Quieren inhibir bienes y congelar cuentas de empresas atribuidas a Báez

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Justicia que dicte la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías cuya propiedad se atribuye al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Fuentes vinculadas al órgano descentralizado del Ministerio de Justicia confirmaron que ambas medidas fueron solicitadas al juez federal Sebastián Casanello, quien instruye la causa penal en la que Báez se encuentra procesado con prisión preventiva, que cumple en el penal de Ezeiza, por supuesto lavado de dinero (junto a varios de sus ex colaboradores).

Entre la lista de las 28 firmas sobre las que la UIF apuntó figuran Austral Construcciones SA, la financiera Invernes, las constructoras Kank & Costilla y Gotti SA, la empresa SGI (conocida como La Rosadita), el Club Atlético Boca Río Gallegos y las compañías Epsur y Misahar.

También se incluyó a la empresa Helvetic Services Group, pese a que Báez negó que fuera suya, y a Valle Mitre, la firma que administró tres hoteles de Cristina Kirchner.

La UIF solicitó, de ese modo, la inhibición de bienes y el congelamiento de las cuentas de las principales empresas que están vinculadas a la operatoria de lavado de dinero por la que Báez está preso y procesado, junto a su hijo Martín, el contador Daniel Pérez Gadín y otros involucrados en la maniobra.

Precisamente, en el procesamiento dictado el 18 de abril pasado Casanello inhibió los bienes de esos imputados, pero no había dictado ninguna medida sobre las empresas o personas jurídicas. Y hacia ello apuntó ahora la UIF.

En su escrito, la UIF entendió que los embargos dictados por el juez eran "insuficientes" y pidió su ampliación.

Antes de resolver, Casanello le pidió al fiscal Guillermo Marijuán que dictamine sobre el pedido que, de concretarse, implicaría la paralización de esas 28 firmas.

En tanto, Casanello indagó ayer a Claudio Bustos, contador de Austral Construcciones y una de las personas que endosó los cheques provenientes de Helvetic por casi 209 millones de pesos para afrontar, según declaró Báez, la licitación por la construcción de represas en Santa Cruz.

Fuentes judiciales indicaron que, sin contestar preguntas, Bustos afirmó que él no tomaba decisiones en la empresa y que la operación con Helvetic fue "limpia", como dijeron otros imputados.

Casanello todavía no resolvió la situación procesal del abogado Jorge Chueco, detenido en Paraguay cuando intentó huir sabiendo que la Justicia avanzaba sobre él.

También sigue vigente la orden de captura nacional e internacional de Marcelo Ramos, accionista y representante legal de Helvetic, quien estaba citado a indagatoria y cuyo paradero se desconoce desde la semana pasada.