La fiscal general María Cecilia Vranicich resolvió este martes intervenir la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción desplazando, como mínimo por seis meses, a la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren. En su lugar quedará Matías Merlo, actualmente fiscal regional de Venado Tuerto. Iribarren continuará con su labor en el resto del distrito: Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo. Y deberá informar a la brevedad donde será su base. En medio de una realidad intensa y de violencia desbordada, Vranicich le enrostró no ser la piloto de tormentas necesaria para atravesar un océano movido por disputas y vanidades que se tradujeron en denuncias de fiscales hacia fiscales. También insinúa en su resolución que Iribarren no estuvo a la altura en la conducción y el liderazgo. Y de no haber llevado adelante órdenes directas emanadas desde la Fiscalía General.
Pese a ser un brusco volantazo, la intervención parcial a la Fiscalía Regional Segunda no asombró a nadie de los que transitan los pasillos del Centro de Justicia Penal de Rosario. El principio de la intervención a la Fiscalía Regional Segunda comenzó el 28 de septiembre pasado cuando Vranicich puso en práctica un proceso de monitoreo _una virtual intervención_ por 90 días de tres áreas medulares del MPA de Rosario: la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, el Equipo de Trabajo para el Abordaje de Hechos Cometidos con Armas de Fuego (Balaceras) y Homicidios Dolosos.
El monitoreo se dio en medio de un cortocircuito notorio entre fiscales en medio de una audiencia con protagonistas de alto perfil. Días antes en una audiencia en la que se acusaba a máximo Ariel “Guille” Cantero por extorsionar al dueño de una agencia de loterías “El califa”, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaron a su par Matías Edery por una serie de delitos. Esto motivó un descalabro político que trascendió la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA) local y terminó con Edery enfrentando una causa penal y otra en la Legislatura provincial.
La apertura en su contra de un legajo por parte del auditor general de gestión del MPA Leandro Mai, quien se inhibió de seguir en el trámite al presumir que la sanción posible para el fiscal superaba los 60 días, lo que obligaba a pasar el caso a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura que recientemente selló su suspensión momentánea por el término que dure el proceso con una rebaja en el monto de su sueldo.
En medio de la tormenta
En un contexto de fuertes presiones políticas, la fiscal regional rosarina fue convocada a dar explicaciones sobre la conflictividad interna desatada en el seno de la regional a su cargo. Eso fue el 11 de noviembre pasado, donde Iribarren estuvo cuatro horas ante los legisladores, ante los cuales admitió que había una crisis en su regional. Hace dos semanas la fiscal regional ahora desplazada hizo declaraciones en las que indicó que las imputaciones en la denuncia que motivó el proceso disciplinario y penal a Edery "pudieron haber sido precipitadas".
En una entrevista realizada por la periodista Ivana Fux el 29 de febrero pasado, reproducida por Rosario 3, Iribarren fue crítica con los fiscales Moreno y Socca, que impulsaron la investigación que desplazó a Edery, de quienes dijo se habían manejado "con cierta imprudencia". Dijo entonces que "fueron muchas las conjeturas" realizadas en la audiencia imputativa contra Mariana Ortigala, la informante de Edery luego imputada, de parte de los dos fiscales mencionados. Precisamente el estatuto reglamentario del rol de informante en la Fiscalía Regional quedó en el medio de la controversia.
Por esa razón Iribarren empujó un pedido de investigación contra Moreno y Socca en la auditoría, donde afirmó que estos había actuado por fuera de lo que lo que su función les imponía, y que plasmaron sus acusaciones "en ámbitos que no son los correctos".
"Desde un supuesto vinculan con otro y sacan una conclusión. Tiene mucho de eso la denuncia de Socca y Moreno. El desafío de las fiscales de Santa Fe y la Legislatura es reconstruir todo. Hay que analizarlo con los elementos que había en ese momento, no tres o cuatro años después", indicó en la entrevista citada. Esas declaraciones parecen alineadas con las conclusiones que adopta Vranicich al apartar preventivamente a Iribarren.
Monitoreo de septiembre
La resolución que lleva la firma de Vranicich se nutre en las conclusiones del monitoreo ordenado en septiembre pasado. Según un informe preliminar del 24 de noviembre de 2023, donde se expone una sensación térmica del monitoreo, se marcó: “Falta de cohesión interna entre los órganos fiscales evaluados, generados en gran medida por la propia organización fraccionada de las unidades fiscales”; “la lógica organizacional fragmentada en el abordaje de las investigaciones vinculadas con violencias altamente lesivas - determinadas por la existencia de diversos órganos fiscales con similares incumbencias”; “distribución de casos basados en variables temporales”; y “falta de comunicación y coordinación entre las unidades fiscales monitoreadas”.
