La querella en la causa por crímenes de lesa humanidad contra el ex cura párroco de Casilda Eugenio Zitelli insistió en reclamar la prisión efectiva para el sacerdote, luego de que días pasados fuera procesado por dos nuevos hechos. El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) apeló la reciente resolución del juez federal Nº 4 Martín Bailaque quien, si bien dictó un nuevo procesamiento a Zitelli, decidió que el ex capellán de la policía permanezca bajo el régimen de arresto domiciliario. También adelantaron que mañana harán lo propio ante Casación, el máximo tribunal penal del país.
Las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini informaron que el martes "apelamos ante la Cámara Federal la resolución que procesa a Zitelli por la privación ilegítima de la libertad agravada de María del Carmen Sillato y Alberto Gómez, solo en el punto de la libertad".
"Consideramos que el sacerdote represor debe ser detenido como única forma de garantizar su comparecencia en el juicio", destacaron, y adelantaron que mañana interpondrán "un recurso de Casación contra la resolución dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario que, si bien establece medidas de sujeción (propias de quienes cumplen arresto domiciliario), no ordena la remisión de Zitelli a una cárcel común".
El cura está a disposición tanto de Bailaque en expedientes que están en fase de instrucción, así como del TOF 2 que lo someterá a juicio oral, presumiblemente desde febrero de 2017, por delitos en el marco de la megacausa Feced.
El ex cura de Casilda enfrenta varias causas por el terrorismo de Estado, tiempo en el cual se desempeñaba como capellán en la ex Jefatura de Policía de Rosario. Al respecto, son numerosos los testimonios de sobrevivientes que aseguraron haberlo visto en el centro clandestino que funcionaba en el ex Servicio de Informaciones (SI), mientras que otros declararon que el sacerdote justificaba los métodos de horror allí aplicados.
En una resolución fechada el 9 de noviembre pasado, y en el marco de la megacausa Feced, el juez Bailaque dictó un nuevo procesamiento en relación a Zitelli como probable partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas, que tuvieran como víctimas a María del Carmen Sillato y Alberto Antonio Gómez. El magistrado también ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 100 mil pesos.
Testimonio. María del Carmen Sillato manifestó ante la Justicia que tras su secuestro en enero de 1977 fue llevada al SI. En lo concerniente al sacerdote, afirmó: "De mi paso por la Alcaidía lo que recuerdo es también la visita del cura Zitelli y yo le dije: «Padre, por favor allá en la otra punta, en el Servicio de Informaciones están torturando y matando gente, haga algo». Y él me dijo: «Piense en su alma, trate de salvar su alma», esas fueron sus palabras. Siempre lo he recordado porque yo vengo de una familia extremadamente religiosa y por lo tanto el cura siempre fue en mi imagen una persona de respeto, una persona honorable y eso me quedó grabado porque no podía entender cómo un sacerdote podía permitir tanto horror y decirme piense en usted misma, esa no es una conducta religiosa apropiada".
En sus considerandos, el auto de procesamiento dictado por Bailaque consigna que "Zitelli conocía cabalmente que en esas dependencias policiales las personas detenidas eran sometidas a torturas", que "estuvo presente en sesiones de torturas" y que "estaba compenetrado con la necesidad de torturar para así poder obtener información".
Las abogadas querellantes insistieron en reclamar la prisión efectiva del sacerdote, y recordaron el fallo de la Cámara de Casación, ratificado en abril pasado por la Corte Suprema, ordenando a la Cámara Federal de Rosario que revea la eximición de prisión con la cual había beneficiado al sacerdote. Pese a esto, Zitelli estuvo alojado en una casa de retiro eclesial de la ciudad de Casilda, y fuentes tribunalicias indicaron que actualmente se encuentra en una casa de la Legión de Cristo Rey, en Roldán.
Las abogadas Durruty y Pellegrini destacaron que "la responsabilidad de las cúpulas eclesiásticas en la represión ilegal comienza a cruzar la puerta del tribunal", y dijeron que "el rol de Zitelli fue muy importante en la patota (de Feced), los diferentes procesamientos dictados solo abarcan una parte de su accionar, solo a 16 de sus víctimas".
