El deterioro de la situación económica en el territorio y los concursos y quiebras marchan por carriles separados: la cantidad de expedientes iniciados en los tribunales rosarinos en la primera mitad de 2017 aumentó con respecto a igual período de 2016, pero es inferior a la registrada en 2015. Profesionales explican que la relación entre la situación económica y este tipo de procesos judiciales es de mediano plazo y destacan la disponibilidad de distintas herramientas para refinanciar deudas fiscales, que constituyen la mayor parte de los pasivos de las empresas.
Entre febrero y julio de este año se abrieron 101 procesos en los tribunales de calle Balcarce: 77 corresponden a consumidores y 24 a empresas. Se trata de un número superior de 2016, pero inferior al de 2015.
En efecto, en 2016 se registraron 80 expedientes concursales —64 de personas físicas y 16 de personas jurídicas— y en 2015 127: 84 de consumidores y 43 de empresas.
Para encontrar una foto similar a la de este año hay que remontarse a 2014, cuando se abrieron 99 procesos: 69 de personas físicas y 30 de personas jurídicas.
En todos los casos, se trata de los concursos y quiebras con sindicatura designada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario.
Para el abogado Federico Tjor, integrante del Estudio Golber & Asociados, el incremento "no es producto de lo que sucedió el año pasado" y tampoco implica un cambio sustancial en el escenario. "Sigue sin darse en los concursos y quiebras una explosión de presentaciones en base a una crisis, eso no se ha vislumbrado", señala el letrado y destaca: "Los números de procesos relacionados a personas jurídicas son inferiores a los de la finalización del mandato presidencial anterior".
Como resaltan los especialistas, la relación entre situación económica y la cantidad de expedientes concursales no es inmediata ni lineal: las empresas caen en el concurso o la quiebra después de que ya quemaron todos los cartuchos para refinanciar sus pasivos.
En este sentido, los profesionales remarcan cierta descompresión impositiva. La contadora Soledad Zelada, integrante de Rainoldi&Zelada Consultores, sostiene que "normalmente la deuda fiscal es muy importante en los pasivos de las empresas". "La condonación de intereses, multas, fue una herramienta muy poderosa para las compañías", evalúa, y añade: "Ahora este puente fiscal que permite regularizar los pasivos que quedaron fuera de la moratoria hasta mayo de este año también permite de alguna manera dar un alivio con la Afip, que representa la mayor carga tributaria".
Situaciones particulares
A diferencia de años anteriores, no se observan sectores económicos que concentren mayor cantidad de procesos. "Hay casos de empresas puntuales que han llegado a esta situación por una imposibilidad de afrontar nuevos costos o por desmanejos financieros", indica Tjor.
Tampoco implosionaron grandes empresas, situaciones que lesionan de forma más profunda el tejido social y económico.
De todas maneras, sí se decretó en febrero la quiebra de Triángulo Color, firma dedicada a la venta de artículos fotográficos bajó la persiana en noviembre del año pasado y dejó sin trabajo a 29 empleados.
Por su lado, en mayo quebró la prestadora de salud Opam SRL, que estaba en concurso desde 2014 y no pudo reacomodar su esquema de negocios luego de una modificación del convenio que tenía con la obra social de UPCN. Además, se abrieron expedientes relacionados con empresas dedicadas a la venta de cereales, materiales de construcción y el transporte.
Cambio de paradigma
Donde sí se avizoran cambios es en el terreno de los procesos concursales vinculados a consumidores, que representaron en la primera mitad del año judicial el 76% del total. "Desde el año 2002 en adelante uno de los grandes problemas que se ven en el terreno es la quiebra de personas físicas cuyo único patrimonio es el sueldo", asegura Tjor, y detalla: "La persona se endeudaba por encima de su capacidad de pago, accedía en tiendas de electrodomésticos, mutuales, financieras, a tasas imposibles de pagar; terminaban presentándose en quiebra para licuar el pasivo, ningún acreedor cobraba nada y la persona salía limpia".
Según describen los profesionales, el perfil típico de la quiebra de consumidores involucra en su mayoría a empleados públicos, y de sueldos altos.
Sin embargo, indica Tjor, "cada vez más juzgados están considerando esto como abusivo". En estos casos —que siguen siendo la excepción y no la regla— el juez rechaza la presentación y ordena al deudor que acuerde en forma individual con los acreedores cómo refinanciar la deuda.
En este sentido, Tjor afirma que en el ámbito académico se ha debatido sobre esta situación e incluso se han elaborado propuestas de reformas legislativas, pero "no ha habido ningún tipo de voluntad política para modificarlo".
Tiempos de márgenes estrechos
En este marco, los profesionales descartan para la segunda mitad del año "una explosión de procesos". Tendría que existir una situación de crisis que no se visualiza en el horizonte. "Suban un poco o bajen no van a modificar el panorama", opina Tjor y diferencia el escenario actual del que se presentaba en años anteriores: "Hemos tenido casos de empresas grandes y de rubros como construcción y el hotelero; hoy en día eso no se está visualizando".
No obstante, la contadora Julieta Rainoldi, integrante de Rainoldi & Zelada Consultores, subraya que "ha disminuido mucho el margen de las empresas" y el ajuste continuará hasta que la economía termine de despegar.
Ante esta situación, "profesionalizar la empresa es necesario, haya crisis o no", plantea Zelada. "Ya sea contratar un asesor externo o capacitando a los directivos de alguna manera la profesionalización de la empresa te da más herramientas para ir sorteando lo que se va presentando", explica.
En este aspecto, detecta un crecimiento de la oferta de capacitación para emprendedores, en función de las necesidades de las nuevas camadas empresarias. Vinculado a esto, valora la ley Pyme aprobada el año pasado, "que trajo beneficios impositivos, y un tratamiento diferencial para las pymes".
No obstante, considera que "son medidas que pueden ayudar pero no han sido suficientes, menos para una empresa que ya viene camino a la quiebra". En función de esto, alerta sobre la falta de financiamiento, sobre todo para las micropymes.
Tjor pone sobre la mesa un reclamo empresario que el gobierno impulsará después de las elecciones: la reforma fiscal. "La simplificación y modificación del régimen tributario tiene que ser un acuerdo entre Nación, provincias y municipios" recalca Tjor y argumenta: "Existe un gran problema de ahogo, en la formación del precio de los productos, y en el 99% de los procesos concursales la gran deuda es fiscal".