A partir de ese escenario, la Fiscalía Regional emitió una resolución 447/23 el 14 de diciembre a manera de reorientación institucional sobre el lineamiento general “para la reorganización del abordaje de las violencias altamente lesivas que las unidades monitoreadas” y bajó la orden de que “se fusionen y formen parte de un plan único plantel organizado de equipos de fiscales orientados a focos investigativos”.
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¿Los fundamentos? No resulta posible dar respuesta a las nuevas dinámicas delictivas desde las mismas lógicas internas que históricamente se implementaron. Y deben adoptarse medidas institucionales ante la falta de cohesión interna generada por la organización fraccionada de las unidades fiscales. La Regional de Rosario en su resolución 01/24, del 14 de enero, propuso una planificación a la Fiscal General en un intento por mejorar la endeble situación institucional.
El auditor
En la resolución de Intervención se expresa que “no se puede obviar que el Auditor” del MPA, por medio de la resolución 290/24 “se inhibió de entender en cuestiones disciplinarias que involucran a fiscales por considerar que las faltas debían ser abordadas por la Comisión de Acuerdos”. A esto se le sumó “la cantidad de denuncias de sanciones disciplinarias realizadas por fiscales respecto a desempeños o prácticas de otros fiscales que no han mermado hasta la actualidad”. Los números eran preocupante.
“Desde septiembre de 2023 a la Auditoría de General de Gestión ingresaron 18 presentaciones de fiscales hacia otros fiscales”. Y se hace hincapié que “incluso tres de ellos fueron realizadas por la propia fiscal Regional contra fiscales”. Dice el documento que esto “pone de manifiesto un ejercicio de autoridad sin una conducción ecuánime e igualitaria, extremo que resulta indispensable para legitimar el liderazgo de la fiscal Regional”.
En la resolución en la que Vranicich desplaza a Irirbarren dice: “No pudo desprenderse de su anterior rol de coordinadora de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos”, cargo que cumplió hasta que comenzó a subrogar la Regional en agosto de 2020. En cuanto a las crisis internas Vranicich dice que en tiempos de gestión de Iribarren “los conflictos fueron retroalimentados y profundizados por órganos fiscales que pudieron haberse considerado afectados por este posicionamiento funcional”. Y sugiere que “en Rosario es impostergable la reconstrucción de los lazos interpersonales y funcionales”.
Y agregó que “resulta imperioso que los órganos de dirección asuman el gobierno de las instituciones mediante la gestión de autoridad respecto de todos los órganos fiscales”.
Un dato que Vranicich señaló como grave fue el incumplimiento a la “instrucción particular emitida el 16 de febrero de 2024” por la Fiscalía General que instruyó que el fiscal Edery fuera reasignado “de manera provisoria” a la Unidad Fiscal Especial de Siniestros Viales y Delitos Culposos y que sus investigaciones fueran desafectadas del “sistema Heimdall”. La medida era “manera provisoria en el marco de la tramitación de una investigación penal y procedimiento disciplinario en los que se está evaluando el desempeño” de ese fiscal.
El incumplimiento se verificó en la inspección realidad el 4 de marzo por personal de la Auditoría General de Gestión, que fue solicitada por la fiscal General. “Se constató que el fiscal no estaba en la Oficina de Siniestros Viales. El fiscal a cargo de esa unidad manifestó que «no notificó la asignación de causas» al fiscal investigado”. Acto seguido fueron a la oficina de la Agencia de Criminalidad Organizada y dieron con el que fiscal Edery seguía prestando servicios ahí. Se ofrecieron excusas que no fueron consideradas.
“La intervención tendrá como objetivos primarios restaurar la cohesión interna institucional, reordenar los circuitos y procesos de trabajo de fiscales y empleados, y unificar el registro de la información”, se indicó en la resolución 047 que lleva la firma de Vranicich. El ungido para “restaurar la cohesión institucional interna”; el encargado de “reordenar los circuitos y procesos de trabajo de fiscales y empleados” y quien debe “unificar el registro de la información” es Matías Merlo, hasta el momento Fiscal Regional Tercera Circunscripción, con sede en Venado Tuerto.
