"Estamos frente a un homicidio. En este hecho no hubo enfrentamiento ni se justifica la legítima defensa". Con esos conceptos contundentes el juez penal Carlos Leiva cerró una audiencia imputativa que se prolongó por más de seis horas y en la que se puso bajo la lupa el accionar de 18 agentes del Comando Radioeléctrico (CR) y de la Policía de Acción Táctica (PAT) que el pasado 23 de junio persiguieron y mataron a David Campos y Emanuel Medina en la zona sur de la ciudad en un claro caso de gatillo fácil que intentaron cerrar plantándoles armas y falsificando el acta de procedimiento.
En ese marco, el juez imputó por homicidio calificado a Alejandro Rubén B. (CR) mientras que a los otros 17, a pedido de los fiscales Adrián Spelta y Luis Schiappa Pietra les achacó el delito de encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del delito que encubre y por su carácter de funcionarios públicos en concurso real con falsedad ideológica. Esa figura alcanza a Daniela Carolina A., Germán Jesús M., Fernando Hernán V., Walter Marcelo O., Hugo Daniel B., Ricardo Daniel A., María de los Angeles R. y Paola Lorena C. (todos del CR); y a Marcelo Adolfo E., Alejandro Luis B., Leonel Emiliano M., Claudio Sebastián C., Leandro Javier C., Aldo Ricardo B., Alexis Iván T., Roxana María R. y Jesica Elisabet L. (todos ellos de la PAT).
Mientras los 13 hombres imputados quedaron en prisión, las cinco mujeres involucradas recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Para ello el juez Leiva tuvo en cuenta que una está embarazada, otra de ellas amamantado a su bebé y las tres restantes con hijos menores.
El doble homicidio de Campos y Medina imputado a los 18 jóvenes policías ocurrió el viernes 23 de junio pasado a las 11 de la mañana. El Volkswagen Up en el que viajaban las víctimas habría evadido un control vehicular en la zona de Grandoli y Lamadrid y fue perseguido por el sur rosarino y Villa Gobernador Gálvez hasta llegar a Callao al 5700. Allí una camioneta policial lo chocó de atrás y lo hizo estrellar contra un árbol. Tras ello el vehículo fue rodeado por los policías que, según testigos, dispararon sin piedad y ambos muchachos murieron baleados bajo proyectiles oficiales. Según las autopsias, Medina recibió al menos nueve tiros y Campos otros cinco.
A la hora de sentar sus evidencias, el fiscal Spelta presentó un power point por medio del cual reconstruyó la persecución de 28 minutos sobre el Volkswagen Up en el que iban las víctimas, luego registró por medio de los GPS de los patrulleros (tanto motos como autos) la hora en la que se fueron sumando a la persecución como el momento en que llegaron al lugar del doble crimen.
De esa manera y luego de poner sobre la mesa las distintas pericias hechas por gabinetes de la Policía Federal, el fiscal sostuvo que los disparos que terminaron con las vidas de Campos y Medina provinieron del arma reglamentaria del agente Alejandro Rubén B. , aunque hizo la salvedad de que aún faltan nuevas pericias y éstas podrían incriminar también a Marcelo Alejandro E. y Leonel Emiliano M., quien cubrió la acción desde una motocicleta.
Por otra parte el fiscal sostuvo que "había dos armas en el lugar, un 38 y un 32. El primero tenía cuatro balas en el tambor y dos de ellas percutadas, pero en los análisis se constató que esas balas no habían sido disparadas por ese revólver"; y abundó en que "se levantaron menos vainas de las que debería haber, se falseó el acta de procedimiento y se encubrió la acción".
En defensa propia
Las defensas respectivas sostuvieron que en el caso del imputado por homicidio "lo hizo en defensa propia" y en los otros casos argumentaron que "se presentaron espontáneamente" ante la Justicia y que por ello no sería acorde dictarles la prisión preventiva porque no implican riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación.
En su resolución, el juez Leiva manifestó que "según lo expresado en esta audiencia no aparece justificada la legítima defensa invocada por el principal imputado y por otro lado entiendo que no hubo enfrentamiento. Estamos frente a un homicidio".
Para la abogada Yaneris Agusti, quien lleva la mayoría de los casos, el juez resolvió a su entender. "Nosotras pedimos la libertad y en las pericias no se pudo participar. Evaluaremos si apelamos el fallo", dijo al concluir la audiencia que se cerró con aplausos y un grito de guerra: "¡Somos los azules! ¡Somos el Comando!"
