Abortar en el centro de salud, acompañada y con misoprostol

"Traigo acá a mi hermanita porque me parece que tiene un problema", dijo esa tarde una piba de no más de 15 años ni bien entró al centro de salud. La nena, de 11 años, estaba unos pasos más allá, pocos días antes había vuelto del norte santafesino, donde vivía con un padrino que la había mandado de vuelta a su casa porque "tenía un problema": estaba embarazada.

Jorgelina Schmidt recuerda esa situación porque, dice, "trastocó todas las lógicas" con las cuales desde el Equipo Interdisciplinario de Salud Sexual se acompañaba a las mujeres que llegaban al centro de salud con un embarazo no deseado.

Licenciada en Trabajo Social, Jorgelina trajina con historias difíciles a diario en el Centro de Salud Municipal Mauricio Casals, de Seguí al 5300, en el oeste rosarino. Pero no se olvida la historia de esa niña a quienes acompañaron en la interrupción de su embarazo hace unos seis años cuando recién se estaba formando el equipo de salud sexual que garantiza a las pacientes el acceso al aborto en las circunstancias en que ya lo habilita la ley.

Es parte de las profesionales que ponen cuerpo y alma a las políticas que hicieron de Rosario un ejemplo en los debates sobre la legalización del aborto. Porque en la ciudad desde 2012 no hay muertes maternas por un aborto provocado. Y ese logro tiene que ver con una batería de políticas sexuales y reproductivas integrales: centros de salud cercanos a la gente, métodos anticonceptivos gratuitos, accesibilidad a misoprostol gratuito y a la posibilidad de aspiración manual endouterina, métodos seguro para la interrupción del embarazo.

"Evaluamos la salud de manera integral, no sólo el riesgo biológico de llevar adelante la gestación, sino también la afectación subjetiva y el contexto social en que vive cada persona. Hay situaciones de niñas embarazadas, de situaciones de abuso, y también mujeres que no quieren ser madres, que están soñando con estudiar, que justo habían empezado a trabajar o que si continúan con su embarazo tienen miedo de ser despedidas", señala.

Desde 1921, la ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer o abuso de mujeres dementes. En 2012, la Corte Suprema encargó a la Nación y a las provincias la implementación de protocolos hospitalarios para garantizar los abortos legales. Santa Fe se encuentra entre las provincias que adhirieron al protocolo nacional.

Los equipos interdisciplinarios comenzaron a formarse por esas épocas. Jorgelina señala: "Visualizamos que las mujeres hacían un recorrido por muchas instituciones y en algunas eran rechazadas, en otras derivadas. Entonces consideramos que era necesario dar una respuesta, formamos los equipos con dos médicas generalistas, una ginecóloga, psicóloga, trabajadora social y una administrativa, definimos que cualquiera podía constituirse en puerta de entrada de esa demanda y ser receptoras de estas situaciones y que en cualquier momento que se acercara alguna persona con capacidad de gestar, la atendíamos rápidamente, sin turno ni horario, para hacer la primera entrevista con el equipo".

Jorgelina destaca la fortaleza de esta forma de trabajo, pero también advierte que puede desarrollarse mejor cuando sintonizan con políticas públicas. "Sin esa articulación con las políticas sociales vigentes no podríamos hacer mucho. Hay gobiernos que impulsan herramientas para garantizar derechos de una población y otros que no. Eso está clarísimo", afirma.

Y destaca, por ejemplo, la política de producción de misoprostol por los laboratorios públicos. "Antes, cuando se usaba el Oxaprost, había que cortar las pastillas, separar el diclofenac. El misoprostol de producción pública simplificó esa práctica, ahora el blíster viene con las dosis justas e indica cuando tomarlas", explica. Lo mismo fue la incorporación de la aspiración manual endouterina.

Con estos dos procedimientos, durante la pandemia, pudieron no sólo garantizar el derecho de sus pacientes, sino también de muchas mujeres que habitualmente no concurren al centro de salud, pero recurren a la salud pública porque sus obras sociales no cubren esta práctica. Porque, destaca Jorgelina, "no sólo abortan las mujeres humildes, también las de clase media y las de clase alta". Legalizar la interrupción del embarazo amparará a todas.

Este artículo forma parte de la serie "Aborto: 15 años, 15 voces" que publica el diario La Capital en el marco de los 15 años de la articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y en el escenario actual de debate en el Congreso de la Nación de los proyectos de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).