El proyecto de ley que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros recibió ayer dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y quedó habilitado para ser tratado hoy en sesión especial, en una jornada de intenso pero rápido debate que fue cuestionado por algunos legisladores, no sólo por el fondo de la iniciativa sino además por la forma que adoptó su discusión.
La iniciativa recibió el apoyo del bloque del Frente para la Victoria (FPV), del peronismo puntano (Compromiso Federal) y de Unión Peronista, la bancada que conduce el diputado Felipe Solá.
La norma, debatida en un plenario de las comisiones de Legislación General, que conduce Luis Cigogna; Asuntos Constitucionales, a cargo de Diana Conti; y de Agricultura, presidida por Luis Basterra, fue uno de los pedidos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le hizo al Congreso en su discurso al reasumir la jefatura de Estado, el sábado último.
Los cambios. Si bien el dictamen de mayoría tuvo como base la propuesta que el Ejecutivo remitió meses atrás a la Cámara baja, se incluyeron en el texto modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques y se redujo, por ejemplo, del 20 al 15 por ciento el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera.
Además, según el texto -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de "personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad".
La iniciativa establece que las tierras rurales -cuyo significado se amplió al definirse que se trata de todas aquellas que están fuera del ejido urbano- en manos de extranjeros "no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales".
El oficialismo, con el asesoramiento de técnicos del Poder Ejecutivo introdujo cambios al proyecto original del gobierno al reducir del 20 al 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales.
El porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio o "entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural", dice el texto firmado ayer por el bloque oficialista.
Disidencias. En tanto, la oposición se dividió en cinco despachos de minoría y el Frente Amplio Progresista (FAP) optó por no presentar un despacho propio ni firmar algunos de los propuestos. Los dictámenes alternativos fueron presentados por el radicalismo, el PRO, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica-ARI y Jorge Yoma (FPV), quien distinguió su posición del resto del oficialismo.
El interbloque del FAP no firmó ningún proyecto y, según confirmó el jefe político del espacio, Hermes Binner, esa fuerza "apoyará en general en el recinto" la iniciativa de mayoría y cuestionará en particular varios de sus artículos.
El actual presidente de la Cámara baja y ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, celebró el avance registrado y aseguró que "la presidenta se anticipa una década en el cuidado del principal recurso que produce alimentos que es la tierra".
A su vez, destacó en una declaración difundida a la prensa que "la tierra es un recurso estratégico natural no renovable que es de titularidad del Estado, nacional o provincial, o de los habitantes argentinos y de las generaciones futuras, un recurso que perteneció a nuestros abuelos y que debemos dejar como herencia a nuestros hijos".
En tanto, el proyecto impulsado por el radicalismo considera que "las unidades económicas productivas deberían ser fijadas por las provincias".
Además pide la intervención de las Legislaturas provinciales en la materia y cuestiona la creación de un registro único nacional, en vez de que cada distrito haga su propio diseño zonal.
Yoma a su turno propuso en su dictamen de minoría que la autoridad de aplicación sea el Ministerio del Interior por su vínculo con las provincias y juzgó que el plazo para el relevamiento catastral debería ser de por lo menos dos años.
La diputada del Frente Peronista Graciela Camaño postuló incluir penalidades en el texto del oficialismo y Claudio Lozano (FAP) sugirió "suspender la venta a extranjeros hasta tener un relevamiento" de todo el territorio nacional.
El mal tiempo no permitió reanudar las clases tras el ataque pero el gobierno provincial ratificó las demás actividades programadas fuera de la institución
Por Florencia O’Keeffe