En una extensa audiencia que comenzó en la tarde del martes y culminó pasado el mediodía de este miércoles, el senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri finalmente fue imputado como jefe de una asociación ilícita y como partícipe primario del delito de organización y explotación de juegos de azar. También lo imputaron como autor de hechos de tráfico de influencias agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y peculado de caudales públicos.
Las acusaciones fueron formalizadas por los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato, quienes conformaron un nuevo equipo para continuar con la investigación que cuatro años atrás habían iniciado sus pares Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes fueron apartados de la causa en la que ya fueron condenados —entre otros— el exfiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario del juego Leonardo Peiti, mientras que el exfiscal regional Patricio Serjal está imputado en libertad y con un pedido de 12 años de prisión.
Los fiscales aseguraron que Traferri lideraba una organización destinada a dar cobertura al juego clandestino y ocultar sus beneficios económicos gracias a la protección política y judiciales. En ese sentido remarcaron que fue mediante sus influencias que Peiti había logrado tener un vínculo estrecho con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Ante todo ese cúmulo de acusaciones, el senador provincial siempre sostuvo que había sido blanco de una persecución política y judicial que había liderado Marcelo Saín, que al comienzo de la investigación se desempeñaba como ministro de Seguridad del gobierno provincial de Omar Perotti.
Por cuestiones legales vinculadas a su cargo como senador, los fiscales podían imputar a Traferri pero no pedir la prisión preventiva que, en otro contexto, habrían solicitado, según sostuvo luego de la audiencia Caterina. No obstante, y a pedido de la Fiscalía, la jueza Eleonora Verón dispuso por un plazo de seis meses la prohibición de acercamiento de Traferri —por sí o interpósita persona— a personas vinculadas de distintas maneras con la causa como Peiti, Ponce Asahad, Serjal, Oscar Larrauri, Nelson Ugolini, Mariana Ortigala y Darío Scatalaglini, entre otras.
Doble fin
La Fiscalía le atribuyó a Traferri “haber tomado parte, en carácter de jefe, de una asociación ilícita destinada a dar cobertura al juego clandestino en la provincia de Santa Fe y de ocultar las ganancias del mismo”. Para los acusadores la organización estaba compuesta por “un grupo de personas que convergía mediante un acuerdo de voluntades, estable y con caracteres de cohesión y organización, con una doble finalidad: usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y la de obtener la concesión del juego online en la provincia de Santa Fe a través del sistema VLT (terminales virtuales de lotería)”.
La organización que los fiscales le achacan haber liderado al senador sanlorencino “contaba con diferentes miembros que cumplían roles específicos, desde la gestión de juegos de azar y su recaudación, la recaudación a nivel político y la gestión de cobertura judicial, especialmente en el ámbito penal, como también personas que concentraron esfuerzos para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino”.
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En ese marco “aseguraba protección tanto política como judicial a tal actividad como también a los miembros de su organización, habiendo logrado infiltrar al MPA en Rosario, protección que dispensó o procuró a sus miembros incluso después de que fueran detenidos”, señalaron desde la Fiscalía Regional 2.
Los fiscales apuntaron, más allá de los objetivos principales del grupo, otra finalidad “secundaria pero necesaria que fue la de proveer a blindar esa actividad asegurando la impunidad de la misma en la órbita de la Justicia penal”. En tal sentido alegaron que los miembros de la asociación ilícita “ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron perseguir penalmente los delitos aun cuando estaban obligados a hacerlo” y filtraron información para desviar investigaciones.
“Evidencia objetiva”
“Lo más importante era poder imputarlo”, dijo luego de la audiencia el fiscal Caterina en conferencia de prensa con el fiscal regional Matías Merlo. En tal sentido aludió a la controversia que motivó el primer pedido de imputación casi cuatro años atrás. Invocando ser blanco de una persecución política el senador resistió —con el apoyo de sus pares en la Legislatura— el pedido de desafuero y llegó a decir que aceptaría ser imputado pero por otros fiscales. Apartados Schiappa Pietra y Edery de la causa, finalmente la audiencia se concretó esta semana.
“La Fiscalía venía con intenciones de imputarlo hace cuatro años y teníamos un nuevo equipo constituido que hizo un análisis completamente nuevo de toda la evidencia que había, se reunió más y se agregaron hechos que no estaban contemplados en el equipo original que estaba sumamente controvertido por parte de las defensas”, reseñó Caterina.
El fiscal también se refirió a la medida cautelar que solicitaron a la jueza, habida cuenta de que no podían formular un pedido de prisión preventiva. “Se pidió una medida cautelar que restringe el acercamiento de Traferri a varias personas que entendemos que están vinculadas a la imputación. Además se empieza a obtener evidencia que denota la intención de que Traferri, a través de terceras personas, trata de influir en esos testimonios, lo cual implicaría un entorpecimiento probatorio”, explicó el acusador.
Sobre los argumentos del senador en cuanto a una persecución política encabezada por Saín y los fiscales desplazados, Caterina sostuvo que la fiscalía se ajustó a “evidencia objetiva” y fundamentó: “Más allá de que pueda haber incluso cuestiones de enemistades o disputas políticas, nosotros ahora hacemos un análisis jurídico. Somos un equipo nuevo (de fiscales) pero avalamos y consideramos que estaba en condiciones de ser imputado. Y de hecho la imputación, si bien la jueza no necesita meterse en el centro, en el eje de la cuestión porque de alguna manera la defensa se termina allanando a la cuestión cautelar. Entonces valida como legítima la cuestión de la imputación, por la cual, también por hechos conexos o relacionados directamente, ya hay personas incluso condenadas en esta investigación”.
En cuanto a la imposibilidad de pedir la prisión preventiva del senador, Caterina dijo que “con la gravedad de las calificaciones enrostrada y de los hechos, y sobre todo con la posibilidad de entorpecer investigación, no habría duda que en otro contexto y sin la inmunidad de arresto que todavía tiene la Fiscalía haría un pedido de prisión preventiva; pero es un impedimento legal, o sea, nos excede absolutamente”.
El fiscal calculó que si estas imputaciones prosperaran hasta llegar a juicio oral, como jefe de asociación ilícita y los otros delitos que le achacan Traferri podría afrontar un pedido de pena de al menos cinco años de cárcel. Pero ese camino todavía depende de cómo se resuelvan las cuestiones políticas y judiciales vinculadas a los fueros de los legisladores.
