Un trabajo lento con la constante supervisión de la presión social

"En materia de seguridad el trabajo es lento. Además, mostrar estadísticas no sirve de nada porque en un día todo puede cambiar", admiten funcionarios del gobierno municipal en medio de una tarde ajetreada. En la puerta del Palacio de los Leones un operario está colgando un cartel con la inscripción "Señores jueces, nunca más". Adentro, todos se preparan para participar del acto en repudio al cuestionado fallo de la Corte que aplicó el dos por uno a un condenado por crímenes de lesa humanidad.

   Sobre el escritorio se desgranan conceptos que hasta no muchos años no se acuñaban en la esfera municipal. La seguridad siempre fue incumbencia de la provincia, hasta que el pico de 225 homicidios registrados en 2013 empezó a cambiar algunas estrategias de abordaje de políticas sociales.

   En rigor, admiten las fuentes, en 2010 el hecho de que los heridos de arma de fuego superaran a las víctimas de accidentes de tránsito ya había encendido alertas y empezado a cambiar paradigmas.

   De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, se entiende por esta palabra a la teoría o conjunto de las mismas cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento.

   Por esos días se aceptaba sin cuestionar que el municipio no debía introducirse en problemáticas relacionadas con la seguridad. En los hospitales el médico curaba heridas y no tenía en cuenta los contextos sociales, y en los barrios se abrían calles sin analizar que habría economías delictivas que podría beneficiarse indirectamente con esa obra, sólo por citar algunos ejemplos.

   El cambio de paradigma se aceleró el 25 de agosto del año pasado, cuando miles de personas salieron a las calles a reclamar seguridad en el marco de una serie de crímenes resonantes que pusieron de pie a toda la sociedad.

   Casi como efecto espasmódico llegó la emergencia en seguridad, que le permitió al municipio disponer de mayores recursos para dirigirlos a la compra de equipamientos relacionados a las áreas de Control, pero también a la iluminación de calles, apertura de las mismas y generación de lo que se denominó "entornos más seguros".

   No obstante, el trabajo había empezado dos años antes. Ya en 2014 la puesta en marcha del nuevo sistema penal en la provincia, con la participación de fiscales al frente de las investigaciones criminales, cambiaba otro paradigma. La policía dejaba de llevar adelante por sí las investigaciones y ahora al frente estaba el fiscal.

El derrotero de los cambios    

La aparición de estos funcionarios y la implementación de una mesa de coordinación en la que trabajan el Ministerio Público de la Acusación, el municipio y el Ministerio de Seguridad permitió empezar a abordar de un modo coordinado varias problemáticas.

   "Los médicos entendieron que muchos pacientes no se podían ir de alta cuando sanaban las heridas. Hay todo un contexto sociológico que debía tenerse en cuenta antes", explican los especialistas. En palabras claras: había jóvenes que si volvían al barrio seguramente serían blanco de venganzas o ellos mismos intentarían vengarse por haber sido atacados. Ergo: un espiral sin fin con más violencia, heridos y muertes.

   Detrás del estudio de ese contexto hay mucha gente trabajando. En silencio. Plasmando una nueva forma de abordaje que sin dudas se tuvo que adaptar a los tiempos que corren.

   "La vida cotidiana tiene violencia. Esto tiene una vinculación con las economías delictivas. Los más afectados por esta realidad son jóvenes de entre 19 y 24 años que pueblan sectores urbanos donde hay grandes desigualdades sociales", confían los operadores territoriales.

   Estos análisis permitieron trazar políticas sociales direccionadas a esa franja etaria. Primero se la identificó, luego se la fue a buscar y hoy el objetivo es, admiten los mismos operadores, conseguir que se reinserten en la sociedad. De allí que en las últimas horas hubo gestiones desde las más altas esferas de los gobiernos local y provincial para que sectores empresarios empleen a jóvenes que se están capacitando en el marco del programa Nueva Oportunidad, un plan que forma en oficios a pibes de barrios con alta vulnerabilidad social, y que este año aspira a llegar a unos 3 mil.

   Como lo remarcan quienes tienen a su cargo estas áreas, "el trabajo es lento" y las estadísticas en materia de seguridad no alcanzan. No obstante, los datos duros muestran hoy que los heridos por arma de fuego en Rosario descendieron un 36,6% si se compara abril del año pasado con el mismo mes de este año. Otro dato duro es que también descendió la letalidad de las heridas.

   En cuanto a homicidios, del pico de 225 en 2013 se descendió a 156 el año pasado. Sin dudas se trata de cifras sensibles que no sirven de nada para cicatrizar el inmenso dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos.

   Hay factores que se han conjugado para imprimir cambios en este tipo de políticas. Entre ellos, el masivo reclamo social fue determinante, pero también la capacidad de entender que las áreas estatales vinculadas a las problemáticas sociales y de seguridad no debían ser compartimientos estancos.

   Como se ve, la violencia cambia paradigmas, pero la presión social acelera todavía más esas transformaciones.