Una grosera maniobra profesional tramada para sacarle una vivienda a una jubilada, que vivía en ella hace más de veinte años, terminó con allanamientos a dos estudios jurídicos y a dos escribanías. El asunto es un claro exponente de fraudes registrales que, a fuerza de repetirse una y otra vez en Rosario, constituyen un ardid clásico a la vez que de doloroso perjuicio para sus víctimas. Esta trama delictiva constituye un caso de lavado de activos en tanto se buscó que la vivienda apoderada entrara en un pasamanos que disimulara rápidamente en favor del último propietario el origen doloso de su apropiación.
Esta estratagema entremezcla a personas de renombre en maniobras de estafa. Uno de ellos es el escribano Juan Carlos Torres, que está al borde de un juicio por una estafa de fraude inmobiliario en Rosario, donde participó anotando a nombre de terceros inmuebles quitados a sus dueños legítimos. También incluye a Juan Carlos Gómez, quien hace dos años pretendió quedarse con un campo en Los Molinos de un anciano al que no había conocido, a partir de la presentación de un sobre lacrado en el que figuraba como heredero. Ese documento tramposo estaba firmado por el escribano Torres.
También está implicado en la maniobra Víctor Hugo Corigliano, un contratista imputado hace dos años por promover conexiones clandestinas de la EPE, quien cobraba a clientes beneficiados con medidores adulterados.
Trampas en cadena
La operación delictiva fue desmontada por la fiscal Valeria Haurigot a partir de una mujer agobiada al descubrir una sucesión de jugarretas para quitarle la casa. Esta mujer, Francisca S., de 74 años, había convivido desde los años 90 con una amiga llamada Nélida Paredes, quien era propietaria de la casa en Cerrito al 1200. Cuando Nélida murió en abril de 2000 le dejó a Francisca la casa y la consignó como beneficiaria de su seguro de vida. Con ese dinero ésta última incluso saldó obligaciones que la fallecida tenía pendientes de pago.
Un día Nélida recibió en su casa una notificación de deuda de Aguas Santafesinas a nombre de Víctor Corigliano. La jubilada hizo una averiguación y dio con Corigliano, quien le dijo que le había comprado esa casa al heredero, que según entendía era el hijo de la dueña.
Nélida quedó perpleja porque sabía que Francisca no había tenido hijos. Volvió a averiguar y supo que el heredero supuesto compartía apellido con su amiga. Se llamaba Juan Carlos Paredes. Pero vivía en Santa Cruz, no conocía un pelo del asunto y jamás había pisado Rosario.
El caso había sido judicializado por primera vez cuando un abogado llamado Domingo Maraventano, en noviembre de 2008, se presentó en un juicio sucesorio en Rosario patrocinando a quien dijo falsamente ser Juan Carlos Paredes e hijo de Nélida. Este abogado falleció y el proceso fue continuado por otro letrado, Martín Gutiérrez Pereyra, quien logró que el juzgado civil y comercial 1 declarara “en calidad de heredero único y universal a su hijo Juan Carlos Paredes”, nacido el 28 de noviembre de 1951 según un acta que se hacía constar en el texto del juzgado.
Esa declaratoria de herederos, constató la fiscal Haurigot, se dictó en base a documentos públicos falsificados que los funcionarios judiciales no verificaron con idoneidad.
El expediente perdido
Tras inscribir la declaratoria de herederos en favor del falso Paredes el expediente pedido por el abogado Martín Gutiérrez en 2013 se perdió misteriosamente, lo que se presume una manera de garantizarse impunidad. El estudio de este abogado, en Rouillón al 1500, fue allanado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
¿Y qué hizo el fantasmal Paredes? El 9 de agosto de 2013, tras ser declarado heredero, le vendió el inmueble de Cerrito a Víctor Corigliano. La casa se traspasó por tracto abreviado lo que quiere decir que antes de inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad de Rosario Corigliano lo compró directamente con el documento que certificaba a Paredes como heredero.
En esta operación intervino como escribana Roxana Villa Palermo cuyo despacho de San Martín al 700 también fue allanado ayer por la PSA. La escritura constaba de falsedades porque datos allí insertados eran apócrifos.
Poco después este inmueble fue nuevamente negociado a espaldas de Francisca. Ella se enteró porque recibió un nuevo servicio esta vez a nombre de Fernando Rabinovich. La casa le fue vendida por Corigliano, un año después de adquirirlo y al mismo precio en pesos al que lo había comprado, lo que es una conducta comercialmente negativa típica de casos de lavado: medido en dólares, Corigliano compró al equivalente a 20.216 dólares y vendió a 13.176 la casa de Cerrito al 1200. Intervino el escribano Eduardo Torres que tiene condena previa por fraude.
Otro hecho significativo fue que Rabinovich otorgó un poder general a Juan Carlos Gómez, un hombre implicado en delitos, a través de la escribana Verónica F cuyo despacho de Santa Fe al 1000 fue requisado ayer por PSA. Gómez cedió otro poder en favor de un abogado cuyo estudio fue allanado para iniciar el juicio de desalojo de Francisca. Fue entonces, en 2016, que esta mujer hizo una denuncia penal revelando algunas de estas maniobras. Pero la fiscal Verónica López la desestimó a los cuatro días por considerar que no había delito.
Puertas cerradas
La jubilada continuó en un afligente peregrinar donde todas las puertas se le cerraban. En la denuncia para echar a Francisca se refirió que Rabinovich, un hombre domiciliado en Paraguay, al concurrir al inmueble para tomar posesión constató que se encontraba usurpado por dos personas. El juzgado civil 1 resolvió el desalojo de la mujer el 12 de febrero de este año sin verificar ninguna de estas trampas en cadena. El 22 de octubre Francisca fue intimada por un oficial de Justicia a dejar la casa.
Pese a toda esta cadena de maniobras evidentes todo siguió su curso hasta que la abogada de Francisca le solicitó a Haurigot en persona que la escuchara. Lo hizo por saber que esta fiscal había intervenido en una causa donde el escribano Torres, que aparecía implicado en estas maniobras, estaba imputado previamente por la propia Haurigot en un fraude inmobiliario. Esto desencadenó que la causa desestimada por López se reabriera. Y se estableciera la potencialidad delictiva de toda la secuencia.
Francisca atravesó años de indefensión mientras una estructura de delincuentes presuntos, algunos ya probados en estafas, la desapoderaba de su casa. En el juzgado civil y comercial Nº1 de Rosario, donde ordenaron su desalojo, según su abogada jamás el juez la atendió.
Los otros dos domicilios allanados son los de Víctor Corigliano, en Zeballos al 2600, y el del comprador Daniel Rabinovich, en Alvear al 1500.
El viernes en audiencias en el Centro de Justicia Penal serán imputados por la fiscal Haurigot el abogado Martín Gutiérrez Pereyra, los escribanos Roxana Villa Palermo y Eduardo Torres, a Víctor Corigliano y en caso de que se lo ubique a Juan Carlos Gómez. La escribana Verónica F., que fue allanada por extender un poder pero no por certificar la venta de la casa, no será imputada.
