La discusión sobre un impuesto global a las multinacionales, que al inicio de esta semana fue aprobado por los países del G-20 podría convertirse en un “quiebre”, aunque “coyuntural” del predominio del paradigma neoliberal en la economía internacional. “Puede ser algo transitorio, aunque con un matiz que mejore algunas cosas”, consideró Sergio Páez, doctor en economía de la Universidad de Río de Janeiro, asesor económico durante varios años en el Ministerio de Economía y colaborador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
En esta entrevista, realizada pocos días antes de la decisión que tomaron los países del G-20 de fijar un impuesto global a las multinacionales de al menos 15% a partir de 2023, Paez planteó que “se está dando una reversión de la competencia fiscal con la proliferación de paraísos fiscales”, pero es un fenómeno que, llamativamente, está traccionado por países como Estados Unidos que ven “afectada su capacidad recaudatoria” mucho más con la pandemia y eso altera su esquema social en términos de “igualdad y distribución del ingreso”. Y que requerirá de la instrumentación de organismos “supranacionales” para establecer equitativamente los mecanismos de compensación entre los países donde están asentadas las empresas y los países de origen.
_ ¿Qué importancia tienen los acuerdos internacionales en relación al impuesto global a las multinacionales y cuáles serían sus implicancias?
_ Primero hay que observar el lado político. Se está dando una reversión en el panorama internacional de aquello que antes se venía privilegiando, lo que se llama la competencia fiscal con la proliferación de paraísos fiscales. Es un fenómeno global donde algunos Estados promovían la radicación de empresas a partir de reducir notablemente la parte impositiva. Esto tiene implicancias porque los grandes países donde hay mayor población y en cuales los Estados proveen mayores servicios públicos y ven notablemente afectada su capacidad recaudatoria, y esto impacta en términos de igualdad y distribución del ingreso.
_ ¿La pandemia agilizó la necesidad de los Estados de rever la competencia fiscal o por la proliferación de paraísos fiscales que generan situaciones vinculadas con delitos económicos?
_ Creería que si bien es una discusión que ya estaba, el cambio político se da a partir una necesidad interna de Estados Unidos, donde la reducción de los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones afectó su estructura productiva y profundizó la desigualdad. Luego lo empezaron a negociar en el G-7 y luego la Ocde, y fue tema de debate en el G-20 con la reunión de ministros y posteriormente lo será en la de presidentes. También el nuevo proyecto demócrata implica un cambio en ese sentido, volver a “Make America great again”, aprovechar este aforismo de Trump, pero pensando una reconstrucción de la sociedad norteamericana. Me parece que (el impuesto global) está más asociado a esa interna que a la pandemia.
_ La propuesta de Biden era mucho más ambiciosa de lo que se terminó discutiendo en el G-7.
_ Sí, la propuesta inicial que el esbozó era de un 21% y la que está negociando ahora es de un 15%, como mínimo. Incluso en algún momento se habló del 25%, porque es la alícuota que está más próxima a las efectivas dentro de la Ocde. Pensemos que este 15% es un piso bastante más bajo.
_ ¿Esto serviría para frenar las maniobras de evasión a través de paraísos fiscales? ¿Será efectivo o se quedaría corto?
_ Obviamente está bien intencionado y marca una tendencia. Lo que pasa es que siempre los grises legales aparecen, que son las discusiones sobre cómo se hace la distribución, porque esto implica, por un lado, que haya algún control a nivel internacional, supranacional, y por otro, que haya flujo de transferencias compensando a los países. Eso todavía no está aceitado, no están los mecanismos.
_ La implementación se complejiza por la red que trazan las multinacionales en distintos lugares. ¿Cómo se podría hacer?
_ Me parece que es algo que está empezando a caminar, que va avanzar en todas estas instancias de negociación multilateral y que van a acabar en la necesidad de una coordinación por establecer algún organismo fiscal supranacional, que vaya aceitando estos detalles sobre cómo se hace esa recaudación y cómo se establecen los mecanismos compensatorios. Es una cuestión técnica, pero también política porque hay que ampliar la cantidad de países para que sea efectivo, incorporar todos los territorios soberanos que tienen incidencia en la política fiscal, porque si queda alguno afuera, ése se puede convertir en el paraíso fiscal que termine operando como una guarida. Entonces este primer momento es de avance político y de incorporación de la mayor cantidad de países. Eso implica quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores.
_ Respecto de la distribución, hay tensión entre los países centrales que promueven la distribución en mayor medida a la sede de las multinacionales y los emergentes que piden que se tome en cuenta en dónde actúan
_ Exacto. Hoy por hoy la propuesta qué salió del G-7 implica una redistribución tomando en cuenta el origen de capital, o sea el de las empresas. El resultado de esto es que la estimación sobre la recaudación el 60% iría al G-7, y un tercio sería Estados Unidos. Sabemos que las multinacionales operan a nivel global, en el sur global, en países emergentes y que esa redistribución no sería en realidad donde las empresas están obteniendo su beneficio. Entonces ahí está esa otra posición de los países emergentes o del sur global, en hacer una redistribución siguiendo criterios más asociados a donde efectivamente las multinacionales están realizando la actividad económica. Eso generaría otro criterio.
_ En términos generales, de lo que conoces en los países de América latina, ¿Cómo quedarían en relación a este impuesto?
_ Todas las alícuotas legales de la región están por encima. Hay otro tema en discusión dentro de América latina que son alícuotas efectivas, porque hay distintos mecanismos, deducciones que implican que las alícuotas legales, por ejemplo en Argentina que comienzan con el 25%, después son progresivas. La alícuota efectiva es mucho menor. Ahí también hay otra cuestión para discutir.
_ En la Argentina, ¿cómo ves a esa discusión?
_ Hoy en la negociación es fundamental conformar algún bloque. En este caso, lo que se puede hacer es plantear una posición firme como región con Brasil y con los otros países del G-20. Las grandes multinacionales operan no sólo en la tecnología sino en gran parte en la estructura productiva industrial, que tanto en Argentina como en Brasil es de origen extranjero. Entonces deberíamos plantear una posición bastante firme pugnando por una redistribución que sea más acorde a lo que es la estructura productiva y en relación a cuánto es lo que realmente aporta a estas multinacionales.
_ Yendo un poco más allá de la discusión tributaria, ¿puede ser esto parte de alguna reforma, de algún andamiaje distinto de lo que es la política económica internacional, nuevos vientos después años de neoliberalismo?
_ Me parece que plantea un quiebre. Me resulta difícil hablar de un quiebre tan profundo en términos neoliberales, porque sigue manteniendo la pauta, por lo menos en Argentina y para el sur global. Las orientaciones de política económica siguen siendo las de los organismos multilaterales que mantienen su espíritu fuertemente neoliberal e incluso lo vemos ahora cuando Argentina está negociando su deuda con el FMI. Hay algún quiebre, pero no sabemos si es coyuntural o si es una cosa un poco más estructural. Tiendo a pensar más en lo primero, que es una cosa más transitoria y con algún matiz mejorando algunas cosas.
La decisión que tomó el G-20
Los ministros de Finanzas del G-20 aprobaron en Venecia la imposición de un impuesto a las multinacionales que debería entrar en vigencia en 2023. Establece un impuesto global de “al menos el 15%” sobre las ganancias de las empresas y afectaría a menos de 10.000 grandes compañías, cuya facturación anual supere los u$s 890 millones.
