Diputados trata a fin de agosto el demorado Código Procesal Juvenil

El sistema de Justicia Penal Juvenil tiene hoy en toda la provincia a 250 chicos acusados de infractores. De estos, 60 están en situación de encierro en ámbitos como el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) y en la cárcel de Las Flores de Santa Fe. Los restantes se encuentran en programas de libertad asistida y en institutos de puertas abiertas. Una estadística del Poder Judicial de 2016 indica que en promedio ingresan 10.500 causas por año en los juzgados de menores de toda la provincia.

En Rosario la cifra de causas en ellos es de 4.400. De esa cantidad el 60 por ciento no se tramitan porque corresponden a menores no punibles (menos de 16 años) o a delitos que por su levedad no se llevan a juicio. En esta franja de casos interviene la subsecretaría de Niñez de la provincia y juzgados de familia.

"Pero entre el 35 y 40 por ciento restante no sabemos cómo termina el proceso al menor acusado", dice el secretario de Asuntos Penales, Lisandro Martínez Gorostiaga. "Hoy si un chico mató (un delito muy esporádico) es indagado y se lo transfiere al Irar. Pero no tenemos certezas sobre cómo abordarlo porque no sabemos cuánto tiempo va a estar. Tampoco hay un fiscal con una acción firme atrás de estos delitos. Ni una policía especial dado que la Policía de Asuntos Juveniles hoy sólo está para los traslados", indica el funcionario de Justicia.

De esas 4.400 causas tramitadas en Rosario, según fuentes del Ministerio de Justicia provincial, el 98 por ciento de los casos se extiende sin llegar a una sentencia. Esto es lo que sumerge a los trámites, hacia afuera, en una incertidumbre parecida al oscurantismo. Sólo se llega a sentencia de responsabilidad, dice Martínez Gorostiaga, en el 2 por ciento de los casos. La pena se impone recién cuando el acusado cumple los 18 años.

Oscuro e injusto

La demora provincial en adecuar el régimen de juicio de menores tiene efectos graves. La provincia está en riesgo permanente de ser sancionada por enjuiciar a jóvenes sin las garantías claras que tienen los mayores. Esto es, básicamente, un juez imparcial, por un lado, y un marco que brinde certezas sobre los plazos de encierro. El modelo que hoy rige en la provincia es inconstitucional dado que los menores de edad no son llevados a audiencias orales y públicas como los mayores de 18. El actual proceso es opaco porque es escrito, no hay real control de partes, el fiscal no está sobre las causas y no se ventilan en audiencias públicas lo que pasa en el proceso.

Otro aspecto disvalioso es que un mismo hecho en el que participen mayores y menores se sustancia en dos juicios distintos, uno para los mayores, y uno para los menores, lo que genera riesgos de sentencias contradictorias. Por ejemplo, como pasa en una trabada causa actual por el secuestro en 2014 a un comerciante chino en Rosario. Aquí se generó condena a los mayores y absolución a la menor que participó en el hecho, debido al discordante encuadre de los jueces que actuaron en uno y otro trámite.

Actualmente la comisión de Derechos y Garantías que preside la diputada provincial Alicia Gutiérrez tiene tres proyectos en análisis. Uno es el del Poder Ejecutivo, que recoge aportes diversos realizados por académicos y entidades de menores. Otro lo impulsó Leandro Busatto (PJ) y el restante Carlos del Frade (Frente Social y Popular). Lo que vislumbran distintos legisladores consultados es que, tras ser examinado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, llegaría al recinto el proyecto del Ejecutivo en base al voto mayoritario de las comisiones mencionadas.

Las diferencias

El proyecto del Ejecutivo busca una especialidad para adolescentes infractores. Establece que haya, tal como en el régimen de adultos, fiscales que investigan y acusan, por un lado, y defensores que defienden, por otro. Y que intervengan tres jueces distintos según las etapas del trámite. Uno especializado para la audiencia preliminar (con capacidad de decidir una libertad o intervenir en juicios abreviados). Luego un juez de juicio que no tiene que ser especializado porque solo examina los hechos, es decir, dirime si es culpable o inocente. Y un juez que define la condena —prisión o penas alternativas— que debe también ser especializado. Esto porque la situación especial del infractor, que es una persona en desarrollo, implica una regulación más corta de las penas.

Los tres proyectos legislativos en análisis comparten los siguientes aspectos que superan el actual esquema de juicio de menores:

u El fiscal de los casos investiga, ordena las pruebas a producir a la policia o al organismo de investigaciones y acusa para ir a juicio.

u El juez especializado responde a las peticiones de las partes y no investiga. Ademas le pone limites a las medidas cautelares hoy indefinidas. Por ejemplo, brinda prisión preventiva por 60 días. Este plazo específico permite diagramar el trabajo especializado para el chico en ámbitos como el Irar, por ejemplo, dado que no es lo mismo saber que un adolescente estará allí alojado por varios meses que asumir, por no tener información cierta, que puede irse en cualquier momento o al cumplir 18 años.

u La defensa es orgánica porque responde a un mismo jefe y permite contrarrestar los planteos cautelares o de prueba del fiscal. En el actual modelo el Procurador de la Corte es jefe tanto de los fiscales como de los defensores públicos.

u Todo se hace en audiencias orales y públicas y se pueden ver las peticiones de las partes.

u Habrá un equipo especializado a disposición de las partes para opinar sobre las consultas que se hagan o sugerir el diagrama de medidas durante el proceso penal.

Los proyectos de Del Frade y de Busatto, a diferencia del del Poder Ejecutivo, crean en la estructura del Ministerio Público de la Acusación (fiscalías) y de la Defensa Provincial unidades especiales con equipos de profesionales para asistencia.

El viernes. Los ministros Silberstein, de Justicia, y Alvarez, de Desarrollo Social, con chicos detenidos.