejerza en función de las bondades concretas de la propuesta y no en base a otras motivaciones. Y lo que dicen es que un grupo de estos, por más ventajosa que sea la propuesta, no la aceptarán "por motivaciones extra crediticias".

Guardati y Torti señala que un grupo de acreedores no acepta la propuesta de pago "por motivaciones extra crediticias" Guardati y Torti señala que un grupo de acreedores no acepta la propuesta de pago "por motivaciones extra crediticias"

GyT denuncia que estos acreedores son un grupo que están conectados por Whatsapp y que representan dos abogados. Y además un segundo grupo con el cual "se ha intentado incansablemente acordar los términos de la propuesta concursal, incluso se ha aceptado sus requerimientos en la audiencia informativa mediante una mejora de la misma consensuada", la que no fue aceptada "sin justificación objetiva alguna". Por eso le piden al juez que los aparte de las condiciones necesarias para el acuerdo.

Mariano Pujol, que es abogado de 40 ahorristas que están entre los objetados por la bursátil, rechaza el planteo. "La propuesta presentada a los acreedores siempre es mala, no convence. Supone el pago del 100 por ciento del valor nominal de los créditos en pesos sin intereses y de los créditos en dólares pesificados a la punta más baja de la cotización del Banco Nación". Se trata de una deuda obviamente que se congeló en 2020 cuando la empresa no pudo hacer frente a los pasivos. Hubo dos años de inflación lo que deprecia obviamente el capital invertido", sostuvo.

El juez Zabale deberá definir qué rumbo tomar. Si no se prorroga el plazo para que GyT llegue con la propuesta y fracasa el acuerdo preventivo podría corresponder que se abra el proceso donde interesados ofrezcan quedarse con la compañía (cram down) o bien se decrete la quiebra. "El planteo de hostilidad de Guardati Torti no tiene pies ni cabeza", dijo el abogado Pujol. "No solo nuestros representados no acompañaron la propuesta que supone una importante licuación de su crédito en un contexto de alta inflación y brecha cambiaria. El rechazo fue masivo. Y así como Guardati Torti tiene derecho a realizar esta propuesta, sus acreedores también lo tienen de rechazarla y ello no es abusivo".

"Así como Guardati Torti tiene derecho a realizar esta propuesta, sus acreedores también lo tienen de rechazarla" "Así como Guardati Torti tiene derecho a realizar esta propuesta, sus acreedores también lo tienen de rechazarla"

El abogado, que este jueves presentará un escrito para que el juez siga adelante con el proceso sin conceder una nueva prórroga, sostiene que si la empresa quebrara no sería por culpa de los 40 acreedores que representa, y que tildan de hostiles, sobre 394 en total. "Nuestros clientes no mueven el amperímetro y por ende no pueden obstaculizar ningún acuerdo entre Guardati Torti y sus acreedores dentro del proceso concursal. La empresa con su pedido busca impedir que aproximadamente el 20 o 25% de los acreedores de su concurso no voten ni sean considerados para el computo de las mayorías que requiere la ley. Es absurdo e injusto. No recuerdo un planteo semejante. Tenemos confianza de que la Sindicatura y el Juez no avalen este pedido que solo busca que la empresa acomode las mayorías a su propia conveniencia, para sacar adelante el concurso y luego intentar debilitar la causa penal contra sus directores".

El proceso penal es paralelo al concurso. Comenzó cuando la empresa fue denunciada por maniobras ilícitas, consistentes en operaciones de transferencias bancarias y de compraventa de dólares y de títulos valores de parte de la sociedad bursátil GyT SA para fondear las operaciones de la firma conectada GYT Plus SA, con conocimiento que ésta se encontraba en cesación de pagos. El fiscal Sebastián Narvaja añadió a ese delito presunto la imputación de un segundo hecho a los miembros del directorio consistente en haber certificado y autorizado el balance del ejercicio finalizado al 30 de septiembre de 2019 incompleto y con información falsa, reflejando una situación que no se correspondía con la realidad económica de la sociedad de bolsa GT SA.

Los imputados son el presidente y vice de Guardati Torti, seis directivos y el síndico. Sobre todos ellos pesa prohibición de salir del país y debieron pagar una caución cada uno de dos millones de pesos. El fiscal Narvaja les atribuyó a los directores y al síndico haber defraudado a 156 inversores que les delegaron operaciones financieras ocasionándoles un perjuicio patrimonial de 6.768.645 pesos y 1.152.151 dólares.

Este lunes hubo una apelación que planteó Guardati y Torti respecto del control jurisdiccional de la última imputación cuando se agregó la imputación de administración fraudulenta. Sobre la base de un fallo del camarista Javier Beltramone, que luego se apartó de la causa, se permite que los acusados controlen la imputación. Lo que hicieron los abogados de la empresa es apelar para que se revierta este nuevo delito. En la audiencia fueron escuchadas víctimas que relataron el daño económico y emocional sufrido. Ahora el camarista Guillermo Llaudet, que la presidió, tiene que pronunciarse.