Motivan estas reflexiones la conducta asumida por el doctor Ignacio Del Vecchio, quien en su condición de presidente del Colegio de Abogados de Rosario, hizo declaraciones recogidas por periodistas de La Capital y publicadas el pasado 10 de abril. Se trata de los comentarios relacionados con la muerte de un joven, como consecuencia de las heridas que recibiera de parte de un abogado domiciliado en el lugar donde ocurriera el hecho. El caso es investigado por la Fiscalía de turno y existe un juez competente que en su momento tendrá que decidir cómo se resuelve su situación procesal. Por tal motivo, la más elemental prudencia profesional nos enseña que debamos guardar respetuoso silencio para dejar que sean las autoridades judiciales las encargadas de investigar qué pasó y qué consecuencias jurídicas ofrece el caso. Sin embargo, esa prudencia que nos exige no interferir en la labor judicial, no es la que parece haber guardado el presidente de nuestro Colegio, que no dudó en relatar toda su experiencia como "veedor" presente en el momento en que se allanaba el domicilio. Afirmó que pudo observar cómo había ocurrido el hecho y ello le permitía concluir en que el dueño de casa era el autor y que había obrado en legítima defensa. Cabe aclarar que su función en el lugar del hecho, obedece al cumplimiento de una acordada que reclama la presencia de un directivo del Colegio, por tratarse del allanamiento de un estudio jurídico y se pretende llevar garantías a los clientes que depositan bajo reserva toda la documentación de las causas confiadas. Siento la obligación de criticar la conducta de nuestro presidente, que no respeta la legal reserva de las actuaciones judiciales, y más allá de la certeza que contenga y de la suerte final de la causa en trámite, no puede conferir a los abogados un plus que nos haga diferentes del resto de los ciudadanos. El derecho a la defensa, es para todos igual, y consiste fundamentalmente en contar con la asistencia técnica de un defensor elegido por la confianza que nos dispensa o en su caso recibir la atención de un defensor público y por ende gratuito. Por lo demás, cuando el presidente de nuestra institución hace declaraciones públicas en relación a un hecho que al mismo tiempo provoca la actuación judicial de fiscales, jueces y colegas que ejercen su profesión, está comprometiendo a todo el Colegio y su opinión tiene un peso específico indudable, que por supuesto no se encuentra presente en el resto de los casos que tramitan en Tribunales. Además, la función del Colegio de Abogados, que por supuesto implica la defensa de nuestra profesión, no se extiende a la atención de aquellos casos donde desgraciadamente un colega se tenga que ver involucrado en una causa penal por circunstancias ajenas a lo que implica el ejercicio de la abogacía. Del mismo modo que no correspondería que el presidente del Colegio de Médicos o de Ingenieros o de cualquier otra asociación gremial, hiciera declaraciones favorables o desfavorables, en cada oportunidad que uno de sus afiliados deba asumir la condición de imputado en una causa judicial. La independencia del Poder Judicial impone un respeto por su actuación, que debe ser ejemplificador y provenir desde las más altas investiduras del país, hasta el más modesto de los dirigentes de entidades intermedias. Estos principios de ética republicana deberían dominar cualquier intervención mediática cuando se refiere a actuaciones judiciales, sobre todo cuando exista secreto de sumario para garantizar la eficacia de la investigación.
