Germán Garavano trabaja en el Poder Judicial desde los 18 años. A los 25 se graduó de abogado en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), luego hizo postgrados en Madrid y el Reino Unido y el 10 de diciembre de 2015, a los 47 años y tras una dilatada trayectoria, fue designado por el presidente Mauricio Macri como Ministro de Justicia de la Nación. Entre sus proyectos está que los funcionarios judiciales paguen el controvertido impuesto a las ganancias (ver aparte), y arrastrado por los hechos de todos los días, apoya con fuerza la ley que cambiará los beneficios de salidas transitorias de los convictos que purgan penas por delitos graves.
En diálogo telefónico con La Capital, el ministro dijo que su objetivo es "cambiar estructuras sobre las que se asienta la actual política de Justicia". En ese marco Garavano, que este año maneja un presupuesto de 18.621 millones de pesos, estará el jueves en Santa Fe y Rosario para firmar convenios con su par provincial, Ricardo Silberstein. Pero antes del viaje, dejó algunos conceptos sobre los temas candentes de la Justicia.
Así Garavano se refirió a la controversia generada en torno a las salidas anticipadas de convictos penados por delitos graves, lo que tomó una gran difusión tras el crimen de Micaela García en la ciudad entrerriana de Gualeguay, hecho por el que fue detenido y confesó Sebastián Wagner, un joven condenado a 9 años de prisión por dos abusos sexuales y a quien un juez le otorgó salidas transitorias contrariando los informes del Servicio Penitenciario. "Los jueces ya no deben actuar por otro motivo que no sea el derecho. Tienen que analizar el caso concreto y determinar qué impacto tiene su decisión en víctimas y victimarios".
Mientras el Senado de la Nación comenzará el jueves a debatir el nuevo régimen de excarcelaciones a partir de una ley que tiene media sanción de Diputados y que endurece el sistema prohibiendo el régimen de semidetención o de salidas transitorias en imputados por delitos de homicidio, de índole sexual y robo con armas, Garavano dijo que apoya la reforma de la ley 24.660 (de ejecución de las penas). En ese sentido aventuró que "el Senado hará ajustes al proyecto aprobado en Diputados y creemos que se avanzará en la dirección correcta para que las víctimas tengan participación en el proceso de ejecución penal". Además, sostuvo que "hay que generar restricciones para casos de delitos gravísimos y que no se superpongan las salidas anticipadas con la libertad condicional y las salidas transitorias".
—La Justicia va cambiando y deja de lado el viejo sistema escrito por la oralidad, incluso hay lugares donde ya se impone el juicios por jurados. ¿Cómo ve esos cambios?
—Muy bien. En el sistema penal de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya se implementaron juicios por jurados. En algunos casos con seis personas y en otros con doce. Y se manejan dos tipos: los casos en que se juzga a una persona por un delito o cuando se lo hace a una organización delictiva.
—Uno de los temores ante ese tipo de juicio es la seguridad de los jurados, los elegidos para que asistan al juez en la sentencia.
—Gracias a Dios en la Argentina nuca hubo problemas de venganzas o acciones de amenazas graves a jueces y fiscales. Y hasta el momento, luego de decenas de juicios por jurados tampoco registramos este tipo de situaciones.
—¿Como se está trabajando en los casos de trata de personas?
—De una manera preventiva y con la fuerza cuando se cometió el delito. En lo preventivo por medio de programas de rescate. Se implementó el Consejo de Trata a nivel nacional y se potencian las redes de control de personas. No sólo hay que observarlo como trata sexual sino también como trata por condiciones laborales, casi de esclavitud. Pero lo importante es que los estados municipales y provinciales estén atentos, son los que operan en el terreno.
—¿Las pulseras para los detenidos en prisión domiciliaria o en los casos de violencia de género dan buen resultado?
—Si, pero son dos temas. El dispositivo utilizado en casos de violencia de género, que le avisa a la víctima y a la policía que el victimario está cerca del domicilio restringido, permite una acción más rápida de la policía; y en el caso de reos con prisión domiciliaria hay más de 2.500 con pulseras, lo que descongestionó las cárceles.
Por estas horas Garavano está abocado al proyecto "Justicia 2020", un plan de reforma del sistema judicial que incluye la unificación de los juzgados criminales y correccionales, una nueva ley del Ministerio Público Fiscal, el juzgamiento unipersonal para delitos menores y la creación de un fuero especial para el crimen organizado. El objetivo es equiparar la distribución del trabajo y agilizar los procesos en trámite. Esta semana en Rosario hablara de eso y firmará convenios de asistencia a Santa Fe.
