La economía popular. Una mera changa o trabajo “inventado” de subsistencia, o un conjunto de tareas que con dignidad desempeñan los excluidos de ese sistema en el que sólo un 50% del trabajo es formal, protegido por derechos, y que esperan que prosperen los atisbos políticos de transformar esos pequeños desarrollos en algo genuino. El debate se da ahora, pero la economía popular es la hija de 2001, producto de la creatividad de un pueblo que se reinventa y readapta en el espiral descendente de la pobreza estructura y la puja distributiva.
“En todos estos años, a partir de 2001 se empieza a consolidar esta mirada que tiene que ver con entender que la economía popular no es ya un diagnóstico de emergencia o de crisis sino que es una caracterización de alguna manera estable dentro de la estructura económica y social de la Argentina”, explicó la diputada provincial Lucila De Ponti.
No es un fenómeno de hace pocos años, es un proceso derivado de la implementación del modelo de valorización financiera a partir de la dictadura, del modelo de los 90. “De lo que conocemos como las políticas neoliberales, y que ha tenido como uno de sus reflejos una caída del mercado formal de trabajo y una exclusión de un sector enorme de la población a otras formas laborales”, agregó.
En este punto, hace una distinción. “Nosotros hablamos del desempleo en la Argentina y no de la desocupación, en términos de que todas estas personas que no están incorporadas en el mercado formal de trabajo aún así realizan prácticas laborales, tareas, trabajos de distintas actividades que les permiten generar ingresos para sostener precariamente y materialmente a su familia”, analizó la legisladora santafesina por el Movimiento Evita. La economía popular reconoce como trabajo a todas estas prácticas laborales, que la economía clásica no.
Por eso hoy “la demanda fundamental tiene que ver con que ese reconocimiento, que tiene que estar también expresado en mayores grados de institucionalización y de acceso a derechos”. Cuando se habla de transformar los planes sociales en trabajo, se trata de “convertir los programas sociales que existen en empleo, en trabajo digno con reconocimiento de derechos”, explicó. “Porque no es que estas personas no trabajan: sí lo hacen pero no están reconocidas en el marco de ninguna formalidad, ni institucional ni económica”.
En ese sentido, la diputada aseguró que hay un proyecto para poder avanzar hacia la construcción de nuevas políticas públicas que permitan generar esas respuestas, que deriva de la sanción de la ley de emergencia social en 2016. “Si bien lleva el nombre de emergencia, tiene como principales objetivos empezar a darle vinculación institucional a este sector de la economía popular”, acotó.
Esa norma, sancionada por reclamo de los movimientos sociales, es la que creó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep). El registro fue puesto en funcionamiento recién en 2020, con la gestión de Alberto Fernández. El registro ya supera los dos millones de personas. En Santa Fe hay una importante cantidad de personas en condiciones de anotarse pero en el ranking nacional no ingresa siquiera en los primeros cinco puestos. Unos pocos cientos son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y otros trabajadores de la economía popular puede que reciban algún acompañamiento estatal.
Lo cierto es que una situación que dio mucha visibilidad a la gran cantidad de trabajadores en esas condiciones y que por lo tanto permitió avanzar en la implementación de estas políticas fue cuando el gobierno, en el marco de la pandemia, implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Se esperaba que el universo de trabajadores que se inscribieron fuera de 3 millones, y terminaron siendo más de 9 millones las personas que se inscribieron con posibilidad de acceder a este ingreso, a este acompañamiento”, indicó De Ponti.
En ese momento, había alrededor de 700 mil personas en la provincia de Santa Fe que estuvieron en condiciones de recibir el IFE, de las cuales una porción pequeña, alrededor del 10% eran monotributistas de categoría A y B y el resto eran personas que trabajan en la economía popular y que no tienen ningún tipo de inscripción o formalidad. “Nos parece que es indispensable avanzar con políticas públicas que vayan generando mecanismos institucionales que le permitan a esas personas desarrollar trabajos con mayores niveles de formalidad”, afirmó.
Potenciar la producción
Para José Berra, la economía popular es “un tema novedoso” porque apunta hacia un sujeto social marginado del modelo neoliberal, que “se tuvo que inventar un trabajo, que no tiene patrón y que nosotros desde los movimientos populares decimos que hay que potenciarlo y darle herramientas y recursos para que ese trabajo se convierta en trabajo, digno con los derechos que tiene cualquier trabajador”.
El referente del Movimiento Evita y de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de Rosario, señaló que “cuando se dan procesos de bonanza en la economía de mercado, éstos logran más o menos incorporar en el mercado formal o al empleo formal a un 10% de la población desocupada”. Por eso, es necesario “potenciar las distintas unidades productivas, las distintas experiencias que han construido con su propia práctica los trabajadores de la economía popular”.
Eso incluye revalorizar muchas de las tareas que tienen que ver con la solidaridad y con el cuidado. “Son las tareas que realizan las compañeras y compañeros que trabajan en los comedores, merenderos, en las guarderías populares de la primera infancia, en lo que tiene que ver con lo cultural y lo recreativo” recordó. Y concluyó: aunque no figuren en ningún PBI, “son indispensables para que la sociedad pueda funcionar”.
El plan Potenciar Trabajo es un programa que sucedió al Salario Familiar Complementario, que fue producto de la lucha de las organizaciones sociales en la época del macrismo. Es un complemento salarial equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil que lo cobran quienes realizan trabajos dentro de la economía popular. “Es un apoyo pero obviamente no es suficiente”, dijo. Por eso, consideró que el Estado debe potenciar estas unidades productivas, “aportando los recursos necesarios para que tenga un equipamiento para que empiecen a poder producir en escala, sobre todo en la cuestión alimenticia”.
“Hay innumerable cantidad de unidades productivas que producen alimentos y el alimento que hoy está tan caro en la mesa de los argentinos lo producen a un buen precio. Todas esas unidades productivas pequeñas las tenemos que fomentar, las tenemos que potenciar y permitir que empiecen a producir a una escala que abastezca local y regionalmente. En ese sentido es necesario sin duda el apoyo del estado para el equipamiento, para la compra de maquinarias, herramientas, insumos, para poder dar ese salto en la capacidad productiva”, finalizó.
“Un rebusque”
Desde la Corriente Clasista Combativa (CCC) a la economía popular no la entienden como “una panacea”. Sí como un recurso, “un rebusque que tiene la gente para poder subsistir”, señaló su referente rosarino, Eduardo Delmonte. “No vemos a eso como la salida ni es algo que uno lo tenga que levantar. Queremos medidas políticas que generen laburo y para eso tiene que haber una distribución de la riqueza distinta. Que la riqueza que acumulan los terratenientes, los bancos y las exportadoras termine en un circuito de reactivación industrial y de la pequeña y mediana empresa, que permita que la gente labure y que el Estado también genere una parte estatal de la economía, que la gente pueda entrar a laburar ahí”, agregó.
Para Delmonte, los trabajadores de la economía popular son trabajadores precarizados que tienen una economía de subsistencia pero que necesitan que el Estado juegue un rol. “Porque inclusive el propio salario social complementario surgió para complementar el ingreso de la gente que está en trabajos en la economía popular, y tiene como referencia el salario mínimo mínimo vital y móvil, que es una vergüenza”.
