"Vaciar la educación es vaciar la Nación", es el título del documento que realizaron en Surplus, el grupo de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y la agrupación docente UxU para analizar el estado de situación de la educación superior a partir del proyecto de ley de presupuesto nacional 2025. Entre las principales conclusiones del trabajo advierten que “el vaciamiento universitario a través del presupuesto tiene objeto de política no declarada privatizar la universidad”.
El análisis explica que el proyecto de presupuesto 2025 desentraña “el objetivo real” al que apunta la actual gestión presidencial. El documento se presentó en momentos que se prepara la gran marcha nacional en defensa de la universidad pública. Bajo la consigna "Por educación, ciencia, tecnología, universidad pública libre y gratuita y contra al veto a la ley de financiamiento universitario" este miércoles el país se moviliza. En Rosario la concentración será a las 17 en la Plaza Motenegro para marchar desde ahí hasta el Monumento Nacional a la Bandera.
En síntesis, desde Surplus y UxU detallaron que la propuesta que se hace es mostrar una tendencia a la baja del gasto público de manera sostenida y, así, blindar el equilibrio presupuestario independientemente de cuál sea la coyuntura de la economía, es decir, lleva a un concepto del gasto como “procíclico” desconociendo completamente todas las recomendaciones en términos de política fiscal que se suelen hacer en esta materia.
“Es ampliamente sabido que las políticas procíclicas en contextos recesivos como el actual, irán en detrimento de la producción y el empleo, lo cual indefectiblemente redundará en una baja en la recaudación, lo que hará quebrar incluso el objetivo buscado de equilibrio. Esto es ignorado ciegamente por la política presupuestaria del gobierno nacional”, resaltaron.
Además, explicaron que la obsesión mostrada por el gobierno nacional respecto al objetivo de déficit cero parece carecer de un razonamiento lógico que articule objetivos e instrumentos. Si siguiéramos el camino propuesto por la actual gestión, podríamos pensar que el objetivo de un gobierno es mantener el equilibrio de las cuentas públicas en todo momento y lugar; un razonamiento que carece de asidero en la realidad. En ese sentido, explican que el déficit y/o superávit —primario y/o financiero— es un instrumento de la política económica, no un objetivo en sí mismo para ningún Estado. “En algunos momentos se puede requerir una política económica que apunte al déficit cero, mientras que en otros puede ser necesario recurrir al déficit. Un claro ejemplo de esto fue la pandemia, que afectó a todos los países del mundo”, detallaron.
En rigor, el documento señala que no se pretende una defensa incondicional del déficit fiscal en todo tiempo y lugar, sino que, desde una lógica más sensata que la que parece proponer el presupuesto, por el contrario subraya la importancia de que el Estado actúe con razonabilidad y responsabilidad. “En términos más coloquiales, pero igualmente precisos, nunca debe ponerse la carreta delante de los caballos”, indicaron.
En segundo lugar, mostraron que la propuesta del Presupuesto 2025, en un marco donde la variable será la del achicamiento constante del gasto público, se mete de lleno con un ajuste para la educación en todos sus niveles.
Resumieron que el Presupuesto 2025 propone una significativa reducción en la inversión educativa, especialmente en la educación básica, priorizando funciones específicas como los comedores escolares y un nuevo Plan de Alfabetización (sumado a la política de vouchers en la educación privada), al mismo tiempo que elimina o reduce drásticamente otros programas educativos esenciales. Es fundamental advertir que la política de vouchers podría ampliar la brecha de recursos entre instituciones públicas y privadas, generando una transferencia de recursos que resulta muy injusta desde el punto de vista distributivo. Seguimos esperando la argumentación sobre cómo este ajuste mejorará los procesos de enseñanza y aprendizaje.
“Además, la tradición de las instituciones públicas como espacios de encuentro para todas las clases sociales, sin importar el ingreso y/o origen, es una característica propia de Argentina que consideramos crucial preservar”, señalaron.
Un tercer punto de análisis es la situación particular de la educación en el nivel superior. Al comparar con el presupuesto ejecutado en 2023, las partidas destinadas para el presupuesto universitario para 2025 caen en un 29%.
