Misiones: Los porteros toman declaración a presos

Una investigación ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones reveló que empleados de maestranza en una localidad tomaba declaraciones y realizaba tareas de instrucción de causas ante la falta de personal.

El caso salió a la luz en el juzgado de Instrucción de Puerto Rico, localidad ubicada a unos 135 kilómetros al norte de Posadas, que se encuentra intervenido desde mediados de este año por la inacción del juez a cargo, Ector Acosta.

El magistrado está con licencia médica desde que el intendente de la localidad de Jardín América, Oscar Kornoski, lo acusara en un acto público de retardo en la administración de justicia y otras irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.

La fiscal Rosario Luna denunció luego a Acosta de connivencia con un abogado del foro local y el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones pidió que fuera sometido a un jurado de enjuiciamiento.

En ese contexto, el juez fue subrogado por Osvaldo Rubén Lunge, mientras que el máximo órgano de administración de justicia provincial encargó una investigación al camarista José Alberto López, cuya finalización está prevista para fines de mes.

Se fueron 30 empleados. De acuerdo con fuentes extraoficiales, el juzgado de Puerto Rico cuenta con una plantilla de personal reducida y con escasa experiencia, dado que unos 30 empleados judiciales que cumplían tareas en ese ámbito pidieron el traslado en disconformidad con la metodología de trabajo de Acosta. En un detalle minucioso de la situación, se supo que solamente trabajan dos secretarios, razón por la cual en ciertas circunstancias "son los ordenanzas (personal de maestranza) los encargados de tomar declaraciones a imputados y testigos, además de instruir las causas", dijeron.

A esa irregularidad añadieron la tramitación de expedientes con excesiva morosidad, "razón por la que innumerables causas prescribieron por inacción del juez, notificaciones defectuosas y medidas adoptadas sin la intervención de la fiscalía".

Las mismas fuentes dijeron que tanto el juez subrogante Lunge como el camarista López confirmaron que el plantel de instructores está compuesto por cuatro empleados designados al efecto y al menos cuatro ordenanzas que desempeñan esa tarea, pero sin el aval del magistrado a cargo.