Esperan el fallo para controlar el ingreso del mejillón dorado al río

La Sala B de la Cámara Federal deberá fallar en poco tiempo respecto a una causa donde se investiga la contaminación del río Paraná por mejillones de agua dulce que traen los buques transoceánicos desde China, un expediente impulsado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate desde el año 2013.

Zárate presentó hace tres años un amparo ambiental colectivo para que la Justicia investigue las causas de la contaminación por bivalvos constatada en la cuenca del Paraná por diferentes estudios, y para exigir que se vuelvan efectivos los controles y las sanciones que debe llevar adelante el Estado en esos buques para evitar la introducción de especies exóticas a los ecosistemas locales.

Los mejillones dorados son originario de arroyos y ríos de China y llegaron a estas costas en las bodegas de los barcos cerealeros. La especie fue registrada por primera vez en el Río de la Plata en 1991, y en la llanura aluvial del río Paraná medio desde 1996.

Para ponerle un freno a esta invasión biológica, el amparo presentado por Zárate exige que la Prefectura controle cada uno de los barcos que surcan el Paraná hacia las terminales de granos que funcionan en el Gran Rosario para constatar si el agua de lastre que traen fue "limpiada" según estipula la ley (a 200 millas de la costa en aguas de al menos 200 metros de profundidad), lo que evitaría este tipo de contaminación.

También debe controlarse que cada buque lleve a bordo un plan de gestión de aguas de lastre que incluya un registro con todos los movimientos al respecto.

Sin embargo, para Zárate esto no se cumple: "Se ha demostrado que sólo una pequeña proporción de buques son inspeccionados. En 2012 ingresaron 2.500 y se revisaron 290, y en 2013 ingresaron 3.889 y se revisó una pequeña proporción", denunció en base a datos suministrados por la propia Prefectura.

"Se trata de una especie de agua dulce que destruye la fauna ictícola y que al no tener predadores naturales avanza sin límites", explicó el abogado, quien agregó que además de los daños ambientales se trata de una especie que al adherirse con facilidad a estructuras de metal "obstruye cañerías y tomas de agua generando pérdidas millonarias".

En el año 2014, el Congreso de la Nación dictó una ley según la cual Argentina adopta las normativas de gestión y control de agua de lastre estipuladas en el Convenio de Londres (2004). Allí se estipula que las aguas de lastre deben renovarse 200 millas antes de ingresar al Río de la Plata (a la altura de La Paloma en Uruguay), con un límite máximo de 50 millas en caso de inconvenientes extraordinarios.

Sin embargo, en la sentencia de primera instancia de noviembre del año pasado la jueza Sylvia Aramberri estimó que al existir una ley al respecto el amparo no tenía sentido. Zárate, sin embargo, apeló esa sentencia al considerar que el problema no era si existía o no una ley, si no la falta de cumplimiento de la misma.

"El conflicto persiste ya que no se realiza control barco por barco como estipula la ley", dijo el experto, para quien el tema es clave en esta región ya que en la zona se concentran casi cuatro decenas de muelles cerealeros.

Tras la apelación el expediente pasó a la Cámara, que ahora tiene el tema en estudio y que debería dar a conocer una decisión en muy poco tiempo: "es fundamental que tanto la población como el poder judicial ponga esmero y cuidado en este tema porque es de interés general", dijo Zárate.