Al analizar la evolución presupuestaria para las universidades, Surplus y UxU observaron que en relación al 2015 la caída durante esta última década alcanzó un 35%, siendo los años de mayor caída presupuestaria durante el gobierno de Macri de 2018 a 2019 (donde cayó un 18%) y en lo que va del primer año del gobierno de Milei, de 2023 a 2024, donde la caída alcanza el 30%. Es decir, el Presupuesto 2025 propone seguir desfinanciando el sistema universitario.
Privatizar: el verdadero objetivo del presupuesto
“Lo analizado apunta a profundizar las políticas que viene llevando adelante el gobierno de Milei. El vaciamiento universitario a través del presupuesto tiene objeto de política no declarada privatizar la universidad, esto es algo que el presidente ha reiterado en varias ocasiones antes de llegar a la presidencia. Existen diversos antecedentes en el mundo que han ido en tal sentido”, resaltaron.
En rigor, el documento menciona el caso chileno durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se implementaron reducciones significativas de financiamiento público de la educación. El sistema educativo fue descentralizado, se transfirió la administración de las escuelas públicas a los municipios, generando grandes desigualdades. Poco a poco se incentivó explícitamente la privatización del sistema educativo en general, con mayor fuerza en los niveles secundarios y universitarios, lo que derivó en un modelo de financiamiento basado en la competencia entre instituciones públicas y privadas a través del cobro de aranceles. Como resultado, aumentó la matrícula en instituciones privadas y el endeudamiento estudiantil se incrementó de manera significativa.
Además del caso chileno, para América Latina mencionaron a Perú de la década de los 90, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, donde se adoptaron políticas neoliberales que redujeron el gasto público en educación y promovieron la participación del sector privado. Esto resultó en una expansión significativa de las instituciones educativas privadas, mientras que la calidad y el acceso a la educación pública se deterioraron. Asimismo, se impulsó la privatización de universidades y colegios, lo que generó un sistema educativo caracterizado por una segmentación profunda.
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Por último, destacaron que en Argentina esto ya se llevó a cabo durante la década de 1990, bajo la gestión de Carlos Menem, cuando se implementaron políticas neoliberales que incluyeron la descentralización del sistema educativo a través de la Ley Federal de Educación de 1993, con medidas como la transferencia de la administración de las escuelas públicas a las provincias sin garantizar el financiamiento necesario. “Esto provocó un deterioro en la calidad de la educación pública y un crecimiento del sector privado, particularmente en áreas urbanas, exacerbando las diferencias socioeconómicas y regionales en el acceso a una educación de calidad”, resaltaron.
En ese sentido, Surplus y UxU advierten que “cada uno de los ejemplos mencionados anteriormente demuestra cómo el desfinanciamiento de la educación pública puede abrir el camino a procesos de privatización y mercantilización del acceso a la educación, con impactos negativos sobre la equidad y la calidad del sistema educativo. La privatización tiende a crear desigualdades, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ven restringido su acceso a una educación de calidad”.
En conclusión, subrayaron que la situación que atraviesa hoy el sistema educativo en su totalidad es sumamente grave. “Los efectos a corto plazo de estas políticas pueden ser nefastos como son la pérdida de días de clases, caída en la calidad educativa, “fuga de cerebros”, fenómeno que ya sucedió en los 2000, donde numerosos científicos e investigadores debieron irse del país o abandonar sus carreras en búsqueda de otras alternativas que les permitieran sobrevivir, incluso con un adecuamiento de los gastos de funcionamiento -incluyendo salarios-, los efectos a largo plazo pueden ser completamente destructivos”, destacaron.
A modo de reflexión final, remarcaron: “No se trata la precedente argumentación de una corporativa o facciosa, como el presidente siempre parece remarcar a quienes formamos parte de las instituciones públicas. Argumentamos como lo hacemos porque creemos que en la universidad -de la cuál somos parte- se encuentra uno de los baluartes de una Argentina con posibilidades de ascenso social, superación económica y elevación intelectual de todos los habitantes que deseen formar parte de este territorio. Todo es perfectible siempre, pero creemos fervientemente que vaciar la universidad pública y gratuita es vaciar el espíritu que hace grande esta Nación. De esta forma, se borra toda posibilidad de una Argentina con más y mejores profesionales, con mejores empleos para sus ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo, la idea de una Argentina en donde la educación asegure la igualdad de oportunidades y no una donde todo se haga cada vez más dispar".
